Gobierno y diputados: no propicien que más padres abandonen a sus hijos
La propuesta del presupuesto del Ministerio de Salud que se tramita para el año entrante pone en riesgo la vigencia efectiva de la Ley de Paternidad Responsable. Se pone en peligro la protección de las madres y sus hijos nacidos fuera de matrimonio. Es un retroceso inaceptable.
La Ley de Paternidad Responsable es un aporte costarricense pionero, que innovó el derecho de familia. Para que se den sus resultados se depende del laboratorio de identificación genética que con ese fin estableció la propia Ley de Paternidad Responsable.
El laboratorio con apoyo del Presidente Ejecutivo Rodolfo Piza y de sus colaboradores lo establecimos en la Caja Costarricense de Seguro Social, fue inaugurado el 1.º de febrero de 2002 e inició funciones el 17 de junio de ese año.
Los exámenes respectivos son gratuitos y cubiertos por el Estado para lo que la Ley de Paternidad Responsable aprobó que el estado contribuyera con hasta ₡1.000 millones para el establecimiento y operación de ese laboratorio.
En los últimos años el estado venía contribuyendo a la CCSS con ese propósito con unos ₡500 millones anuales. Pero en 2023 se redujo esa erogación a ₡194 millones que desde entonces se han mantenido.
La CCSS ha mantenido funcionando el laboratorio con sus recursos lo cual es insostenible. Entre 2023 y 2025 la Caja se verá obligada a aportar más de ₡600 millones para mantener la operación del laboratorio. Pero el obligado a hacerlo es el estado. El estado acumula irresponsablemente una deuda billonaria con la CCSS que aumenta vertiginosamente durante este gobierno y ni siquiera paga los gastos de operación de este laboratorio que son menos de un 0,005% de su presupuesto.
El laboratorio requiere reequipamiento y eso es necesario para mantener los más altos niveles de precisión y calidad. Pero es peor la situación. No solo faltan gastos para reequiparlo. Solo para gastos de operación normal el laboratorio necesita unos ₡600 millones para el año entrante.
Dentro del presupuesto nacional la cantidad adicional requerida es una migaja. Pero es indispensable para la protección de las madres y sus hijos nacidos fuera de matrimonio.
La Ley de Paternidad fue producto de una gran necesidad nacional que nos compelía a hacer justicia.
Por eso desde 1987 en el momento mismo de plantear mi primera candidatura a un puesto de elección popular, manifesté que el país debía solucionar la falta de apoyo de tantos padres a sus hijos.
Era un tema que podría ser muy impopular entre los hombres, pero sentí un deber moral de enfrentarlo. El machismo llegaba al extremo de que conocí padres que se vanagloriaban del número de hijos a los que habían abandonado dejando a sus madres solas con las responsabilidades de darles amor y formación y de sacarlos adelante con las difíciles cargas económicas que eso conlleva.
En los programas de gobierno de 1994 y de 1998 planteamos la necesidad de enfrentar el problema de hombres que abandonan a sus hijos, les niegan su amor, su cuido y su apellido y no asumen la responsabilidad de educarlos y velar por su manutención.
Cuando iniciamos la lucha por este tema en 1987 el 21,2 % de las inscripciones de nacimientos era de “padre desconocido” como ignominiosamente se les denominaba antes de que Lorena luchara por cambiar a la denominación de “padre no declarado”. Para el año 2000 había subido a 31,1 %, casi un tercio del total. Con la Ley de Paternidad Responsable en 2002 solo un 8,3 % fue de padre no declarado, y fue bajando hasta 6,7 % en 2007. Pero –probablemente por falta de información a las madres– este porcentaje ha vuelto a aumentar hasta 8,1 en 2014 y 9,4 % para el año 2022. Esta es una llamada de atención al INAMU, como ente encargado de las políticas de paternidad responsable. De las pruebas de ADN realizadas más de 83% confirmaron al padre.
De haberse mantenido la situación existente en el año 2000, durante los siguientes 20 años 322.498 niños y niñas que gracias a la Ley de Paternidad Responsable y al laboratorio de marcadores genéticos de la CCSS han obtenido el derecho de conocer quién es su padre y contar con su apoyo, no gozarían de esa ventaja para su educación y manutención, con potenciales limitaciones muy graves durante su vida.
La tesis para el Ph. D. de Álvaro Ramos-Chaves en la Universidad de California Berkeley obtiene dos importantes verificaciones de efectos de la Ley de Paternidad Responsable.
Por una parte, como era de esperar disminuyó el número de nacimientos entre las mujeres no casadas. Esto por las responsabilidades y costos que sus padres deben ahora afrontar. por el costo para los hombres que ahora tendrían que afrontar.
Por otra parte, la Ley de Paternidad Responsable favorece en especial a las mujeres jóvenes en edad de procrear, pues son quienes junto con sus bebés se ven beneficiadas por las disposiciones que ahora les garantizan la responsabilidad de los padres de sus hijos nacidos fuera de matrimonio. Esa ventaja no regía para quienes fueron madres en esas condiciones antes de la vigencia de esta ley. Por eso a partir de Ley de Paternidad Responsable se produce una mayor desigualdad entre las mujeres madres en favor de las mayores de edad jóvenes. La tesis de Álvaro Ramos-Chaves así lo comprueba.
Si deja de operar la Ley de Paternidad Responsable todos los ya comprobados efectos tan favorables de la Ley de Paternidad Responsable se revertirían con el tiempo y se volvería a un gran incremento en la cantidad de padres que abandonan a sus hijos nacidos fuera de matrimonio, cuyas madres tendrían que afrontar solas los deberes de ambos progenitores. Esto sería un grave daño para sus hijos.
Pero la efectividad de la Ley de Paternidad Responsable depende de la operación del laboratorio de marcadores genéticos de la CCSS.
Depende directamente del laboratorio para los casos en que el presunto padre rechaza la inscripción del bebé bajo su paternidad por declaración de la madre que no está casada con él, pues en estos casos la ley lo obliga a someterse a las pruebas de ADN. De las pruebas en el laboratorio de la CCSS solo un 15 % rechazan la paternidad declarada por la madre que dio a luz fuera de matrimonio. Esto es muy importante y la demanda por los servicios ha aumentado a pesar de la disminución en número de nacimientos. En este año el laboratorio ha procesado más de 300 solicitudes por paternidad al mes.
Pero el impacto del laboratorio es aún mayor pues ahora muchos más progenitores masculinos declaran voluntariamente su paternidad al inscribir a los bebes nacidos fuera de matrimonio. Lo hacen por la posibilidad de que la madre los declare como padres al amparo de la Ley de Paternidad Responsable y si no lo aceptan deberán hacerse el examen de ADN o se les inscribirá como presuntos padres con todas las obligaciones.
Sin laboratorio este incentivo desaparece.
Eso debe evitarse.
La justicia con las madres y los hijos a quienes los padres irresponsablemente abandonan demanda a las señoras diputadas y los señores diputados que financien el laboratorio de indicadores genéticos de la CCSS. Por favor defiendan la Ley de Paternidad Responsable, defiendan la justicia, defiendan la familia.
