Después de 25 años, admiración por el coraje de los jueces

Al oír el pasado 29 de mayo la lectura del por tanto del caso de reaseguros que después de 25 años al fin declaraba mi absolutoria por certeza, sentí profunda admiración por el coraje de los jueces de nuestro país.

A la par de esa admiración me dolía que Lorena no disfrutara ese veredicto a mi lado, experimentaba profunda gratitud a Dios por permitirme llegar vivo a ese momento, a mi familia, a mi amigo y extraordinario abogado Cristián Arguedas y a todas las personas que a lo largo de estos años me han dado su apoyo, y brotaban en mi alma lamentos por lo sufrido por mi familia, por nuestros amigos y por nuestra institucionalidad institucional.

Me emocionó escuchar a la señora Presidenta del Tribunal señalar en su explicación de esa resolución unánime lo que desde el primer día manifesté a fiscales y jueces, que no había ningún hecho mío que me involucrara en delito alguno, que se trataba de una narrativa inventada sin ningún soporte que la respaldara.

Dijo la Jueza Presidenta: “Indican el Ministerio Público y los querellantes que con ocasión de esta estructura Uds. (se dirige a los indiciados al resto de los cuales conocí durante este proceso) formaron un plan criminal liderado por don Miguel Angel Rodríguez del que no existe una sola prueba en el expediente, ni legal ni ilegal, de que esto fuera así para extraer y disponer de fondos públicos”

Este caso de reaseguros es uno en que la justicia exige del tribunal no solo lealtad y conocimiento, sino también coraje para no ceder ante las presiones, ni ante los intereses institucionales del Ministerio Público y del Poder Judicial en que aquel se ubica.

No dudo del conocimiento, la lealtad y el coraje de nuestros tribunales. Por eso aquella noche cuando estaba solo en mi cuarto en un Hotel en San Juan Puerto Rico, mientras viajaba en funciones de Secretario General de la OEA, tomé la resolución de renunciar a ese tan honroso cargo y venir a mi país para defender mis actuaciones ante nuestros tribunales. Tomé esa decisión ante el atropello flagrante a mis derechos constitucionales, a la presunción de inocencia y al deber de objetividad del Ministerio Público que generaba una acción concertada del ente acusador con algunos medios de comunicación para condenarme.

Lo hice cuando las actuaciones del Presidente de la República, del Fiscal General, de políticos de diversos partidos y de muy influyentes medios de comunicación ya estaban convenciendo a la ciudadanía de mi culpabilidad y sacaban provecho de esa condenatoria para sus propios intereses.

Hace 20 años en mi libro Di la Cara publiqué: “Durante varios días antes de mi regreso los medios habían estado soliviantando a la población, como quien azuza a los perros. Los excesos a los que llegaron en el uso de titulares y portadas fueron inconcebi­bles. En el colmo del paroxismo de su abuso de poder, el periódico La Nación presentó en su primera página todos los titulares que hasta el momento ellos mismos habían publicado en relación conmigo, a cuál más hiriente. Esa portada, absolutamente autorreferencial, pues sólo se citaban a sí mismos, reflejaba sin duda el deseo de ser juez y verdugo en aquel espectáculo amarillista que tanto debió aumentar sus ingresos y su poder.”

Sabía del impacto que a lo largo de la historia una condena de la opinión pública ha ejercido para lograr la condena de inocentes. Pero había estudiado derecho y en mis actividades privadas y públicas había constatado la reciedumbre de nuestros tribunales.

Regresé al país sin siquiera tener el gusto de conocer al Lic. Rafael Gairaud que generosamente por teléfono había aceptado asumir mi defensa. Lo hice sabiendo que iba a ser arrestado, pues así lo manifestó el Fiscal General Dall´Anese a don Rafael luego de que le hizo entrega de una carta mía indicándole el día y vuelo de mi regreso y solicitándole una cita para presentarme a mi llegada al Ministerio Público para ser indagado.

Jamás pude imaginar el circo de infamia que organizaron el Poder Ejecutivo y el Fiscal General para recibirme y exhibirme pública y degradantemente como culpable. Esos hechos merecieron una condena de la Sala Constitucional en defensa de mis derechos fundamentales. No importaba el costo, se trataba de condenarme ante la ciudadanía.

Después de la exhibición esposado como culpable, de la detención y la perrera que viví aquel lamentable 15 de octubre de 2004, acciones violatorias de normas constitucionales y legales siguieron propiciando mi condena ante la opinión pública.

Así se creó un juicio paralelo. Un caso de lawfare, de politización de la justicia.

Todo ello provoca en el subconsciente de los jueces un único camino como solución para mis casos: la condena que cumple las expectativas populares y defiende el prestigio institucional.

El politólogo y Presidente del Consejo de Administración del prestigioso periódico Le Monde, señala en su obra Borrachera Democrática que los órganos acusadores saben que una denuncia pública de un político se convierte en una condena y advierte del peligro de la unión de órganos acusadores y medios de comunicación.

En mi caso la Inspección Judicial constató la comunicación de información reservada del Ministerio Público a ciertos medios de comunicación que la usaban estratégicamente para condenarme ante la opinión pública y para influir cuando se conocían medidas como mi encarcelamiento.

Cuando se dan circunstancias como estas, que los jueces actúen conforme a derecho no depende solo de su conocimiento y su honorabilidad. Es necesario que tomen consciencia de la influencia que en nuestros subconscientes tiene una condena de la opinión pública.

En ocasiones como las que he vivido se requieren jueces heroicos para juzgar a todos -incluso a los que son acusados por sus cargos públicos- con las mismas reglas, con todas las reglas del debido proceso.

Por años no se me trató como a los demás y sufrí violación de mis derechos fundamentales, incluso declarados por la Sala Constitucional. El interesado puede conocer los detalles en www.juiciojusto.com y en ese sitio un resumen en mi Presentación Material en este caso, rendida los días 14 y 15 de mayo recién pasados.

Pero finalmente los Tribunales de Justicia dictaron reiteradas sentencias unánimes que me absolvieron de los injustos cargos.

Hice bien aquella noche en Puerto Rico en confiar en nuestros jueces.

Miguel Angel Rodríguez E.

Ex Presidente de Costa Rica
Ex Secretario General de la OEA
Economista, abogado, político.
Esposo, padre, abuelo.

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