Dr. Miguel Angel Rodríguez Echeverría

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Cada vez que en un país se abren posibilidades para tener más alternativas se aumenta su riqueza, expresó Miguel Ángel Rodríguez Echeverría


Escrito por CGCS

Miguel Angel Rodriguez Echeverria (Foto: ElGolfo.infoEn entrevista durante los trabajos de la Iniciativa Cuenca del Atlántico, el político saludó las reformas impulsadas por el Presidente Enrique Peña Nieto, especialmente la energética. “Creo que cada vez que en un país se abren posibilidades para tener más alternativas se aumenta su riqueza; cuando hay más puertas por las cuales escoger por dónde pasar, estamos mejor que cuando sólo teníamos un sendero”.

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Disyuntivas
 


La iniciativa del gobierno de colocar más deuda externa provoca posiciones encontradas, incluso entre las cámaras empresariales.
A exportadores les preocupa que un mayor ingreso de dólares origine una sobrevaluación del colón que afectaría su rentabilidad. Otros sectores productivos temen que si no se coloca deuda externa las tasas de interés locales crezcan aún más por la competencia del gobierno captando ahorro para financiar su déficit.

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Jorge Guardia abogado-economista Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. 12:00 a.m. 24/07/2012

Leí con interés la columna de Miguel Ángel Rodríguez ayer, en La República, intitulada Disyuntivas. Me pareció muy interesante. Su objetivo es “plantear, discutir, buscar, oír ventajas y desventajas de diferentes alternativas” para contribuir a la discusión de los grandes temas nacionales. Nos mueve la misma motivación. Y desde ahora le damos la bienvenida al círculo de periodistas de opinión.

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Dios nos hizo a su imagen y semejanza, y por eso... libres. Libertad sin escogencia no es libertad. Estamos condenados a escoger, y al hacerlo tropezamos con alternativas.

