Es hora de hablar en serio de las reformas que Costa Rica necesita
El Fondo Monetario Internacional publicó su informe 25/108 sobre Costa Rica. En este se analizan los avances recientes y se señalan también las tareas pendientes que requieren nuestra atención como país.
El informe no se limita a cifras; plantea con claridad reformas estructurales que, si no se discuten y ejecutan, limitarán nuestra capacidad de crecer, distribuir mejor la riqueza y atender las nuevas demandas sociales que impone nuestra evolución demográfica.
El FMI destaca, entre otras cosas, la necesidad de una reforma tributaria integral que aumente la equidad, la eficiencia y la recaudación. Costa Rica recauda menos impuestos que el promedio de la OCDE, incluso menos si se excluyen las cargas sociales. Existen amplias exenciones al impuesto sobre la renta que determinan nuestra dualidad económica.
También se otorgan muchas exenciones al IVA, no todas fomentan la progresividad de ese impuesto. La reforma que propone el Ejecutivo para unificar umbrales tributarios entre asalariados e independientes es un paso en la dirección correcta, pero deberá complementarse con otras medidas para evitar pérdida de ingresos.
Esa reforma debería formar parte de una estrategia fiscal de mediano plazo que permita financiar mayor inversión en infraestructura y capital humano.
Pero los desafíos van más allá de los ingresos. También debemos revisar el gasto. Se señala como urgente la implementación completa de la Ley de Empleo Público. Esta no solo contiene el gasto, también introduce mejores incentivos para el desempeño.
La mayoría de las instituciones ya la ha implementado, pero es esencial que el resto lo haga sin excepciones ni retrocesos.
En el ámbito social, el informe recuerda el alto costo que enfrentan los empleadores por las contribuciones a la seguridad social: 39,2 % del salario bruto, una de las tasas más altas de la OCDE. Esto desalienta la formalidad y recarga a las empresas que quieren crecer. El rediseño del sistema de contribuciones podría simplificar, mejorar la equidad y fomentar el empleo formal.
La informalidad no es solo una falla del mercado laboral; es también reflejo de la falta de infraestructura, de los desajustes entre formación y empleo, y de la escasa conexión entre programas sociales y oportunidades productivas. Por eso, el FMI sugiere reforzar redes de cuido infantil y adulto, vincular transferencias sociales a capacitación y emprendimiento, y mejorar los programas de educación dual, secundaria para adultos y bilingüismo.
El informe pone especial atención en la seguridad social. Advierte sobre el pasivo contingente del Gobierno con la CCSS (8,5 % del PIB) y sobre el impacto del envejecimiento poblacional. Entre 2024 y 2035, el gasto en salud y pensiones aumentará en 2 puntos porcentuales del PIB. Es urgente adoptar reformas paramétricas al régimen de IVM, profesionalizar la Junta Directiva de la CCSS y aplicar mejores prácticas en su gestión.
Finalmente, se nos urge mejorar la ejecución de la inversión pública, aprobar una nueva legislación para alianzas público-privadas, modernizar carreteras y puertos, y reducir barreras a la competencia y a la formalización del empleo.
Este conjunto de recomendaciones no es una imposición. Es una invitación a actuar con madurez. Claro que hay muchos otros temas que ameritan reformas en campos como el transporte, el ambiental, la supervisión financiera, la prontitud en los juicios y otros más.
No podemos darnos el lujo de desperdiciar una nueva campaña electoral sin debatir estos temas. Las reformas no son fáciles ni populares, pero sí son necesarias si queremos una Costa Rica que crezca más, de forma más equitativa y con instituciones sostenibles.
Hemos estado desperdiciando oportunidades de debatir sobre reformas de gran envergadura en estos campos.
Se han tenido escaramuzas sobre temas tributarios, pero no se ha abordado en serio el tema desde la reforma de 2018, que se basó en la propuesta de los exministros de Hacienda que presenté a la Asamblea Legislativa en 2002.
No se aprovechó la iniciativa de Rocío Aguilar y la Supen para iniciar la construcción de la reforma de la seguridad social con un régimen de pensión básica universal, y más bien se ha pospuesto la vigencia de los fondos generacionales.
Es hora de hablar en serio. Urge hacerlo.
