Costa Rica enfrenta grandes retos que exigen previsión y unidad

Costa Rica enfrenta hoy una serie de retos que se entrecruzan y se potencian mutuamente, obligándonos a actuar con visión estructural, responsabilidad política y urgencia. Cuatro grandes transformaciones globales —el desmantelamiento del orden comercial basado en reglas, el acelerado cambio demográfico, la revolución tecnológica y la crisis climática— se manifiestan localmente con efectos particulares que exigen respuestas bien diseñadas y sostenidas en el tiempo.

1. La erosión del orden comercial multilateral

Desde hace años el sistema multilateral de comercio basado en normas, que permitió una expansión sin precedentes del comercio internacional, viene deteriorándose. La parálisis del Órgano de Apelación de la OMC, por el bloqueo estadounidense a nuevos nombramientos, minó uno de los pilares del sistema. Bajo el gobierno de Donald Trump, esta tendencia se intensificó con la imposición de tarifas arbitrarias y el uso del poder económico para fines proteccionistas. En su nuevo mandato, Trump ha agravado esa deriva al imponer diversos aranceles dependientes de sus ideas y negociaciones. A Costa Rica le impuso un 15%, lo que nos pone en desventaja frente a otros productores que tienen un arancel de 10% y frente a México que en lo tocante a sus exportaciones al amparo del Tratado de Libre Comercio con EEUU y Canadá no paga arancel. Además, estamos bajo la amenaza de eliminar el “Chip Act” que desvanece la ilusión del año pasado de recibir ayuda para preparar trabajadores con Arizona State University para fabricar microprocesadores. Los nuevos incentivos para semiconductores solo aplican a los fabricados en EEUU. Como si fuera poco, se tramita en el Congreso de EEUU el proyecto de ley “Keep Call Centers in America Act”, impulsado por senadores de ambos partidos, que busca restringir los beneficios a empresas que contraten o establezcan centros de llamadas en el extranjero.

Ante esta fragmentación del orden comercial, Costa Rica debe fortalecer su competitividad interna. Eso significa invertir en talento humano, infraestructura, innovación y eficiencia institucional. No podemos depender solo de un contexto externo que ya no garantiza estabilidad.

2. El cambio demográfico acelerado

Costa Rica vive una dramática transformación demográfica. La tasa global de fecundidad ha caído muy rápido a 1,29 hijos por mujer en 2022, una de las más bajas del continente. Paralelamente, la esperanza de vida ha aumentado y la estructura etaria de la población se inclina aceleradamente hacia el envejecimiento.

Esto tiene múltiples implicaciones: presión sobre el sistema de pensiones, aumento del gasto en salud, menor crecimiento de la fuerza laboral, y, según estudios como el de The Economist en junio de 2023, una caída en la innovación y la productividad. Para enfrentar estos efectos propuse en 2023, y reiteré en 2024 y 2025, la adopción de una pensión básica universal financiada con impuestos generales, que sustituya los regímenes no contributivos y complemente un sistema mixto de capitalización y reparto.

Aprovechar la prolongación del bono demográfico hasta 2038 —gracias a la caída en la población dependiente infantil— es crucial para financiar esta transición.

3. Educación: calidad y cobertura en retroceso

Nuestra educación pública enfrenta una doble crisis: de calidad y de cobertura.

Las pruebas PISA de la OCDE muestran que nuestros estudiantes tienen serias deficiencias en sus habilidades para aplicar matemáticas, lectura y ciencias. A esto se suman los bajos resultados en exámenes de admisión universitaria y en competencias clave como inglés. Pero también estamos rezagados en cobertura, incluso respecto a países latinoamericanos con menor ingreso per cápita.