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Democracia, parlamento, opinión y bienestar
Articulo publicado en Surco
http://revistasurco.org/archivo/archivo_htm/015_ETE_htm_miguel_rodriguez.htm
Nota: Este artículo inserta algunos párrafos de anteriores escritos del autor.
Introducción
Cuando celebrábamos el centenario de la democracia costarricense en 1989 escribí: “Hayek en Los Fundamentos de la Libertad insinúa una definición de democracia que me parece muy adecuada y rica en consecuencias. Señala: “la democracia  por encima de todo es un proceso de formación de opinión” De lo anterior podemos derivar que la democracia es un sistema  de discusión libre e inteligente para llegar a decisiones por la regla de la mayoría (Miguel Angel Rodríguez, “Democracia Participativa y Libertad” en Democracia Costarricense Pasado, Presente, Futuro, Chester Zelaya Editor, Editorial UNED, San José 1990, pag. 191, cita a Friederich Hayek, Los Fundamentos de la Libertad,  Fundación Ignacio Villalonga, 1961 Tomo i, pag 211) ” Por eso escribir sobre el parlamento y el debate político es, a mi entender, escribir sobre la esencia de la democracia. Y  acepté entusiasmado la invitación de Surco.
Es preciso enmarcar el temas, sin embargo,  en el contexto histórico del desencanto democrático que desde hace ya bastantes años vivimos de manera más marcada  las sociedades latinoamericanas (Sobre este punto Miguel Ángel Rodríguez, “Democracia en América Latina: realizaciones, consecuencias, perspectivas  en Dialogo Político, 41 2009 pag 83-121, Konrad Adenauer Stitfung, Buenos Aires, 2009). Los cambios de las políticas públicas en los ochenta y noventa que hemos llamado Consenso de Washington y que nos han permitido soportar mejor que nunca antes la crisis financiera mundial, se dieron simultáneamente con la migración  hacia la democracia de los gobiernos dictatoriales que predominaron en el pasado reciente de Latinoamérica. ¡Qué bueno! Con democracia, la aspiración de vivir en libertad, con respeto a los derechos humanos y de alcanzar progreso material se veía muy próxima a materializarse. ¡Qué difícil! Con democracia debemos convencer sobre la bondad de los cambios y los avances necesariamente requieren tiempo lo cual causa angustia y frustración.
Es irónico –y ciertamente nadie lo preveía cuando cayó el Muro de Berlín– que precisamente cuando el sistema democrático cobija a más pueblos que nunca, este sea puesto en cuestión por sus propios beneficiarios. Cuando se cree erróneamente que la adopción de la democracia asegura la solución de los problemas, se olvida que el cambio del sistema político es la modificación del mecanismo de toma de decisiones y no una solución en sí.
Se cayó en la trampa del encantamiento (“obrar maravillas por medio de  formulas  y palabras mágicas…” primera acepción DRAL), y por ello hemos tenido que sufrir el desencanto de la democracia. Se creyó, llevados por el realismo mágico que se niega a quedarse en la belleza de nuestras novelas y salta a hacer estragos en la vida real de las sociedades, que alcanzado el instrumento para la toma de decisiones en paz, con debate inteligente y por la regla de la mayoría (como si pudiésemos conocer como concitar las coaliciones de intereses mejores para el bien común) ; se aseguraba que automáticamente se tomarían las mejores decisiones (como si en nuestra radical ignorancia las pudiésemos conocer), y que además se aplicarían de forma perfecta (como si en nuestra imperfecta, aún cuando perfectible, naturaleza fuese posible tal cosa).
Y claro vino el desencanto… que tampoco es solución.
En busca de soluciones
Sin duda es un grave problema, en nuestro caso, la dificultad manifiesta para la toma de decisiones trascendentales para el país, y no podemos rehuir la búsqueda de una solución ni buscar respuestas mágicas.
No es ni el superhombre, ni la supermujer, ni la conversión interna de los líderes, ni la sustitución de los instrumentos políticos por la definición mediática o la élite académica, ni el conjuro de una constituyente lo que nos va a aportar las soluciones. Las soluciones debemos construirlas con nuestras ignorancias y limitaciones, teniendo siempre presente que las instituciones estarán integradas y administradas por personas de carne y hueso, con flaquezas y grandezas, con virtudes y con vicios. Y debemos generarlas a partir de propuestas concretas y pragmáticas, no de simples generalizaciones e idealizaciones, atreviéndonos a someter nuestras mejores ideas, “bien rumiadas y digeridas”, a la crítica ácida del escrutinio racional.
En esa tarea resulta indispensable promover, como esta edición de Surco lo hace, el debate profundo, analítico, serio, ponderado, que vaya a los hechos  y busque de la mejor manera prever las consecuencias de los cambios propuestos y la adopción de acuerdos parlamentarios concretos.
En 1987, hace 25 años ya,  presenté  reformas constitucionales para crear la carrera parlamentaria y para modificar la forma de seleccionar a los diputados con el propósito de garantizar mejor representatividad, una conformación balanceada que no fuera solo localista,  y defender la necesaria proporcionalidad de los representantes.  Con ese fin se propuso votar por dos listas, una de carácter nacional que eligiera un tercio de los congresistas, para elegir diputados que conformaran  una especie de gabinetes legislativos de gobierno y oposición, y otra por distritos legislativos de similar población electoral que eligiesen dos diputados cada uno. Además se incluía la posibilidad de la reelección sucesiva hasta por cuatro períodos de los diputados. Esta reforma nos habría dado una Asamblea Legislativa mucho más representativa, mejor balanceada, y con mayor posibilidad de alcanzar acuerdos.
Posteriormente, ya en función parlamentaria en el período 1990-1994, presenté proyectos para variar la forma de selección de los magistrados, para introducir el referéndum y para fortalecer la descentralización municipal. Ejerciendo  la Presidencia de la Asamblea Legislativa integré un grupo de diputados y diputadas de los distintos partidos que nos reuníamos, después de sesiones, para tratar de avanzar en la construcción de un acuerdo de cambios constitucionales incluyendo los del poder legislativo presentado que había desde antes (los cuales acabo de señalar) y las garantías económicas que también había introducido antes de ser diputado. Todo destinado a mejorar la eficiencia y trasparencia en la toma de decisiones  gubernamentales. Desdichadamente no se logró un acuerdo global, y solo después,  ya durante mi periodo presidencial se aprobaron las de referéndum y fortalecimiento municipal, y posteriormente la elección de magistrados por mayoría calificada.
En esa misma línea de cambios y acciones para una mayor representatividad, en el período 1994-1998 impulsé que el PUSC adoptara, con la Carta Socialcristiana a Costa Rica, reglas de acción afirmativa para garantizar un mínimo de 40% de representación de mujeres en los órganos colegiados del partido y en sus propuestas electorales para la Asamblea Legislativa y los Consejos Municipales, que fueron luego introducidas a la legislación nacional.
Ya en el gobierno, en el Mensaje a La Nación del 1° de mayo de 2001, presentamos las ideas de una reforma política para mejorar los equilibrios entre Ejecutivo y Legislativo, someter al primero al voto del segundo y éste al voto de los ciudadanos, y responder a la nueva realidad partidaria que en aquella época iniciaba Costa Rica y que ahora se refleja en un creciente multipartidismo.
Acto seguido solicité a un grupo de distinguidos juristas y politólogos preparar la propuesta de reforma constitucional que en noviembre de ese año se presentó a la Asamblea Legislativa. Esa comisión fue presidida por el Dr. Rodolfo Piza Rocafort quien redactó el documento final  y de ella formaron  parte, Farid Beirute Brenes, Procurador General Adjunto, Carlos Vargas Pagán, Diputado a la Asamblea Legislativa y los señores José Miguel Villalobos Umaña, Constantino Urcuyo Fournier y Rodolfo Saborío Valverde. El proyecto fue introducido a la corriente parlamentaria con el nombre: “Reforma al sistema político costarricense para alcanzar mayor responsabilidad y gobernabilidad democrática” bajo el expediente Nº 14.588.
Falta de oportuna respuesta a un cambio urgente.
Pero no se había avanzado en esa propuesta en los cambios al poder legislativo para introducir reelección y carrera parlamentaria y  para elegir diputados nacionales y representantes de distritos legislativos y así resolver el desbalance en la representatividad (los habitantes de algunos cantones tienen mucha representación y los de otros no tienen ninguna), la falta de suficientes diputados vinculados con problemas e intereses nacionales y la falta de funcionalidad de ese poder. En este sentido, debemos tener presente que el modelo presidencialista recogido en la Constitución Política de1949, funcionó bien bajo las condiciones prevalecientes durante la mayor parte del último medio siglo, logrando una vigencia efectiva de los derechos fundamentales y un importante grado de desarrollo humano, pero como resultado del inmovilismo político y la parálisis administrativa y de los cambios en la sociedad y en la naturaleza de la política, el modelo ha ido perdiendo la aprobación generalizada que tuvo, generando  una insuficiente gobernabilidad democrática.
La principal causa de ese inmovilismo es atribuible a la excesiva dificultad de la Asamblea Legislativa para conocer y resolver con razonable prontitud los proyectos de ley atinentes a los grandes temas de interés nacional. Esto se debe a que usualmente se ejerce una oposición incapaz de distinguir entre lo accesorio y lo sustantivo para el progreso del país, lo cual se acentúa por no tener costo político; así como a un reglamento interior adoptado a principios de los ochenta del siglo XX, que virtualmente institucionaliza la dictadura de las minorías, al ir más allá del lógico resguardo de sus derechos legítimos y concederles la potestad de impedir que se voten los asuntos o postergarlos para las calendas griegas.
La profunda revaloración de lo humano que es propia de la nueva época, al poner el acento en el conocimiento, la innovación, la creatividad, características intrínsecas de la persona libre, ha impactado también la dimensión política del modelo de desarrollo. Los ciudadanos reclaman su papel en el diseño y gestión de los asuntos públicos y no se limitan a transferirlo a las organizaciones político-partidistas, como antes. Una primera consecuencia de esa transición es la inconformidad con el sistema, pues al haber mayor espíritu crítico, participación y pragmatismo, así como más exigencia de calidad en los servicios cotidianos y menor fe ciega en ideologías cerradas y completas se genera mayor escepticismo e inconformidad.
Claro es, además, que estos cambios del sistema político y de su percepción por los ciudadanos tienen que ver con la vorágine de las trasformaciones del sistema productivo que se refleja en la volatilidad de los flujos de capital, el avance tecnológico y la mayor flexibilidad de las relaciones laborales, entre otros aspectos. Y también hay un poco de contradicción profundamente humana, en el hecho de que los mayores conocimientos y pragmatismo conlleven una menor capacidad de convivir con los nunca deseables frutos de la ignorancia y las debilidades intrínsecas al ser humano.
