Actualizado el 20 de enero de 2017 a las 12:00 am
La CCSS, el Poder Ejecutivo y la Sup?n deben plantear alternativas s?lidas
POR Miguel ?ngel Rodr?guez
Despu?s de tratar de esconder durante casi 10 a?os la insostenibilidad financiera del R?gimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) ha tenido que aceptar esa realidad. Para este tema crucial urge una propuesta seria, que lamentablemente la CCSS no ha presentado.
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La m?s importante herramienta para promover la justicia social en las sociedades modernas es el r?gimen de seguridad social, mediante el cual se debe atender previsoramente las necesidades de las personas que no tengan posibilidades laborales, sea por incapacidad permanente o temporal, o por vejez.
En Costa Rica, la benem?rita reforma social del presidente Calder?n Guardia estableci? el camino para poder cumplir con esta obligaci?n primer?sima de la justicia y la fraternidad, en una sociedad de personas dignas, libres y solidarias.
A ese paso fundacional lo sigui?, en orden de importancia, la aprobaci?n constitucional en el gobierno de don Mario Echandi de la universalizaci?n de los seguros sociales, el establecimiento de rentas espec?ficas en su favor y el inicio del aumento del tope de cotizaci?n para incrementar la solidaridad.
El avance siguiente se dio con la aprobaci?n de Asignaciones Familiares en el gobierno de don Daniel Oduber, pues el entonces diputado Rafael ?ngel Calder?n Fournier introdujo ah? las pensiones no contributivas para proveer de una pensi?n b?sica a las personas pobres adultas mayores.
Ley de Protecci?n al Trabajador. Inspirado en las ense?anzas del Dr. Fernando Trejos Escalante y desde mucho antes de ser presidente, el tema de la previsi?n social ocup? un sitio privilegiado entre mis preocupaciones.
En 1998, persist?an en la seguridad social problemas de falta de solidaridad y de cobertura, complejidad, estatizaci?n, falta de participaci?n de las personas, desequilibrio financiero, contribuciones estatales discriminatorias y regresivas y beneficios discriminatorios entre generaciones. Adem?s, el envejecimiento de nuestra poblaci?n hac?a mucho m?s serios esos problemas, pues una proporci?n menor de trabajadores deb?a sostener el R?gimen de IVM de la CCSS.
Por eso se incluyeron en la Concertaci?n Nacional los temas del sistema de pensiones y del auxilio de cesant?a, y gracias a la contribuci?n intelectual y a la voluntad de los m?s diversos grupos se aprob? la Ley de Protecci?n al Trabajador (LPT).
Los objetivos que propusimos a la Concertaci?n Nacional fueron asegurar el financiamiento a largo plazo, ampliar su cobertura, ligar los beneficios a los aportes de cada cual en los casos de personas con empleo fijo o con ingresos suficientes, mejorar la supervisi?n para fortalecer la seguridad del sistema, proteger los recursos frente a futuras necesidades y carencias fiscales y promover un manejo que maximizara el beneficio de este ahorro para la econom?a nacional.
La ley aprobada fortaleci? el IVM. Cre? una segunda pensi?n para todos los trabajadores sin costo adicional para ellos, redistribuyendo cargas sociales ya existentes y con un aumento en la contribuci?n patronal. Consolid? el sistema complementario de pensiones voluntarias. Permiti? en esos dos ?ltimos pilares la creaci?n de operadoras privadas con base en esquemas de capitalizaci?n del aporte de cada individuo. Adem?s, se universaliz? la cobertura de las pensiones no contributivas para los adultos mayores pobres, generando nuevas fuentes de recursos para darlas a quienes carec?an de ellas. Se garantiz? que se recibiese parte de la cesant?a sin importar la causa de cese de la relaci?n laboral. Se rompi? parcialmente el tope de este auxilio y, adem?s, se utilizaron los recursos girados mensualmente para crear ahorro a largo plazo.
Desfinanciamiento del IVM. Con la LPT el r?gimen de IVM se mantuvo como un fondo de reparto, basado en la solidaridad social y operado por la CCSS. Se dieron a esa entidad herramientas para facilitar su universalizaci?n incluyendo a trabajadores informales y para mejorar el cobro de las cuotas, y se le proveyeron fuentes nuevas de recursos.
Desde aquellos a?os era evidente que el monto de las cotizaciones, la edad de retiro y el nivel de la pensi?n del IVM lo hac?an financieramente inviable.
Por eso, y a pesar del enorme aporte para el sistema previsional dado por la Ley de Protecci?n al Trabajador y el impacto que hab?a significado para trabajadores y empresarios, estuvimos de acuerdo en aprobar un ajuste a los par?metros de ese sistema y as? se lo propuse al presidente electo, Abel Pacheco, para aprovechar el per?odo de transici?n y asumir mi gobierno el costo pol?tico de ese ajuste.
