Democracia, Estado de Derecho y confianza: las condiciones para que Costa Rica siga avanzando

La semana pasada me uní a miles de mis compatriotas en el plantón por la democracia. No fui contra la presidenta, contra el Gobierno ni contra quienes lo apoyan. Tampoco fui a sostener que nuestras instituciones funcionan perfectamente o que no requieren cambios profundos. Fui en favor de Costa Rica, de la libertad y la dignidad de cada persona y de las garantías que las hacen efectivas.

La democracia liberal no se agota en elegir gobernantes. El voto confiere el derecho y la responsabilidad de gobernar, pero no entrega poder absoluto. La Constitución, el Estado de derecho, la división de poderes, la libertad de expresión y la independencia de magistrados y jueces protegen a todas las personas, incluidas quienes no votaron por la mayoría. Existen para que ningún gobernante —el actual ni ninguno futuro— pueda actuar sin límites.

En estos días de antagonismo debemos recordar una enseñanza profundamente costarricense: quienes piensan distinto no son enemigos. Son compatriotas con posiciones diferentes y con igual dignidad. Podemos criticar con firmeza, exigir responsabilidades y proponer reformas sin negar la legitimidad del otro. El Poder Ejecutivo debe respetar al Legislativo y al Judicial; estos deben respetar las competencias del Ejecutivo. Respeto no significa complacencia ni silencio. Significa ejercer cada función dentro de la Constitución, aceptar los controles y tramitar las diferencias por las vías institucionales.

Resolver pronto los conflictos entre poderes es ya una urgencia nacional. Si se prolongan, deterioran la confianza, distraen de los problemas cotidianos y llevan a cada parte a endurecer sus posiciones. Para superarlos no basta invocar normas y competencias. También debemos rescatar el amor en las relaciones humanas: esa disposición a reconocer la dignidad del otro, buscar su bien y tratarlo con amabilidad aun en el desacuerdo. Es una orientación cristiana profundamente arraigada en nuestra cultura y abierta a toda persona de buena voluntad.

Esta confrontación es aún más peligrosa porque ocurre cuando nuestra economía pierde impulso. El Banco Central ha revisado a la baja sus proyecciones y señala una desaceleración de la actividad. Pierden dinamismo tanto actividades del régimen definitivo como del régimen especial, y el ritmo de la inversión se debilita. A ello se suma un entorno externo menos favorable, marcado por tensiones geopolíticas, políticas comerciales inciertas y fragmentación geoeconómica. En semejantes condiciones, añadir incertidumbre institucional es encarecer el futuro precisamente cuando más necesitamos confianza para invertir, producir y crear empleo.

Este tema interesa de manera especial a trabajadores y empresarios. Una empresa se funda mirando al futuro. Para invertir, contratar personas, comprar maquinaria, solicitar crédito o abrir un nuevo mercado se necesita confianza. No basta calcular tasas de interés, costos o demanda. También hay que confiar en que las reglas serán conocidas, que los contratos se cumplirán y que, si surge una controversia, será resuelta por jueces independientes y en un plazo razonable.

La seguridad jurídica es parte esencial de la infraestructura productiva. Una carretera transporta bienes; un buen sistema judicial transporta confianza a través del tiempo. Permite celebrar contratos sabiendo que una autoridad imparcial podrá hacerlos cumplir. Cuando disminuye esa confianza, aumenta el riesgo, se encarece el crédito, se reducen las inversiones y se posponen contrataciones.

Esa protección no beneficia únicamente a las grandes compañías. La necesita especialmente el pequeño empresario que enfrenta a un proveedor poderoso; el agricultor que requiere el pago de su cosecha; la empresa familiar que debe cobrar una deuda; el trabajador que reclama sus derechos; el consumidor perjudicado; el emprendedor que protege una idea o una marca. En todos esos casos, la fuerza de la razón debe prevalecer sobre la razón de la fuerza, del dinero o de la influencia política.

La justicia ordinaria resuelve conflictos comerciales, civiles, laborales, de familia y penales. La jurisdicción contencioso-administrativa controla la legalidad de la actuación del Estado. Allí puede discutirse una decisión administrativa, tributaria, regulatoria o contractual que se considere contraria al ordenamiento. Ese control no impide gobernar. Obliga a gobernar conforme a la ley y ofrece al ciudadano y a la empresa un juez independiente frente al enorme poder de la Administración.