Pero, en sus aspectos más positivos ese efecto también está vinculado a la capacidad de la democracia para adaptarse a las nuevas necesidades sociales, mediante avances paulatinos. Porque saben que el sistema democrático puede y debe ser mejorado, los pueblos en todo el planeta demandan transformaciones que permitan a las instituciones democráticas responder de mejor manera a las necesidades actuales.
Dos son, sin lugar a dudas, las principales demandas que se plantean para enriquecer y profundizar la democracia: por una parte, mayor participación de la ciudadanía y sus organizaciones voluntarias en el análisis y toma de decisiones; y por otra parte una mayor efectividad de las instituciones para responder a las necesidades cotidianas de las personas y de las familias, es decir a los retos de cotidianeidad.
Como expresé , ante distinguidos líderes de Latinoamérica y Europa, en Chile en la reunión de ODCA del año 2000“los crecientes anhelos de mayor participación ciudadana en los diversos procesos de toma de decisiones esenciales para la vida en sociedad, cualesquiera que éstos sean, y la cada vez mayor fortaleza de los organismos del voluntariado, han transformado para siempre, por otra parte, a la política misma, tanto si se la entiende en su más alta acepción como si se examina lo relativo a sus mecanismos”, por lo que resultan imperativas las transformaciones institucionales para que el sistema democrático responda adecuadamente a esa nueva realidad.
La sociedad civil hoy día necesita, demanda y obtiene más y mejores mecanismos de participación ciudadana, a fin de plasmar ese proyecto de futuro compartido que representa toda sociedad para sus integrantes.
Ello indudablemente contribuye a enriquecer y profundizar el sistema democrático, pues a medida que los indispensables mecanismos de representación van siendo complementados con los de participación, la sociedad tiene mayor capacidad de convertirse en un proyecto incluyente, que brinde respuestas apropiadas a los legítimos anhelos y necesidades de todos los grupos sociales. Claro que esto no es una receta mágica ni puede reemplazar los mecanismos de construcción de soluciones de la democracia representativa. Es necesario recordar siempre las limitaciones que nos  imponen la ignorancia y la escasez, y tener presente que la experiencia y la especialización también constituyen ventajas en el área de las acciones públicas. Además, es imprescindible dejar espacios amplios abiertos a la discusión, el debate y la construcción de acuerdos.
De una parte, no cabe duda que cuando las personas en la sociedad pueden expresarse más intensamente y compartir más directamente aumenta la posibilidad de utilizar el conocimiento difuso e inarticulado que es parte muy importante del acervo humano. Por otra, no debemos caer en la candidez de olvidar las posibilidades de los grupos de presión de organizarse para manipular las formaciones más espontáneas y primarias de la opinión pública, lo cual demanda sistemas que den responsabilidad y trasparencia a las participaciones públicas. Se trata, pues, de mantener un delicado equilibrio entre representación y participación.
La segunda gran demanda de transformación del sistema democrático, como ya he señalado,  proviene de la necesidad de asegurar que éste proporcione soluciones efectivas para la cotidianeidad de las personas.
Al fin y al cabo,  como inicié indicando, la democracia no es un fin en sí misma, sino que debe estar al servicio del bien común.
Las personas, las familias, la sociedad como un todo, requieren que la acción pública sea capaz de llevar a la adopción de medidas que contribuyan a elevar sus niveles de vida y les brinden mayor bienestar. La demanda política de la ciudadanía se centra hoy en los pragmatismos de la vida diaria y ha dejado atrás las ideologías con aspiraciones de cubrir, en forma cerrada y definitiva, la totalidad de las aspiraciones de la vida social.
Para ser capaces de responder adecuadamente a las legítimas expectativas y esperanzas de las personas, creando tanto un horizonte de esperanza como una cotidianeidad mejor, es necesario enfocar la acción pública de tal modo que la consideración de la persona y el bien común sean siempre el leit motiv de las decisiones que se adopten. Esto no significa, por supuesto, que sea posible atender, y menos aún resolver, los requerimientos específicos de todas y cada una de las personas, como –en ejercicio del “realismo mágico” en la política– pretenden las visiones populistas sobre las cuales recae la terrible responsabilidad de haber sumido en la pobreza a millones de latinoamericanos, a los que hoy  podrían volver a “engolosinar”. Pero sí significa que la acción política debe guiarse por una ética de la libertad y la responsabilidad que es su correlato, y estar siempre sustentada en la consideración del bien común y en la búsqueda constante y consciente de la equidad, aún cuando esto sea tan difícil de especificar y, más aún, de ejecutar.
Y también es menester que la búsqueda de la equidad no se convierta en excusa para conculcar la libertad y tratar de imponer a los demás nuestra propia, y arbitraria, visión.
Al contrario, la búsqueda de la equidad debe partir de un compromiso personal de fomentar la solidaridad y la fraternidad, en un marco de ejercicio responsable de la libertad, mediante la promoción de cambios institucionales que permitan a todos beneficiarse de las oportunidades creadas.
Por otra parte, como ya mencioné,  desde antes de 2001 se dibujaba ya el cambio del bipartidismo que caracterizó la vigencia de nuestro presidencialismo, hacia una realidad pluripartidista en la cual es difícil formar gobiernos con mayoría parlamentaria de un solo partido. Esto justifica aún más el profundo cambio político que propuse hace más de una década y al cual lamentablemente no se ha dedicado una discusión seria y rigurosa.
Una propuesta de solución
Hoy es más evidente la necesidad de analizar profundamente a ese planteamiento,  que es el más ambicioso y trascendente proyecto de reforma política de los últimos años en el país. Ambicioso, sí, pero equilibrado también, porque no se trata de proclamar la bancarrota del sistema prevaleciente, cuyos logros son ampliamente reconocidos nacional e internacionalmente, sino de mejorar y potenciar su funcionamiento, a fin de asegurar que pueda hacer frente a las nuevas necesidades.
Así, conciliando equilibrio con transformación, esa propuesta contempló incorporar elementos de democracia directa, pero sin renunciar a la democracia representativa. Por ello acuerpó la adopción del referendo –que como diputado había planteado en otros proyectos, que mi Administración siempre promovió en la Asamblea Legislativa y que ya fue aprobada– para permitir al pueblo el ejercicio de la democracia directa en relación con leyes vigentes, con proyectos de ley o con contratos del Estado.  También se propuso ajustar la conformación legislativa para elevar la calidad, representatividad, responsabilidad y operatividad de nuestra Asamblea Legislativa, pues sin ello difícilmente se avanzará en el camino de la gobernabilidad democrática, recogiendo así la propuesta mencionada que había desde 1987.
Para elevar la calidad, como ya mencioné, también se planteó incorporar un grupo de diputados por lista nacional, que no responderían a una zona electoral, y permitir así a los electores escoger entre los candidatos de las listas propuestas en sus pequeñas jurisdicciones. En la representatividad nacional incidiría la lista citada, al dar más oportunidad a los partidos emergentes de obtener diputados, y en la territorial sería clave la adopción de distritos electorales legislativos dentro de las provincias, pero sin que se constituyan distritos uninominales para no afectar la representatividad proporcional de los distintos partidos políticos. Además, las disposiciones relativas a los plazos para votar los proyectos de ley, al quórum, a la carrera parlamentaria y a la posibilidad de elecciones anticipadas, garantizarían que el mayor número de diputados no afectara la gobernabilidad democrática.La responsabilidad legislativa se impulsaría posibilitando la carrera parlamentaria –dado que hoy no se permite la reelección consecutiva– y las elecciones anticipadas, de manera que se evite el ejercicio irresponsable de la censura política o la inactividad legislativa, sin las contrapartidas democráticas necesarias. Ambos mecanismos y la potestad de censura al Gabinete, por su parte, evitarían que el Legislativo se sienta desligado de la responsabilidad o irresponsabilidad del Gobierno. La existencia del referendo, además, ayudaría a garantizar esa función, porque permite al pueblo refrenar los excesos legislativos, o del Ejecutivo, y compensar su eventual inactividad.
En cuanto a la operatividad, la propuesta en comentario impulsó el establecimiento de un plazo para votar determinados proyectos de ley y la reducción del quórum legislativo. Ambos mecanismos se dirigían a disminuir los efectos de la obstrucción deliberada del Congreso, que lleva a impedir que los proyectos se voten en plazo razonable, mediante el uso y abuso del reglamento legislativo; pero sin impedir el ejercicio responsable de la oposición y garantizando a las fracciones minoritarias su participación en la decisión.
Asimismo, la reforma propuso ajustar y preservar el modelo presidencialista, adoptando elementos del sistema parlamentario. De éste se tomaron aspectos como la censura vinculante de Ministros, individual y colectiva; la interpelación al Gobierno, por medio del Ministro de la Presidencia, que sería Ministro coordinador pero nombrado y removido por el Presidente; y, eventualmente, las elecciones anticipadas del Parlamento, en caso de censura al Gabinete en pleno. Pero no se renunciaría al sistema presidencialista: el Presidente de la República, seguiría siendo Jefe de Estado y de Gobierno, con la concurrencia del Ministro competente para conformar el Poder Ejecutivo, de acuerdo a las reglas vigentes; y además seguiría nombrando y removiendo discrecionalmente a los ministros, aunque estaría obligado a destituirles si se diera la censura legislativa.
Consecuencia lógica de esto, sería la incorporación de mecanismos de responsabilidad del Ejecutivo frente al Legislativo, como la ya mencionada figura de la censura vinculante de los Ministros y jerarcas en particular y del Gobierno o del gabinete en general.
La figura del Presidente quedaría al margen de la censura, como corresponde a un régimen presidencialista o semipresidencialista, pero al censurarle a sus ministros o jerarcas se le limitaría en el ejercicio de sus funciones, cuando se haya excedido en éste a juicio de una mayoría calificada del Parlamento.
En caso de censura general del Gabinete, el Presidente tendría dos opciones: nombrar nuevos ministros que previsiblemente no vayan a ser censurados por la Asamblea Legislativa, es decir aceptables para la mayoría legislativa; o llamar a elecciones parlamentarias anticipadas, excepto que no haya transcurrido un año desde la última elección o falte menos de un año para la elección general ordinaria, y después de éstas el Gabinete a nombrar sería previsiblemente compatible con la mayoría legislativa resultante, para evitar una nueva censura.
Para conservar el equilibrio, también se propusieron mecanismos de responsabilidad de la Asamblea Legislativa frente a la sociedad. A ese objetivo estarían dirigidos el referendo y la posibilidad de elecciones anticipadas de la Asamblea Legislativa, como contrapartida necesaria a la censura general del gabinete o al rechazo de proyectos legislativos esenciales del Ejecutivo.