Pero el presidente electo me pidi? no hacerlo y el ajuste efectuado en su gobierno fue insuficiente. Adem?s, no se ha cobrado a los entes aut?nomos la contribuci?n sobre sus ingresos en favor de la CCSS que la LPT estableci?.
Despu?s del estudio actuarial de Nathal que se present? al presidente de la CCSS Eduardo Doryan en el 2007, vinieron los de la OIT en el 2012, el de Melinsky en el 2015 y ahora el de la Universidad de Costa Rica. Por casi 10 a?os la CCSS se ha negado a aceptar la realidad y a actuar.
Urgen soluciones, no curitas. Lamentablemente, ahora la CCSS presenta un parto de los montes, con una medida paliativa para enfrentar los problemas de uno o muy pocos a?os (aumentar la cuota de los trabajadores en un punto porcentual), sin una propuesta verdadera que resuelva el problema financiero del IVM y con el anuncio de analizar el desprop?sito de hurtar a los trabajadores sus recursos en cuentas individuales de su propiedad en los fondos creados por la Ley de Protecci?n al Trabajador con aportes solo de trabajadores y sus patronos.
Lo que la CCSS debi? presentar desde el 2007 a los costarricenses para su debate, y posteriormente aprobar, es un programa con medidas de vigencia inmediata pero con aplicaci?n paulatina, de incremento de cuotas, aumento de la edad de retiro para los trabajadores con menos a?os laborados y determinaci?n de porcentajes de jubilaci?n que junto con los recursos de pensiones complementarias permitan un retiro con una pensi?n conforme con las pr?cticas de sociedades civilizadas.
O presentar una alternativa para pasar a un sistema de cuentas nocionales (individuales) de cada trabajador, que no podr?a retirar m?s del valor capitalizado de su aporte, y generar otros ingresos al gobierno para mantener los aspectos de solidaridad del IVM.
El aumento de un punto porcentual en la cuota de los trabajadores para no seguir ?comi?ndose? el fondo acumulado ser?a aceptable como una medida inicial mientras se debate la soluci?n integral al problema.
Pero considerar siquiera la posibilidad de arrebatar a los trabajadores sus recursos provenientes de la LPT es un sinsentido inoperante y significa que un ente p?blico analiza la conveniencia de delinquir en contra de los trabajadores.
Es inoperante porque significa desvestir a un santo para medio tapar a otro. En efecto, el R?gimen Obligatorio de Pensiones Complementarias para un trabajador que cotiza desde el inicio de su vida laboral le aporta una pensi?n del orden de un 17% de su salario al tiempo de la jubilaci?n. Hurtar esos fondos significa eliminar esa pensi?n para poner un parche al IVM.
Y analizarlo es planear hurtar a los trabajadores fondos de su propiedad en cuentas a su nombre. Qu? ?para resolver el d?ficit fiscal se vale estudiar hurtar las cuentas corrientes de los ciudadanos?
Posibilidades. Lo que s? cabe considerar para hacer menos gravoso el ajuste ?que lo ser? y a?n m?s por el atraso en adoptarlo? es que los recursos del Fondo de Capitalizaci?n Laboral que est?n disponibles a los cinco a?os por no haber sido usados por motivos de cesant?a se le incorporen al trabajador en su cuenta personal y propia de Pensiones Obligatorias Complementarias para incrementar su pensi?n.
En una vida laboral completa, esto podr?a significar casi un 6% del salario de c?lculo del retiro del trabajador, y disminuye la cuota adicional que tendr?a que aportarse. Otro 4% de salario podr?a generarse convirtiendo un punto adicional de la cesant?a en aporte patronal al Fondo Obligatorio de Pensiones Complementarias.
Otra medida para paliar el costo del ajuste es hacer efectiva la contribuci?n hasta del 15% de las utilidades de las empresas p?blicas del Estado que estableci? el art?culo 78 de la Ley de Protecci?n al Trabajador expresamente para ?el fortalecimiento del r?gimen de IVM?, como plantean proyectos de los diputados Gerardo Vargas Rojas y Luis V?squez. Y corresponde al Poder Ejecutivo establecer su monto de acuerdo con estudios actuariales de la CCSS.
La CCSS, el Poder Ejecutivo y la Superintendencia de Pensiones (Sup?n) deben tomar la iniciativa y plantear alternativas serias, integrales y actuarialmente s?lidas para su discusi?n y que finalmente a corto plazo se tome una resoluci?n. No hay campo para plantear desprop?sitos.
El autor fue presidente de la Rep?blica del 1998 al 2002.
Fuente: La Naci?n