Los diputados tienen ese carácter por la nación

Así lo establece nuestra constitución. Y así lo entendemos los costarricenses.

Esa afirmación no se refiere solo a la fracción legislativa de gobierno. Se refiere a todos los integrantes de la Asamblea Legislativa.

Significa que están en sus puestos políticos para bien de la nación, de todos los ciudadanos, y según nuestra cultura cristiana, en especial para el bien de las personas con mayores necesidades.

El electorado eligió con una exuberante mayoría como su Presidenta a la Sra. Laura Fernández y le otorgó a su partido una clara mayoría en la Asamblea Legislativa.

Ello no exonera a las fracciones opositoras de responsabilidad para cumplir con su mandato en favor de la nación.

Eso es evidente, pero se debe recalcar por la polarización política y social tan marcada que se viene acumulando especialmente en el mundo occidental desde el siglo pasado y que en nuestro país se ha intensificado grandemente en los últimos años.

Se ha gestado esa polarización por el desencanto con la democracia, por la insatisfacción con los resultados de la gestión público y por la incertidumbre y el desarraigo que nos produce el profundo y envolvente cambio de época que vive el mundo, y en especial la civilización occidental.

Para enfrentar esa polarización que incluso lleva al odio entre personas con diferentes opiniones, todos, poderes del estado, partidos políticos, medios de comunicación, organizaciones sociales y ciudadanos tenemos una responsabilidad en rescatar el tradicional buen trato que nos había caracterizado a los costarricenses.

Ese buen trato respetuoso y cordial facilitaría los necesarios entendimientos que deben prevalecer en una sociedad para lograr el mayor bien común posible.

Los diputados electos por los partidos que ahora conforman la oposición fueron elegidos por sus votantes para que trabajaran por el bienestar de los costarricenses, no para que impidan el progreso. Pero ciertamente la evaluación de las diversas soluciones a problemas nacionales se afecta por la visión política de cada fracción legislativa, de la misma manera como está afectada la visión política de los integrantes del Poder Ejecutivo.

Las diferencias son importantes y de su debate civilizado y constructivo van surgiendo las políticas públicas que se aplican. Como ninguna persona ni grupo de personas es poseedor de la sabiduría, y como todos tenemos intereses y prejuicios, la confrontación respetuosa y civilizada de diferentes posiciones políticas es un mecanismo que históricamente ha comprobado ser eficaz para ir decantando las mejores decisiones. Así lo ha sido en nuestra historia nacional desde el constructivo siglo XIX que fue conformando la institucionalidad que después fuimos refinando.

Bien harán los diputados de las fuerzas opositoras en defender elementos centrales de nuestra democracia y su estado de derecho tal como lo propusieron a los votantes durante la campaña. Pero, a la par de su actividad de una necesaria acción de control político que deberá ser respetuosa y bien intencionada, los partidos de oposición y sus fracciones parlamentarias deben contribuir a la aprobación de los proyectos de ley convenientes para el bienestar ciudadano.

Doy un ejemplo.

Los proyectos de Ciudad Gobierno y Terminal de Cruceros y Marina en Limón serían de gran beneficio para el país. En mi opinión las diputadas y diputados de oposición deberían apoyar los proyectos que faciliten su construcción, por supuesto de manera que pueda haber franca y trasparente competencia abierta entre los posibles oferentes. En mi presidencia presentamos proyectos de reforma constitucional y legal para limitar las actuaciones de la Contraloría de carácter previo y las que le permiten actuar frente a decisión discrecionales de políticas públicas.

Se podría empezar pronto con esos proyectos si se aprueban las reformas a las leyes de la Contraloría, de contratación pública y de JAPDEVA que los faciliten, pero sin abrir portillos para que pueda meter sus sucias manos la corrupción.

Lo verdaderamente necesario para ello es dejar claro: 1) que se puede utilizar la figura de un arrendamiento en terrenos del estado para que un tercero construya haga el diseño final y planos de los edificios y luego de un período de pago de alquileres pasen a propiedad del estado las construcciones que en esos terrenos se edifiquen; y 2) que JAPDEVA puede usar la figura de alianza estratégica, pero sujeta a concurso público competitivo para determinar de acuerdo con las normas de contratación administrativa cual es la mejor oferta.

Una propuesta en este sentido propiciada por los poderes ejecutivo y legislativa se podría preparar en un plazo muy corto (un mes) con la participación de un representante del gobierno, otro de la contraloría, uno del Colegio de Ingenieros y Arquitectos y otro del Colegio de Abogadas y de Abogados, tal como lo propuse hace casi dos años.

La Sra. Presidenta Electa Laura Fernández ha indicado su interés con proceder con esas obras.

Es un tema en el cual con buen trato, patriotismo y buena voluntad se podría dar un magnífico ejemplo de colaboración entre los poderes del estado, iniciando un camino que reconstruya las relaciones necesarias entre los órganos del estado.