Una de las preocupaciones centrales de la Administración Rodríguez Echeverría (1998 – 2002), es la identificación de mecanismos y procedimientos mediante los cuales se puedan abordar los problemas estructurales de la pobreza. Así como promover una estrategia que conduzca a su reducción –de un 19,7% actualmente a un 16% en el año 2001– mediante programas cuyos beneficios lleguen, efectivamente, a las familias en condición de pobreza.

Tanto las encuestas como la prensa constatan de una manera regular el creciente sentimiento de inseguridad que vive la ciudadanía. Por otra parte las estadísticas del Organismo de Investigación Judicial demuestran el aumento en los delitos contra la propiedad y la aparición de una nueva forma de delincuencia de cuello blanco.

Este recrudecimiento de la sensación de inseguridad, motivado por las acciones cada día mas violentas y por la actividad organizada de los delincuentes, ha llevado a que sea necesario elaborar un Plan Integral para coordinar las operaciones y objetivos de todas las instituciones que tienen que ver con la prevención del delito, la reestructuración de las organizaciones policiales, la participación de la comunidad en la lucha contra la delincuencia, los castigos más severos para quienes delinquen y el fortalecimiento de programas de rehabilitación para aquellos privados de libertad que así lo requieran.

La erradicación de prácticas corruptas es una tarea cuya base es el fomento de valores de honestidad, responsabilidad y solidaridad entre toda la población costarricense, la cual comprende tres objetivos específicos que son:

• Control contra la corrupción

• Rendición de cuentas

• Foro permanente contra la corrupción

Las aceleradas transformaciones mundiales y las condiciones que se viven en nuestro país, obligan a un cambio sustantivo en la forma de gobernar, mediante la definición y el impulso de un nuevo esquema que garantice el establecimiento de oportunidades para que todas las personas logren una calidad de vida digna.
El gobierno de Costa Rica actualmente promueve el desarrollo de una política social integral, articulada y congruente, que tenga el mismo nivel que la política económica, que ocupe el primer orden de la agenda nacional y que supere los enfoques compensatorios, cortoplacistas y paternalistas.