La vida tiene muchas dificultades; no se las compliquen más a las personas

Claro que se justifica que el Gobierno trate de cobrar mejor los impuestos. La mayoría de los ciudadanos estamos de acuerdo y confiamos en que se logren resultados.

En mi opinión, los avances más significativos se dieron con la obligatoriedad de la factura digital entre 2017 y 2018, y con el paso del impuesto de ventas al IVA en 2018. Ambos implicaron más requisitos para personas y empresas, pero eran justificados.

También, desde 2019, se impuso la obligación de declarar anualmente a los socios y beneficiarios finales de las sociedades.

Tiene sentido como medida de transparencia. Pero, ¿por qué exigir una nueva declaración cada año si no ha habido cambios? Es una carga innecesaria.

Otro ejemplo: desde 2023, las sociedades inactivas deben declarar un resumen de sus activos, pasivos y capital, con la posibilidad de confirmar la información si no ha habido variaciones. Aun así, se exige año tras año una ratificación formal, aunque nada haya cambiado.

Ahora se impone una nueva obligación: las sociedades deben inscribir una dirección de correo electrónico en el Registro Público para recibir notificaciones.

Se promete un procedimiento “sencillo y sin costo”, pero no se indica cómo se hará.

En la práctica, varios abogados han advertido que esto podría requerir escritura pública o protocolización de una asamblea de socios.

Si es así, no será ni sencillo ni gratuito. Podría resolverse fácilmente con un trámite personal o firma digital.

Además, una reciente reforma establece que las nuevas sociedades anónimas y de responsabilidad limitada ya no se inscribirán por nombre en el Registro Público, sino por número de cédula jurídica.

Quien desee un nombre comercial tendrá que registrarlo por aparte ante Propiedad Intelectual, con nuevos costos: timbres, edictos en La Gaceta, honorarios. ¿Qué necesidad hay de añadir trámites si no aportan mejoras reales?

Esto representa una carga injusta, especialmente para personas con microempresas o que solo usan sociedades para administrar una casa o propiedad familiar. ¿Por qué seguir enfureciendo a la gente con trámites que no tienen sentido?

Desde 2020, se aprobó un crédito del Banco Mundial por $156,64 millones para el proyecto Hacienda Digital, con el fin de modernizar y simplificar la tributación. Pero hasta ahora solo se ha desembolsado el 9,5 % del crédito y el avance físico no llega ni al 30 %.

En agosto de este año entrará en funcionamiento el componente Tribu-CR, que reemplazará al sistema ATV, pero aún están pendientes los módulos de aduanas y de administración financiera.

Ojalá sean de verdad procesos que, como señala uno de sus objetivos, orienten la cultura de Hacienda al servicio del ciudadano, y no a imponer cargas injustificadas que son parte de las limitaciones que nos hacen un país enredado, complicado y lerdo para la producción de los sectores de la economía tradicional.

El Estado debe avanzar hacia una cultura de servicio al ciudadano, no de castigo burocrático.

Las dificultades de la vida ya son muchas. No agreguemos más, sin necesidad.