Donde el ejercicio de la censura política se ha establecido sin su contrapartida política natural –posibilidad de elecciones anticipadas– la censura legislativa se ha convertido en fuente de ingobernabilidad o de irresponsabilidad legislativa. La posibilidad de las elecciones anticipadas y la eventual pérdida de su curul, actúa como mecanismo de responsabilidad de los diputados en el ejercicio de sus funciones, ayuda a conformar mayorías legislativas más estables y a rendir cuentas respecto de sus actuaciones y del curso del Gobierno. Al mismo tiempo, evita gobiernos impopulares y los consecuentes períodos de  ingobernabilidad. La propuesta contempló que en caso de elecciones anticipadas, el Parlamento y el Gabinete seguirían funcionando hasta su efectiva sustitución y que los diputados serían electos por el resto del período legislativo, para no modificar los tiempos ordinarios de elección presidencial y legislativa.
La interacción y complementariedad entre las reformas que se propusieron permitían minimizar los riesgos de ingobernabilidad, como resultado de los plazos y los mecanismos señalados para el ejercicio de las competencias de censura legislativa, elecciones anticipadas, votación de proyectos de ley, referéndum, quórum, discusión de los proyectos de censura de ministros o del gabinete y sustitución de autoridades.
Al mismo tiempo, permitían prever mayor gobernabilidad democrática.
Un Presidente con apoyo popular podría impulsar una tarea de gobierno y una legislación que introduzcan los cambios necesarios. Su liderazgo se ejercitaría en llevar adelante sus proyectos y no se desgastaría en lograr la mera operación del sistema. Un Presidente sin apoyo popular encontraría más límites para el ejercicio de sus funciones, pero en eso consiste también la democracia. Se evitaría, además, la judicialización del debate político, como lamentablemente ha sucedido en los últimos años en nuestro país, y se trasladaría a su seno natural: la Asamblea Legislativa. Y ésta ganaría potestades pero también asumiría nuevas responsabilidades ante los ciudadanos.
La democracia supone la existencia y operación efectiva de los mecanismos de defensa de las minorías, pero también, concomitántemente, de los mecanismos que le permitan gobernar a la mayoría y a sus representantes electos: el Presidente de la República y la mayoría legislativa. El equilibrio no debe perderse nunca. La profunda reforma política que planteamos para romper la tendencia al inmovilismo político, conservaba ese equilibrio.
Con un esquema como el propuesto, la mayoría podría, en efecto, gobernar: impulsar sus compromisos con los ciudadanos y llevarlos adelante en un plazo razonable. Al mismo tiempo, las minorías ganarían espacios para el ejercicio responsable de la oposición y el control políticos. Para ello contarían, además, con los mecanismos vigentes en nuestro sistema y que les otorgan tantas garantías como cualquier otro conocido: la Sala Constitucional para garantizar sus derechos y los de todos, la Defensoría de los Habitantes para levantar la voz en defensa de esos derechos, la Contraloría General de la República para garantizar la legalidad presupuestaria y contractual del Estado, el Servicio Civil y las reglas del servicio público para garantizar la estabilidad de los funcionarios, los tribunales de justicia para reprimir los excesos y enmendar los entuertos.
Idealmente estos cambios debimos haberlos ido aprobando paulatinamente, para dejar que su uso los fuera engarzando en el resto de nuestra institucionalidad, y así gradualmente pudiésemos haber ido constatando su eficiencia y equidad. Nuestra radical ignorancia hace preferibles los cambios marginales y graduales, y no las inmensas construcciones de una utópica ingeniería social. Si así se hubiese procedido, creo que lo mejor habría sido iniciar con las reformas al parlamento para tener diputados nacionales y de distritos legislativos junto con carrera legislativa para así mejorar el debate y la toma de decisiones donde son más urgentes y necesarias.
Otras reformas necesarias
Hoy en adición a las propuestas planteadas hace ya más de 10 años, para mejorar la operatividad democrática de la Asamblea Legislativa y fortalecer el régimen de opinión pública, debo añadir la necesidad de limitar la jurisdicción de la Sala Constitucional ante la Asamblea Legislativa, eliminándole potestades que no defienden ni la constitución ni los derechos humanos.
En primer lugar la consulta no obligatoria sobre la constitucionalidad de las leyes debe desaparecer para impedir que este recurso se convierta en un pretexto para retrasar el trámite legislativo, y solo debe proceder cuando sea aprobada su presentación por una mayoría legislativa. En segundo lugar en cuanto a procedimientos solo debería corresponder al Tribunal Constitucional la jurisdicción ante evidentes violaciones de los procedimientos legislativos establecidos por la constitución. La defensa de los derechos fundamentales lo es de los derechos de las personas. Los sistemas de representatividad no pueden tener la misma protección de los primeros, y menos en el fuero parlamentario, en el cual la negociación y los acuerdos deben poder producirse con mucha flexibilidad, sin las limitaciones que se imponen a los jueces que juzgan casos concretos que directamente afectan en sus procedimientos los derechos fundamentales de las personas.
No se puede otorgar a una minoría política parlamentaria -que es una abstracción de creación por las reglas de representatividad las cuales siempre tienen elementos de arbitrariedad en su definición y construcción- las mismas reglas de protección en cuanto a procedimientos que corresponden a las personas. Con esto quiero decir que la protección de los derechos fundamentales de las personas es la razón de ser última de la jurisdicción constitucional y debe aplicarse favoreciendo, en caso de duda, la libertad personal. Pero otro es el caso cuando se trata de aplicar esa misma forma interpretativa a los procedimientos parlamentarios. En este caso en aras de defender derechos de una construcción jurídica para la representación (el sistema de representación de minorías que se ha construido y sus derechos), se impide el funcionamiento normal de la democracia. Claro, otro muy diferente es el caso cuando lo que afecta una decisión mayoritaria son  los  derechos humanos de cualquier persona, sea representante popular o simple ciudadano. Aplicar a las representaciones minoritarias como defensa de sus derechos la caracterización jurídica de los procedimientos judiciales que resuelven para personas sobre sus derechos lleva a limitar indebidamente la formación de acuerdos y negociaciones parlamentarias que son esenciales para la propia actividad legislativa.
Tal vez el segundo mayor problema que vive nuestra democracia es la judicialización de las decisiones políticas.
El primer problema es, por supuesto, el traslado del poder político a entes que no son ni elegidos ni son responsables ante los ciudadanos.
Los medios de comunicación son, como lo son también los partidos políticos, intermediarios entre las personas individuales y las actuaciones colectivas. En este sentido unos son competencia de los otros. Y eso está muy bien y por ello desde el siglo XVIII la defensa de la libertad política ha ido de la mano con la defensa de la libertad de pensamiento, de comunicación  y de prensa.
Pero la evidente verdad de la importancia y trascendencia de las libertades de expresión y de prensa no pueden dejar de lado  la cara de la responsabilidad que balancea toda libertad, así como la defensa de las libertades de los demás que la limitan.
El vacío político creado por la falta de un debate libre e inteligente a nivel político y por la incapacidad de tomar decisiones sustanciales por la Asamblea Legislativa, se llena por las decisiones de medios de prensa que moldean la opinión pública. En nuestro país ello ha significado en los últimos años que el periódico La Nación y su altavoz Canal 7 definan las políticas, aprueben o   rechacen los proyectos y acusen, juzguen y condenen a los actores políticos. De esta manera bajo el ropaje de la democracia son unos pocos intereses económicos los que privan y deciden. No puede ese ser el ejercicio de una verdadera democracia. En este caso reina un poder privilegiado -incluso con capacidad para crear privilegios por su poder fáctico, en manos privadas que no tiene ni control jurisdiccional ni político.
La democracia debe ser transparente y estar sujeta al escrutinio de la prensa y de la opinión pública. Pero en la democracia representativa ni la prensa, ni un grupo de opinión pública puede suplir, anular en la práctica o pretender arrogarse las facultades de los órganos políticos libremente elegidos. Hacerlo es sedición y conculca la democracia.
Este grave problema, que afecta el fundamento de la democracia como sistema de discusión inteligente, como soberanía del pueblo expresada por la mayoría, y como garantía del cambio pacífico; exige para su solución que se retome por la institucionalidad política la toma de las decisiones sobre políticas públicas y el ejercicio de sus competencias.
Hoy más que nunca urge reformar nuestro esquema republicano para volver a una democracia funcional y participativa. Hoy, igual que en otras épocas lo ha sido, es necesario transformar instituciones políticas para adaptarlas a los cambios y para lograr que la sociedad costarricense avance hacía formas inclusivas y abiertas. Urge que sean las instituciones políticas representativas del pueblo las que eliminen los vacios del poder  político y lo recuperen de la judicatura y de los medios de prensa más poderosos y abusivos. Solo por este camino  la democracia liberal podrá abrir las instituciones políticas y facilitar la apertura de las instituciones y organizaciones económicas, para así construir  instituciones inclusivas que den campo a la fuerza de cambio que Schumpeter llamó  “destrucción creadora”. Para Schumpeter la “destrucción creadora”  “revoluciona incesantemente la estructura económica desde dentro, destruyendo  ininterrumpidamente lo antiguo y creando continuamente  elementos nuevos”. (Joseph A. Schumpeter, Capitalismo, Socialismo y Democracia, Aguilar S. A Ediciones  México 1952, pag. 123. La traducción no recoge todo el sentido del original inglés: “ that incessantly revolutionizes the economic structure from within, incessantly destroying the old one, incessantly creating a new one” y para major entender el concepto considérese el siguiente párrafo “Capitalism [...] is by nature a form or method of economic change and not only never is but never can be stationary. The fundamental impulse that sets and keeps the capitalist engine in motion comes from the new consumers’ goods, the new methods of production or transportation, the new markets, the new forms of industrial organization that capitalist enterprise creates. [...] The opening up of new markets, foreign or domestic, and the organizational delevelopment from the craft shop and factory to such concerns as U.S. Steel illustrate the same process of industrial mutation [...] that incessantly revolutionizes the economic structure from within, incessantly destroying the old one, incessantly creating a new one. This process of Creative Destruction is the essential fact about capitalism. It is what capitalism consists in and what every capitalist concern has got to live in”  Joseph A.   ; Routledge, London, 1942, pags. 82–83. )
Requerimos esa “destrucción creadora”  que en lo político y lo económico permite el necesario y ansiado  “aggiornamiento” de nuestro país.  Esa “destrucción creadora” que promueve el progreso, el crecimiento y la equidad.

