¿Tendremos ya una economía criminal influyente?

Desde hace varios años, Costa Rica convive con una economía claramente dual. Por un lado, el régimen definitivo o tradicional, que agrupa la mayor parte de la agricultura, la industria orientada al mercado interno, el comercio y los servicios, y que concentra cerca del 85% de la producción. Por otro, el régimen especial de zonas francas, altamente integrado a la economía mundial, intensivo en exportaciones y tecnología, y que ha sido extraordinariamente exitoso, especialmente en dispositivos médicos y servicios empresariales. Este régimen especial ha sido un motor clave de la inversión, el crecimiento, las exportaciones y la estabilidad macroeconómica. Gracias a él, Costa Rica logró insertarse en cadenas globales de valor y sostener un desempeño externo notable incluso en contextos internacionales adversos.

A primera vista, los resultados recientes parecen confirmar ese balance positivo. El crecimiento del PIB se estima en 4,2%, en línea con los últimos tres años. Las exportaciones crecen a tasas de dos dígitos. El desempleo es el más bajo desde que en 2010 se inició la Encuesta Continua de Empleo. Los resultados fiscales superaron lo previsto y la pobreza se redujo a 15,2%.

La inflación negativa y la revaluación del colón han beneficiado a los consumidores en el corto plazo, aunque con efectos adversos sobre la inversión y sobre sectores clave del régimen definitivo, como la agricultura, el turismo y parte de la industria.

Todo esto ocurrió en un entorno internacional complejo, marcado por políticas comerciales más proteccionistas, mayor incertidumbre y menores flujos de cooperación internacional. Aun así, Costa Rica mostró un desempeño mejor que el de la mayoría de los países del SICA y de economías con niveles de ingreso similares.

Pero ¿es todo tan favorable como parece? Desdichadamente, no.

El crecimiento del PIB y de las exportaciones se explica fundamentalmente por el régimen especial. El régimen definitivo crece cuatro veces menos. En 2025, las exportaciones del régimen preferencial aumentaron 20%, mientras que las del régimen definitivo apenas 2%.

La reducción del desempleo no obedece a una mayor creación de empleo, sino a la caída de la participación laboral. Entre febrero de 2020 y noviembre de 2025 hay 30.290 personas menos ocupadas, pese a que la población de 15 años y más aumentó en casi 300 mil.

Los mejores resultados fiscales provienen sobre todo de la reducción del gasto por intereses, mientras los ingresos crecen menos que en 2024. La disminución de la pobreza se asocia principalmente al aumento del ingreso autónomo, en un contexto donde la tasa de ocupación sigue siendo sensiblemente menor que antes de la pandemia.

El aumento de las divisas tampoco se explica con claridad, dado el débil crecimiento del régimen definitivo, del turismo y la menor colocación de deuda externa del gobierno. Paralelamente, observamos un fuerte incremento de la criminalidad, lo que sugiere que más personas están involucradas en actividades ilícitas. Esto obliga a plantear preguntas incómodas.

¿Cómo explicar la reducción de la pobreza sin aumento del empleo ni de los ingresos salariales más bajos?

¿Cómo entender un crecimiento económico relevante sin creación de empleo, acompañado de exceso de divisas, inflación negativa y revaluación del colón?

¿Por qué, en ese contexto, los ingresos fiscales pierden dinamismo?

Surge entonces una hipótesis inquietante: ¿Podrían ingresos no explicados estar originándose en el narcotráfico, el narcomenudeo, el contrabando u otras formas de crimen organizado?

¿Estamos ante una tercera economía, paralela al régimen definitivo y al especial, que ya incide de forma relevante en nuestras cifras macroeconómicas?

Y la pregunta más grave: ¿Tendremos ya una economía criminal muy influyente, con consecuencias profundas y duraderas para la economía, las instituciones y la democracia?

Estas interrogantes requieren estudio riguroso del BCCR, MIDEPLAN, las universidades y los centros de investigación, y refuerzan la urgencia de políticas mucho más efectivas contra el crimen organizado y sus efectos económicos y financieros.