Reformar la justicia más allá de los magistrados

El debate sobre el Poder Judicial ha tomado fuerza en Costa Rica. Se discute cambiar la forma de elegir magistrados o reducir la duración de sus nombramientos, como si ahí estuviera la raíz de los problemas. No lo creo.

La principal falla de nuestro sistema de justicia no es el mecanismo de nombramiento de las altas jerarquías. Es la mora judicial. Y contra ella poco se avanza si no se transforman procedimientos, gestión y uso de recursos.

El juicio por el caso de reaseguros, cuya investigación comenzó en 2001 y cuya sentencia se conocerá un cuarto de siglo después, es una muestra extrema de esa realidad. Incluso la Sala Constitucional declaró en 2022 que se violaba mi derecho a una justicia pronta y cumplida. Cuatro años después, el problema continúa.

No me referiré al fondo del juicio antes de la sentencia definitiva, que podremos conocer en audiencia para la cual estamos convocados el próximo viernes 29.

Procedo así para seguir guardando el respeto absoluto a nuestros tribunales que he mantenido desde el 15 de octubre de 2004 cuando -previo a anuncio de mi llegada al Fiscal General- volví al país para presentarme ante nuestros jueces y fui recibido con un circo de oprobio e infamia justamente sancionado por nuestra Sala Constitucional.

Pero sí me refiero a las lecciones institucionales que deja un proceso extremo de retardo de la justicia, y que mereció que la Sala Constitucional dictara un amparo en mi favor por violación a mi derecho fundamental a justicia pronta y cumplida.

Es un caso que deja muy en claro los enormes esfuerzos del Ministerio Público por retardar el proceso, con largos períodos sin avance alguno en sus investigaciones, con acciones que ameritaron repetidas llamadas de atención de los jueces, con un enorme desorden que impidió y atrasó por 3 años una audiencia preliminar, oponiéndose a que se fijara plazo a sus retrasadísimas investigaciones, alegando falsamente que no se había puesto en conocimiento de las partes una prueba que incluso el propio Ministerio Público había utilizado previamente.

Costa Rica necesita reformas procesales profundas.

Primero, deben establecerse límites efectivos a la duración de las investigaciones penales. En muchos países europeos y en Estados Unidos existen mecanismos que extinguen la acción penal cuando el Estado prolonga irrazonablemente los procesos. Nuestra legislación debería avanzar en esa dirección para proteger el derecho constitucional a justicia pronta y cumplida. Ya hay una reforma propuesta del Lic Cristián Arguedas para establecerlo.

Segundo, es indispensable fortalecer el papel de la audiencia preliminar. No deberían llegar a juicio causas en las que las pruebas no tengan posibilidades evidentes de condena. El proceso penal no puede convertirse en un castigo anticipado mediante años de exposición pública y desgaste personal.

También deben revisarse reglas que consumen tiempo sin aportar calidad a la justicia. La lectura íntegra de acusaciones y querellas en juicio oral, por ejemplo, podría hacerse fuera de sala. La incorporación de prueba documental admitida debería realizarse administrativamente, reservando el juicio oral para la verdadera controversia.

Además, los jueces de garantía deben actuar con mayor firmeza frente a investigaciones excesivamente prolongadas. No es razonable que expedientes se extiendan durante años sin control efectivo.

La reforma judicial también debe considerar la nueva realidad de seguridad que vive el país. Jueces y sus familias requieren mayores mecanismos de protección frente a organizaciones criminales cada vez más violentas y poderosas.

Finalmente, para usar mejor los escasos recursos de la judicatura, los procedimientos de cobro judicial deben pasar a ser tramitados por notarios y no por jueces, salvo apelaciones de temas litigiosos. Eso liberaría personal muy especializado, recursos financieros y tiempo para atender las áreas más contenciosas.

Nada de esto implica debilitar la independencia judicial. Al contrario: fortalecer la eficiencia del sistema es una manera de defenderla.

Una justicia lenta termina erosionando la confianza ciudadana y debilitando el Estado de derecho.

Por eso resulta insuficiente concentrar toda la discusión en magistrados, períodos o mecanismos de elección. El verdadero desafío es construir un Poder Judicial más ágil, más moderno y capaz de resolver conflictos en tiempos razonables.

Porque una justicia que tarda demasiado deja de ser justicia.