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El jueves 26 de abril de 2012, el Ex Presidente Rodríguez participó en una videoconferencia organizada por la Escuela de Ciencias de Administración de la Universidad Estatal a Distancia, a propósito de la Ley de Protección al Trabajador, que se aprobara durante su periodo como Primer Magistrado.

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Instituciones para el bienestar
Este es el duodécimo de una serie de artículos publicados en La República comentando la necesidad de cambiar nuestro modelo de desarrollo

He venido señalando la necesidad de analizar la coyuntura económica con visión de largo plazo, para adoptar cambios requeridos para un crecimiento acelerado y compartido que permitiría: disminuir la pobreza y la creciente desigualdad, progresar satisfactoriamente a la clase media y llegar a ser una democracia desarrollada de primer mundo.

Esto requiere modificar no solo el entramado económico, sino también las instituciones políticas, como lo evidencian las circunstancias actuales.

¿Qué tipo de institucionalidad caracteriza a las democracias desarrolladas? Dos obras recientes ofrecen respuestas muy respetables. El premio Nobel de Economía Douglass North y los profesores Wallis y Weingast indican que solo una treintena de países ha llegado a la organización política, social, económica que ellos denominan orden de accesos abiertos, en la cual las personas libremente forman organizaciones económicas y sociales de personalidad diferente a la de sus miembros. Eso da origen a sistemas competitivos en lo político y en la economía, y permite controlar la violencia sin necesidad de crear rentas para las élites. Y claro, se fundamenta en un Estado fuerte.

En contraposición, el orden natural o de accesos limitados, que se da desde el abandono de las sociedades recolectoras y cazadoras, predomina hoy en la mayoría de los países no desarrollados, y representa una serie de luchas de diferentes coaliciones de las élites, buscando generar rentas para ellas a costillas del grueso de la población. En ambos casos la sociedad se organiza para enfrentar la violencia, pero se configura un diferente tipo de Estado.