Según datos de CEPAL (2022), solo el 84,1% de los jóvenes de 20 a 24 años en Costa Rica han terminado el tercer ciclo de secundaria, por debajo del promedio de 90% en una muestra de 14 países de la región. En educación diversificada alcanzamos un 74,2%, apenas por encima del promedio (73%), pero superados por seis países, cinco de ellos con menos ingreso por habitante. En educación terciaria, apenas el 15,4% de los jóvenes de 25 a 29 años han completado al menos cuatro años, frente a un promedio regional de 22%.

Además, la cobertura en preescolar es insuficiente y la red de cuido no es aún universal, lo que limita el desarrollo temprano de los niños y la incorporación plena de las mujeres al mercado laboral.

Recuperar el prestigio de nuestra educación pública es la tarea más importante que compite con la urgencia de atender la muy graves situación de inseguridad ciudadana de los últimos tres años.

4. La revolución tecnológica y la necesidad de reformar el INA

El avance acelerado de la inteligencia artificial y la digitalización está transformando la naturaleza del trabajo. El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) ha sido incapaz de responder con pertinencia, flexibilidad y eficiencia a estas nuevas demandas. Como denuncié desde 2015, y reiteré en 2017 y 2020, su estructura rígida y desactualizada impide formar a técnicos y operarios en las áreas requeridas por el aparato productivo.

La reforma al INA introducida por la Ley para el Fortalecimiento de la Formación Profesional para la Empleabilidad, la Inclusión Social y la Productividad de Cara a la Revolución Industrial 4.0 y el Empleo del Futuro en su ejecución no ha dado los frutos esperados.

En mi opinión las dos reformas más disruptivas en favor de la eficacia y eficiencia de la capacitación laboral fueron la introducción de la educación dual y “la capacidad de brindar la atención a una persona para un determinado servicio … mediante contratación de servicios, el Instituto podrá otorgar becas para cubrir el costo de dichos servicios en centros, públicos o privados”.

Para la educación dual en 2022 se presupuestaron 902 becas y solo se ejecutaron 86 (un 9,5%). En 2023 solo se ejecutó una tercera parte del gasto con 208 becas y en 2024 apenas subió 284 y solo se graduaron de educación dual 252 personas, lo que es un número ridículo.

Y respecto a la modalidad de contratar servicios apetecidos por el mercado y por demandantes de capacitación solo se han contratado cursos de inglés que han favorecido solo a 75 personas en 2022, a 86 becados en 2023 y subió a un todavía muy insuficiente número de 1235 en 2024. El reporte de la Contraloría General de la República de este mes de agosto DFOE-CAP-IAD-00002-2025 señala que no se ha realizado un trabajo detallado para determinar las necesidades insatisfechas, lo que a mi modo de ver es cortar pelos en el aire pues evidente el gran faltante de formación en inglés. Lo que si señala adecuadamente ese informe es la falta de concreción en las condiciones de los cursos contratados, la competencia de los docentes, y lo más grave, la no evaluación de los resultados obtenidos por los estudiantes.

5. El cambio climático como amenaza y oportunidad

La crisis climática también plantea riesgos y posibilidades. Costa Rica puede generar nuevos empleos mediante inversiones en adaptación, transporte eléctrico, transición energética y reforestación. Pero necesita políticas públicas consistentes, financiamiento verde y sinergias entre el Estado, el sector privado y la cooperación internacional.

Conclusión

Costa Rica tiene fortalezas institucionales, talento humano y valores democráticos que nos permiten enfrentar estos retos. Pero el tiempo apremia.

Además, estos retos afectan las bases mismas de nuestra pauta de desarrollo: apertura internacional, atracción de inversión, una población educada y capaz y reconocimiento a nuestros logros democráticos y ambientales.

Debemos asumir la complejidad de los desafíos, construir acuerdos de largo plazo, y actuar con decisión. Solo así podremos transformar las amenazas en oportunidades y garantizar un futuro justo, próspero y sostenible para todos.

Para ello es esencial ser capaces de volver a aplicar la solución costarricense. Prever las soluciones que se irán requiriendo para enfrentar estos retos y actuar unidos para lograrlo.