Disyuntivas

La inclusión participativa no se logra con leyes especiales.

En las últimas décadas muy justificadamente han cobrado renovado impulso los esfuerzos en favor de grupos históricamente marginados.

En muchos países esto ha dado lugar a iniciativas sociales, y algunas legislativas y regulatorias que buscan la inclusión por medio de normas específicas para cada grupo minoritario por razones de raza, etnia, cultura o por su orientación sexual.

Esta tendencia, aunque bien intencionada, corre el riesgo de fragmentar el orden jurídico, generar resentimientos y, en lugar de lograr mayor cohesión social, producir mayor polarización.

Lo que realmente necesitan las minorías no es un cuerpo legal distinto al de la mayoría ni un trato generalizado de acciones afirmativas favorables. Lo que requieren es que las leyes generales, aquellas que se han desarrollado para el buen manejo de la sociedad, se apliquen de forma efectiva, justa y sin discriminación también en su beneficio, y que se actúe contra la discriminación en su contra.

Una sociedad justa no crea una norma para cada grupo, sino que garantiza que ninguna persona, por su condición o identidad, quede excluida del amparo y los beneficios de las normas comunes y no se vea sujeta a segregación en su contra.

Para que se pueda actuar de manera efectiva con esta finalidad lo que es esencial es que toda persona y todo grupo social, con prescindencia de sus características diferenciadoras, tenga plena participación en la vida social, sin discriminación alguna.

La participación significa pertenencia y capacidad de influir en las decisiones colectivas.

Los excesos en nombre de la inclusión pueden minar los principios del Estado de Derecho. Las leyes específicas para cada identidad, aunque nacen de la intención de reparar desigualdades históricas, tienden a debilitar la universalidad del derecho y a crear sistemas paralelos que, lejos de integrar, separan. La igualdad de oportunidades y de trato no se alcanza multiplicando categorías legales, sino asegurando que todos —mayorías y minorías— puedan ejercer sus derechos bajo las mismas reglas, sin trabas ni privilegios.

No podemos negar la existencia de discriminaciones reales, ni los obstáculos adicionales que enfrentan muchos grupos. Esos son problemas urgentes que deben ser abordados. Pero el camino más sólido para superarlos no es la proliferación de legislaciones específicas, sino la capacidad de todos sin discriminaciones a participar plenamente en la vida social y política, igualdad en la aplicación de la justicia, el fortalecimiento del acceso universal a la educación, la salud y a las oportunidades económicas.

Ciertamente este es un camino en el cual nunca se alcanza la perfección, y siempre debemos estar procurando avanzar.

En un artículo anterior señalé cómo los movimientos “woke” y “anti-woke” representan dos respuestas fallidas a esta tensión. (“Woke y anti-woke Progres y retrógrados” en www.rodriguez.cr). El primero, al priorizar identidades específicas sobre normas generales, tiende a generar nuevos privilegios y, con ello, nuevas exclusiones y mayores enfrentamientos. El segundo, al invocar una supuesta neutralidad legal que ignora desigualdades estructurales, perpetúa situaciones de discriminación al amparo de una igualdad formal ficticia. Ambos extremos —el de quienes quieren leyes a la medida de cada colectivo, y el de quienes se niegan a reconocer las barreras que aún enfrentan muchos— terminan siendo igualmente perjudiciales.

Las experiencias internacionales confirman la importancia de este enfoque. En Canadá, por ejemplo, la Corte Suprema ha reafirmado que el principio de igualdad sustantiva requiere no solo leyes inclusivas, sino también su implementación efectiva en condiciones equitativas. En Alemania, el Tribunal Constitucional ha defendido que el principio de igualdad ante la ley se ve comprometido cuando el Estado fragmenta sus políticas según identidades específicas en vez de asegurar mecanismos comunes de protección. Y en Estados Unidos, debates recientes sobre políticas de admisión universitaria por “acción afirmativa” han revelado cómo, en nombre de la diversidad, pueden surgir nuevas formas de exclusión cuando medidas transitorias para generar una apertura a la participación se convierten en fines por sí mismos y pretenden ser permanentes

Para aumentar la participación de minorías en las decisiones y acciones colectivas es preciso contar con descentralización que la favorezca y permita acercar la toma de decisiones a las personas y grupos directamente afectadas por ellas, y también contar con un sistema de gobernanza y control a la burocracia que evite las discriminaciones.

Incluso, en algunas contadas ocasiones, para eliminar la inercia de la discriminación y la segregación muy asentadas se requiere de acciones afirmativas temporales como me tocó promover junto con Lorena con las cuotas en favor de las mujeres. Se trata en este caso de una tradición muy firmemente consolidada por prácticas milenarias. También para dar más voz a los habitantes de todos los cantones establecimos en mi gobierno el Triángulo de Solidaridad bajo el liderazgo de la Vicepresidenta Astrid Fischel. Por este medio se dio participación a todas las fuerzas organizadas de cada cantón para influir activamente a la par de las autoridades cantonales y nacionales en la determinación y ejecución de las actividades públicas locales.

Por eso la verdadera inclusión participativa exige más que leyes: exige cultura cívica, instituciones imparciales y voluntad política. Requiere aplicar con firmeza las normas generales —las que castigan la violencia, las que prohíben la discriminación, las que garantizan acceso a servicios públicos— en beneficio de todos, incluyendo a los más vulnerables. Exige también vigilancia activa por parte de la ciudadanía y mecanismos eficaces de rendición de cuentas.

Debemos recordar que la historia del progreso humano está íntimamente ligada al desarrollo de reglas generales de buena conducta, normas que no distinguen por raza, religión o condición social, sino que protegen a cada ser humano por igual. El desafío actual es asegurar que estas normas no queden en el papel, sino que se cumplan, sin excepciones ni omisiones.

Esa tarea —la de construir una sociedad regida por reglas generales justas, universales y efectivamente aplicadas— no tiene punto final. Es un proceso continuo, con avances y retrocesos, que requiere firmeza frente a los extremos y confianza en la capacidad humana de aprender, dialogar y mejorar.

Costa Rica ha tenido una larga tradición en este camino. Sin necesidad de leyes especiales, supimos extender la educación, el voto, la seguridad social y los derechos civiles a todos nuestros ciudadanos. Debemos cuidar y continuar esa senda, resistiendo tanto la tentación de fragmentar la legalidad como la indiferencia ante las injusticias persistentes.

La inclusión no se decreta con etiquetas ni con normativas particulares para cada quien. Se construye, paso a paso, haciendo que aumente la participación ciudadana y que las buenas leyes se apliquen igual para todos, y que todos puedan beneficiarse de ellas. Esa es la igualdad que vale: la que da sentido de pertenencia al todo y permite la participación de todos, la que no segrega, la que no privilegia, la que no divide sino más bien une.