Por su parte, Acemoglu y Robinson en una muy importante obra recién publicada, “Why Nations Fail”, dicen que una democracia desarrollada es el producto de instituciones políticas y económicas que interactúan para crear prosperidad y no pobreza. La prosperidad depende de que se alcancen conjunta y gradualmente, y con importantes contribuciones fortuitas, instituciones políticas y económicas inclusivas, que remplazan a las “extractivas” basadas en la norma y el privilegio, y la apertura social que resulta permite los procesos de “destrucción creativa” que generan el cambio y llevan al bienestar. Tal proceso de transformación señalan requiere la existencia de una organización estatal fuerte y eficiente.

¿Contamos en Costa Rica con un gobierno fuerte y eficiente? ¿Tenemos un orden social de accesos abiertos? ¿Se facilita en el país la “destrucción creativa” que permite que nuevas formas de producir o nuevos artículos desplacen a los anteriores? Desdichadamente nuestras respuesta es un rotundo ¡NO!

Más bien prevalece la defensa de los grupos de interés consolidados, de las producciones existentes, de monopolios públicos y privados, de intereses profesionales, gremiales, sindicales y de empresarios organizados. Perduran regulaciones públicas que dificultan crear, inventar, competir. Solo la apertura a todos para competir con todos en lo económico y lo político, para organizarse con los menores costos posibles, y reglas simples y comunes, puede abrir paso a una sociedad de instituciones inclusivas y de orden económico abierto.

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Buenas intenciones pero con  buenos resultados

 

Undécimo artículo de una serie publicada en La República sobre la necesidad de transformar nuestro modelo de desarrollo para alcanzar bienestar

 

Sabemos de la ineficiencia en los programas sociales. Ya en el segundo informe del PNUD sobre desarrollo humano en 1991 se evaluó nuestro financiamiento del desarrollo humano Teníamos un alto nivel de gasto público comparado con nuestro ingreso, un buen nivel -incluso elevado- de gasto público dirigido al sector social y un bajo porcentaje del gasto social dirigido a preocupaciones de prioridad humana. Alcanzábamos un nivel alto de gasto  humano, pero de una manera ineficiente: con muy alto gasto público y muy baja participación del gasto prioritario social dentro del total de gasto social.


Se han dado   cambios  para procurar un uso  eficiente de los recursos destinados a las personas que más requieren de la solidaridad. Así  se pusieron en práctica sistemas como el SIPO para identificar a la población objetivo de los programas de promoción social, se exigió que se fuese parte de ese censo de familias pobres para recibir las becas escolares, las pensiones del régimen no contributivo, los bonos de vivienda y los programas del IMAS, se eliminaron las partidas específicas y se establecieron mecanismos de decisión participativa y  para rendir cuentas oportunas de resultados. 


Pero se volvió a  ineficientes e injustas prácticas. El problema es las debilidades de los instrumentos de selección de los beneficiarios, de control de la ejecución y de medición de resultados. El estudio efectuado por Juan Diego Trejos para  el Estado de La Nación de 2008  señala, con base en las encuestas de hogares, que en los programas de becas dos tercios de los beneficiarios no son pobres,  en los programas de alimentación de los CEN CINAI un 54,8% no lo son, en los comedores escolares un 68% no son pobres, 58% de las ayudas del IMAS van a no pobres, 78% de los beneficiarios del bono de vivienda no son pobres  y dos tercios de las personas que gozan de pensiones del sistema no contributivo tampoco son pobres. Solo en el caso del programa de salud de asegurados por cuenta del estado se  llega a que al  menos la mitad de los beneficiarios sean pobres, y  apenas es un 50,6%. Es patente la necesidad de mejorar  la administración de los programas sociales focalizados, tal como lo aprobó la Concertación Nacional en 1998.


Es necesario  exigir que los beneficiarios se encuentren incluidos en el SIPO (o en un instrumento similar) los beneficiarios, para garantizar que pertenecen a una familia pobre, o que estando cerca de la línea de pobreza corren efectivo riesgo de caer en ella. El SIPO, con participación de los estudiantes universitarios, se debe mantener permanentemente actualizado para que incluya todas -y solo- las familias en condición de pobreza, y también se debe descentralizar y despolitizar la ejecución de los programas de atención social. Y claro es indispensable  fijar metas y evaluar resultados de los distintos programas para asegurar que solo se destinen recursos a los que prueben ser eficientes. 


La ventaja de Costa Rica es contar con un sistema descentralizado en el cual cada unidad atiende un número muy reducido de familias, que visita sus hogares y tiene  información actualizada: los EBAIS. Claro que para poder extender su utilización de manera eficiente es necesario resolver los problemas gerenciales y financieros de la CCSS. Pero los EBAIS son una gran oportunidad para contar con entes contralores de la cobertura de los programas sociales,  y asegurar así que todos los pobres y las familias en peligro de caer en esa condición de inmediato, pero solo ellos, puedan disfrutar de sus beneficios y lo hagan eficientemente.

 

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Trámites, clima de negocios y crecimiento

Este es el décimo de una serie de artículos sobre los cambios en el modelo económico para pasar de uno de promocion de exportaciones a uno basado en la productividad

Eliminar trámites y atrasos innecesarios para que vuelvan a surgir como abejones en mayo, es una vergüenza. Es igualmente una vergüenza que entre 183 economías ocupamos en la última evaluación del Banco Mundial el puesto 122 respecto a nuestra facilidad para hacer  negocios. Perdimos 6 escalones respecto al año anterior, pues aquí toma en promedio 61 días establecer un negocio. Para otorgar permisos de construcción ocupamos el puesto número  142 en esa evaluación, en ejecutar contratos el 129, en proteger a los inversionistas el  166  e incluso en facilidades para pagar impuestos el puesto 138. En todos estos casos estamos en el tercio de países más ineficientes del mundo, y lo peor es que resolver estos temas no demanda grandes inversiones.
Por su parte, el Índice Global de Competitividad del Foro Económico Mundial nos coloca en el lugar 131 entre 142 naciones respecto a la protección a la inversión, en el  85 por el peso de las regulaciones gubernamentales y de 127 por número de días requeridos para iniciar un negocio.

Rudolfe Lücke del Instituto de Investigación en Ciencias Económicas de la UCR ha realizado una serie de relaciones entre lo invertido por gobiernos de diversos países y los resultados obtenidos, haciendo patente la ineficiencia del uso de nuestros recursos públicos en diferentes campos, incluyendo el de facilitar negocios. Estas debilidades deben ser solucionadas para aumentar la eficiencia de la producción en Costa Rica, pues implican aumento de la incedrtidumbre y costos innecesarios para la producción nacional impidiéndole ser realmente eficiente. Y esto requiere esfuerzos superiores a los usuales, pues muchos gobiernos se han comprometido a  eliminar estos problemas pero los resultados, las pocas veces que se han dado,  han sido poco duraderos.

