El asesinato legalizado en Irán
En Irán, donde hace más de 26 siglos se dio el primer manifiesto de derechos humanos contenido en el Cilindro de Ciro, se sufre hoy una pesadilla de persecución, tortura y asesinatos de Estado que clama al cielo y exige acción internacional urgente. El régimen teocrático que gobierna ese país ha hecho de la ejecución un instrumento cotidiano de poder y miedo. No hay legalidad, no hay justicia, no hay garantías: solo hay represión.
Las denuncias que emanan desde las cárceles iraníes revelan una maquinaria institucionalizada de muerte. El prisionero político Saeed Masouri, encarcelado desde hace 25 años, ha dirigido recientemente una carta al mundo desde la prisión de Ghezel Hesar. En ella expone con crudeza cómo se ejecuta —literal y simbólicamente— a miles de personas en Irán: juicios ficticios, sin defensa, sin pruebas, sin derecho a apelar. Las confesiones se extraen mediante coacción y tortura, y se difunden en la televisión estatal como actos ejemplarizantes. Las familias son chantajeadas emocionalmente para forzar “arrepentimientos” que nunca salvan la vida del preso.
La llamada “justicia” no es más que una fachada. En los casos de seguridad nacional —que suelen ser políticos— los expedientes no los elaboran jueces ni fiscales, sino la Guardia Revolucionaria o el Ministerio de Inteligencia. No hay debido proceso, no hay acceso a defensa. La ejecución es el destino prefijado. Solo entre junio y julio de 2025, se reportaron más de 170 ejecuciones. Cada una de ellas es, en realidad, un asesinato de Estado.
La gravedad de este drama no admite más indiferencia. No estamos ante un régimen autoritario con prácticas abusivas. Estamos ante un régimen genocida que, como en 1988, vuelve a aplicar la pena de muerte como mecanismo masivo de eliminación de opositores, muchas veces ya encarcelados por años. Aquel año, unas 30.000 personas fueron ejecutadas sumariamente tras una fatwa secreta del ayatolá Jomeini. Hoy, la historia se repite ante nuestros ojos.
Además, el actual contexto geopolítico está siendo aprovechado por el régimen iraní para agudizar su represión interna. Los bombardeos de Israel y de Estados Unidos dirigidos a frenar el desarrollo del programa nuclear iraní han servido de pretexto al gobierno de Teherán para intensificar la persecución contra la disidencia interna más inocente. Bajo el argumento de “amenaza externa”, el régimen justifica ejecuciones, detenciones arbitrarias y un recrudecimiento del control social, con particular saña hacia mujeres, estudiantes, periodistas y defensores de derechos humanos.
Las Naciones Unidas, sus organismos de derechos humanos, y los Estados democráticos no pueden seguir guardando silencio. El Consejo de Seguridad debe actuar. La Alta Comisionada para los Derechos Humanos no puede mirar para otro lado. El mundo no puede seguir tratando al régimen de Teherán como un actor legítimo mientras convierte sus cárceles en mataderos y al pueblo en rehén del terror.
Esta no es solo una crisis iraní. Es una crisis de civilización. La indiferencia ante estos crímenes degrada la autoridad moral de las democracias, socava la credibilidad de los organismos multilaterales y deja a millones de personas sin voz. El legado de Persia —la tierra de Ciro el Grande— exige una respuesta firme.
No se debe permitir que esa historia milenaria de dignidad humana sea sepultada bajo el peso del fanatismo y el poder absoluto.
Los iraníes que en su patria y en el exilio luchan por la libertad de todas las personas, la libertad religiosa, igualdad de derechos para las mujeres y la democracia merecen el apoyo de todas las naciones, instituciones y personas que respetamos la dignidad humana.
Desde América Latina —región golpeada también por la represión y el autoritarismo— debemos alzar la voz con fuerza. Irán mantiene estrechos vínculos con los regímenes de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Lo que sucede allá nos atañe aquí. En nuestra propia frontera. No es un asunto lejano ni ajeno.
Costa Rica, país sin ejército y con una larga tradición de defensa de los derechos humanos, tiene la obligación moral de denunciar, con firmeza, la barbarie que se comete en Irán. No podemos callar.
Hoy, el pueblo iraní necesita de nuestra solidaridad activa. Como lo han expresado contundentemente cientos de líderes de todo el mundo, ha llegado la hora de romper el silencio. Cada ejecución en Irán es una herida a la conciencia universal.