La justicia constitucional cumple otra función indispensable. La acción de inconstitucionalidad permite cuestionar leyes, decretos, reglamentos y otras normas contrarias a la Constitución. El amparo protege los derechos fundamentales ante acciones u omisiones que los lesionen. El hábeas corpus resguarda la libertad y la integridad personal frente a detenciones o restricciones ilegítimas.

Son instrumentos distintos, pero todos expresan una misma idea: en Costa Rica el poder público está sometido al Derecho.

Podría parecer que perder o debilitar esas garantías solo afectaría a quienes hoy se sienten amenazados por una actuación estatal. Sería una grave equivocación. Las facultades que hoy algunas personas de buena fe toleran porque confían en quienes gobiernan, mañana pueden quedar en manos de personas muy diferentes. Sin justicia constitucional y sin jueces independientes, acabaría debilitándose la defensa frente a arbitrariedades tributarias, regulaciones irrazonables, restricciones comerciales, expropiaciones, actuaciones policiales abusivas o normas que violen libertades fundamentales.

Los límites al poder no se diseñan pensando únicamente en el gobernante que nos agrada. Se establecen, precisamente, porque ningún ser humano ni grupo político es infalible y porque no sabemos quién ejercerá mañana esas potestades. Por eso los empresarios, aunque no tengan un litigio pendiente, tienen un interés directo en preservar la independencia judicial. Es una póliza de seguro institucional que protege a toda la sociedad y que no conviene cancelar en tiempos de entusiasmo o confrontación.

Defender esa independencia no significa defender el estado actual de la justicia. La mora judicial causa enormes daños. Un proceso que tarda años puede cerrar una empresa, destruir un patrimonio o convertir una eventual victoria en una reparación inútil. También deben corregirse privilegios injustificados, fallas de gestión, falta de transparencia y procedimientos que consumen recursos sin mejorar las decisiones.

Necesitamos reformas grandes y bien hechas: plazos efectivos para las investigaciones y los procesos; audiencias preliminares que eviten llevar a juicio causas sin posibilidad seria de condena; procedimientos más sencillos; mejor gestión de los despachos; uso inteligente de la tecnología; evaluación del desempeño; rendición de cuentas; protección para jueces amenazados por el crimen organizado; y recursos concentrados en resolver con calidad y rapidez.

Cambiar únicamente la forma de elegir magistrados o la duración de sus nombramientos no resolverá la mora judicial. Mucho menos la resolvería sustituir profesionales capaces por personas cuya principal condición sea la lealtad política. La independencia debe ir acompañada de eficiencia y responsabilidad; la reforma debe fortalecer la justicia, no someterla.

Costa Rica ha avanzado muchas veces mediante acuerdos entre sectores que inicialmente parecían muy distantes. Nuestra historia no fue construida por un solo partido, una sola ideología o un solo grupo social. Trabajadores y empresarios, liberales, socialcristianos, socialdemócratas y personas de otras corrientes lograron preservar lo esencial y acordar soluciones. Esa disposición al encuentro es una de nuestras mayores riquezas.

Hoy necesitamos recuperar esa manera de resolver las disyuntivas nacionales. Hoy necesitamos de la solución costarricense: prever problemas y riesgos y unirnos para buscar y ejecutar soluciones como lo han hecho nuestros antepasados desde el acuerdo del Pacto de Concordia en diciembre de 1821.

No antagonizar, sino dialogar. No desacreditar, sino proponer. No imponer, sino construir acuerdos. No alimentar el resentimiento, sino practicar la amabilidad y el amor cívico. Ello exige que cada poder reconozca sus límites, que ninguno procure humillar al otro y que todos comprendan que su legitimidad proviene de la misma Constitución.

El éxito de un gobierno beneficia al país, y su fracaso perjudica sobre todo a quienes tienen menos. Por eso deseo que el Gobierno acierte, impulse las reformas necesarias y atienda los problemas urgentes de seguridad, previsión social, educación, salud, medioambiente, empleo e infraestructura. Precisamente para que sus logros sean duraderos, deben alcanzarse respetando la ley, los derechos fundamentales y la independencia de los otros poderes.

La confianza tarda décadas en construirse y puede perderse rápidamente. Para seguir atrayendo inversión, creando empleo y generando bienestar, Costa Rica debe continuar siendo un país donde los contratos se cumplen, las controversias se resuelven imparcialmente, las autoridades rinden cuentas y cada persona puede acudir ante un juez independiente.

No se trata de estar contra nadie. Se trata de estar en favor de una Costa Rica donde la democracia, el Estado de derecho y el respeto mutuo nos permitan preservar la libertad, proteger la dignidad humana y seguir avanzando juntos.