No se ha podido avanzar con reformas que aseguren que la Contraloría no intervenga con criterios políticos de oportunidad ni de conveniencia y que promuevan acelerar la toma de decisiones en las contrataciones administrativas, que la Sala Constitucional sea tal y verdaderamente vuelva a la defensa de los derechos fundamentales de la constitución y no sea un senado político, que la elaboración de presupuestos abarque en grandes rubros la totalidad –y no menos de la mitad, como ahora- del sector público no financiero, que los procedimientos sean menos formalistas y más relacionados con los fines de las instituciones públicas para que cumplan con su propósito en vez de ser meros estorbos.

La simplificación de procedimientos, la limitación de los controles a los campos de su estricta competencia y la vigilancia permanente en el uso de las regulaciones es otra  área en la que se requieren acciones fuertes para aumentar la eficiencia y la competitividad de la producción costarricense.

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Entrevista concedida por el Dr. Miguel Angel Rodríguez Echeverría, ex Presidente de la República y ex Secretario General de la OEA al canal noticioso colombiano NTN24, para hacer un balance de la Cumbre de las Américas, en Cartagena.

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Inversión, seguridad jurídica y trámites
Noveno de una serie de artículos sobre la necesidad de cambiar nuestro modelo de desarrollo publicados en La República
Merced a los cambios que realizamos al salir del modelo de sustitución de importaciones en los ochentas y noventas, disfrutamos los costarricenses de crecimiento en medio de la larga crisis financiera que vive el mundo, y eso debe alegrarnos. Pero, como he señalado, ese crecimiento ya había venido desacelerándose, y el costo de sostenerlo por promoción de exportaciones va aumentando. Eso nos obliga a enfrentar de nuevo un cambio de modelo, si queremos crecer acelerada y solidariamente: ahora debemos basar nuestro progreso en la eficiencia y la participación.

Dos áreas, además de las enumeradas en artículos previos, donde son indispensables cambios son  la de seguridad jurídica y trámites administrativos, y la de manejo de los servicios públicos y en especial los programas sociales. 

La seguridad jurídica es un concepto complicado que exige cuidadosos equilibrios. Nadie puede pretender la seguridad de la inmovilidad. Lo que se busca es que si se afectan derechos adquiridos por cambios en las reglas del juego,  se tenga que compensar al afectado con legítimos derechos, y que por consiguiente los cambios deban ser muy justificados. Se trata pues de proteger la propiedad entendida en un sentido amplio. Y se trata de que las instituciones jurídicas y su operación permitan prever cuáles serán los resultados de nuestras acciones con la mayor certeza posible. Esto difícilmente se puede dar cuando las resoluciones judiciales en una vía procesal pueden ser cambiadas en otra vía, sin que se conozca cuál interpretación es la que prevalecerá, y permitiendo la interferencia de poderes ajenos fácticos o formales en los casos concretos. De previo deben  quedar claramente establecidas las competencias y límites de cada jurisdicción, así como la jerarquía entre ellas. No hacerlo aumenta la incertidumbre, afecta los costos de hacer negocios, y disminuye la inversión y el crecimiento. Y esto no se refiere solo a agentes extranjeros, es igual para los nacionales.

En el campo de la tramitología nuestra situación es confusa, duplicada y en muchos casos las reglas son  innecesarias. Por ejemplo, es preciso proteger los recursos naturales que son parte fundamental de nuestra riqueza y especificidad. Pero para ello no es necesario, sino más bien inconveniente, que se requiera aprobación de SETENA para construcciones habitacionales, comerciales o industriales pequeñas y de características corrientes, en zonas dedicadas a  esos fines. Lo único que se logra con eso es atascar el proceso de revisión y limitar los medios disponibles para estudiar a conciencia los grandes proyectos que sí requieren definir y evaluar la magnitud de su impacto sobre la naturaleza.

Y no basta con eliminar trámites, pues estos con enorme facilidad vuelven a aparecer como la mala hierba chapeada. Se trata de simplificar procedimientos, eliminar engorros y pasos innecesarios, pero a la vez impedir que las malas hierbas rebroten. Es una verdadera vergüenza que en los noventas se hayan eliminado en los noventas los permisos sanitarios anuales para miles de pulperías y pequeños negocios, pero luego se los volvieran a imponer, o que se hubiesen reducido los plazos para permisos de construcción y luego se  volvieran a extender, o que se dejase de reconocer nuevos  genéricos de medicinas y agroquímicos durante dos administraciones.

Controlar los excesos de la tramitología debe ser tarea de todos los días ante los antiguos y los nuevos procedimientos, así como debe serlo la  limitación del gasto.

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GOBIERNO E INVERSIÓN PARA LA EFICIENCIA
Octavo de una serie de artículos sobre la necesidad de cambiar nuestro modelo de desarrollo publicados en La República

Para propiciar la productividad y un crecimiento compartido, es necesario que el gobierno  desempeñe adecuadamente sus tareas de  inversión pública. Esto a su vez demanda  condiciones favorables para ejecutar esas tareas.

No hay que elucubrar mucho para confirmar el atraso de nuestra infraestructura. El estudio conjunto del Banco Mundial y BID de 2009 sobre eficiencia en nuestro gasto público  concluye que solo el 14,4% de la red vial evaluada está en buenas condiciones y un 64% en condición mala o muy mala. El Foro Económico Mundial en su informe de competitividad 2011-2012 señala que Costa Rica perdió 5 posiciones respecto al anterior reporte, en buena medida por carencias de infraestructura, sector en el cual tenemos la posición 101. De hecho, en puertos ocupamos el lugar 137 (solo 4 naciones están peor) y en carreteras el 124 (solo 18 están peor). Esta importante información, accesible a todos los inversionistas locales y del extranjero, señala que los dos factores más problemáticos para hacer negocios en Costa Rica son la ineficiencia de nuestra burocracia,  a lo que ya me he referido, y la insuficiente  infraestructura.

La falta de capital público representa mayores costos para las empresas grandes y pequeña y eso resta competitividad internacional. Como  es preciso pasar de un modelo de incentivos a las exportaciones a uno de eficiencia en la producción no podemos seguir arrastrando este viejo  problema.

Esta limitación se origina en el estallido del modelo intervencionista de sustitución de importaciones, que nos hizo heredar un estado hipertrofiado que la economía ya no podía mantener. Ello obligó a reducir su tamaño,   conllevó la pérdida de muchos de los mejores empleados públicos, así como el deterioro de la educación y muchos servicios públicos, y la caída violenta en la inversión pública e incluso del mantenimiento.  Han pasado ya  30 años desde la crisis del modelo de desarrollo anterior y aún estamos pagando sus consecuencias, sin resolverlas.

Los esfuerzos ejecutados desde hace 14 años no han sido suficientes. Se estableció CONAVI para generar recursos y un sistema de licitaciones de mediano plazo para dar mantenimiento por privados de la red vial, pero los recursos no han sido suficientes para la renovación que se requiere ni se han generalizado los contratos de mediano plazo. Se modificó la ley de concesiones, se realizaron estudios para otorgarlas en muchas obras que incluso se adjudicaron y se buscó asesoría en Chile para organizar el Consejo de Concesiones, pero no se pudo contar con los gerentes de proyecto de alto nivel requeridos, ni se resolvieron problemas financieros para las expropiaciones, ni se logró la contratación de supervisiones externas y el uso de contratos de adhesión   al momento de licitar para evitar las demoradas y difíciles negociaciones posteriores. A la fecha y con gran atraso solo se ha llevado adelante la concesión de los Aeropuertos Santamaría y Daniel Oduber, del Muelle de Caldera (a medias) y de la autopista Castro Madriz.

Para resolver estos problemas es necesario también solucionar los del Servicio Civil, nuestro  diseño institucional y los trámites de contratación administrativa.

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Burocracia para un gobierno fuerte y eficiente
Sétimo de una serie de artículos sobre la necesidad de cambio en el modelo de desarrollo económico publicados en La República
 
La crisis del modelo de sustitución de importaciones nos condujo a reducir el  tamaño del gobierno. Así pudimos estabilizar la economía y liberar recursos para los sectores productivos. Esa reducción “descremó” nuestra burocracia, disminuyendo su calidad, pues  se realizó alentando con incentivos  la renuncia  de servidores  públicos y  se fueron quienes con mayor facilidad obtendrían buen empleo en el sector privado.

Esto ocurrió cuando el fortalecimiento del mercado requería  un Estado más fuerte (no más grande ni arbitrario) para  mejorar las  instituciones, para  la gobernabilidad, el orden de la competencia, el Estado de Derecho,  políticas sociales inteligentes y las tareas ordinarias de gobierno como infraestructura, seguridad, educación y salud.

Tenemos un sistema de servicio civil que asegura la inmovilidad y casi nada más. Los salarios e incentivos no responden a las responsabilidades que involucran los puestos. El sistema de selección no discrimina según quien otorga un título universitario. Una maestría ganada en 2 o 3 años totales de estudio en una carrera no acreditada de una universidad de garaje, le gana a una licenciatura de 5 o 6 años en una carrera acreditada de una universidad de prestigio (pública o privada). Así, gran cantidad de profesores de matemáticas, por ejemplo,  tienen un título pero apenas si han estudiado los propios textos de secundaria que les tocará mal enseñar. ¿Cómo nos vamos a extrañar de los resultados de las pruebas de  bachillerato o de PISA?  ¿Cómo nos va a extrañar la dificultad de contratar ingenieros, abogados  u otros profesionales de calidad para la función pública en especial del Poder Ejecutivo? ¿Cómo nos van a extrañar los problemas de “la platina”, la calidad de servicios públicos o algunas sentencias  judiciales? El sector privado no trata todos los títulos universitarios como  equivalentes, y discrimina según carrera y Universidad.

Las calificaciones que les ponen” compañeros” a los funcionarios dentro de nuestro sistema del “pobrecito” son “buenas” o “muy buenas”, y las “buenas” son las de quienes no han reclamado. No hay valoración externa alguna. Los burócratas carecen de incentivos positivos o negativos para estar al día y mejorar su formación profesional, y salvo en pocos campos como medicina, comercio exterior y algún otro, el estado no los promueve.

Para mejorar el gobierno urge reformar el servicio civil. Para trabajar en la función pública, solo se deberían  aceptar títulos de carreras debidamente acreditadas. Aquellos que tengan otros títulos tendrían que revalidarlos en exámenes periódicos de comités integrados por el servicio civil y el colegio profesional respectivo. Las calificaciones y  estabilidad de los funcionarios deben estar sujetas a pruebas de competencia realizadas cada 4 o 5 años por entes evaluadores externos de reconocida calidad.

Sin una reforma de esta magnitud  difícilmente alcanzaremos el gobierno que la Costa Rica del siglo XXI necesita.

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Gobierno más fuerte, para promover crecimiento y equidad
Sexto de una serie de artículos osbre la necesidad de cambiar el modelo económico publicados en La República

Para disponer de más bienes y servicios  necesitamos un gobierno fuerte y eficiente. El crecimiento de la producción depende de los factores productivos y de la eficiencia en su uso. El gobierno es una institución de enorme influencia en los resultados de la vida humana. Por una parte, el uso de  capital, trabajo y recursos naturales para su funcionamiento (que los adquiere vía imperio y no por un acuerdo voluntario de partes),  hace que esos factores no estén disponibles para producir otros bienes y servicios que los consumidores demandan. Y por otro lado, el gobierno  produce bienes públicos (políticas públicas, cambio institucional, seguridad, justicia, educación, salud, infraestructura, servicios sociales) que  responden a necesidades de los ciudadanos o  afectan la eficiencia de la producción privada. Las maneras en que  el gobierno adquiere sus recursos (la estructura impositiva) y los usa (la estructura del gasto público) afectan  necesariamente la producción y distribución de los bienes  y por ende la pobreza, la desigualdad y el bienestar.

Hemos visto que la carencia de capital humano deteriora la eficiencia de la producción y la equidad en nuestros días. También esa baja disponibilidad de capital humano limita la eficiencia del gobierno.

La crisis de inicios de los ochenta se dio con un déficit del sector público en 1981 del 19,1%,  con  deudas externa e interna de 120% y 36% respectivamente, datos todos con relación al PIB. Este insostenible desequilibrio procedía de una producción desacelerada por agotamiento de las oportunidades productivas protegidas, de un gasto desbordado y de las debilidades tributarias del modelo de sustitución de importaciones.

Para salir de la crisis, afrontar sus graves costos sociales y económicos y volver a crecer era imprescindible estabilizar la economía que además sufría un muy fuerte desbalance en sus pagos internacionales (un déficit en cuenta corriente del 15% del PIB). Y se duró muchos años en ese proceso. Para lograr mejorar las finanzas públicas fue imprescindible en los noventas disminuir el empleo del sector público.

Con ese fin y dadas las características de moderación, tolerancia y comedimiento en nuestras decisiones políticas, se recurrió a un sistema voluntario de abandono del empleo público, dando incentivos a los funcionarios que renunciaran. Pero claro, renunciaron quienes estimaron que encontrarían fácilmente empleo privado, por lo que no solo se redujo el número sino también la calidad media de la burocracia. Se “descremó”. A la vez se redujeron considerablemente y por un tiempo prolongado los programas de capacitación de los servidores públicos. Probablemente esta era la mejor alternativa posible. Pero se dio cuando el cambio hacia más mercado requería un gobierno pequeño pero más fuerte y mejor preparado para contribuir a la eficiencia y a la equidad. Es necesario solventar esa carencia.
  1. EDUCACIÓN, CRECIMIENTO Y JUSTICIA SOCIAL
  2. Crecimiento eficiente y compartido
  3. Discurso del Hno Alvaro Rodríguez Superior General de los Hermanos de las Escuela Cristianas
  4. DE LOS INCENTIVOS PARA EXPORTAR A LA EFICIENCIA EN LA PRODUCCIÓN
  5. ES HORA DE ANÁLISIS SERIO
  6. Peter Diamond (II)
  7. Peter Diamond (I)
  8. Ranking del gobierno más gastón
  9. PARTICIPACIÓN DE COSTA RICA EN UN MUNDO DE ESPERANZA
  10. Toda obra pública necesita supervisión eficiente

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