No quiero dinero: Quiero que termine esta injusticia
El jueves pasado ofrecí públicamente renunciar a las costas que legítimamente obtuve después de más de dos décadas de litigios, si las instituciones involucradas desisten de las apelaciones presentadas contra la sentencia absolutoria del caso INS-Reaseguros.
Mi propósito es muy sencillo: poner punto final a un proceso iniciado hace 25 años y evitar que el Estado continúe gastando recursos humanos, institucionales y económicos en un caso en el cual el Tribunal determinó, de manera unánime, que no existe un solo hecho probado en mi contra.
No regresé a Costa Rica para buscar dinero. Regresé para dar la cara ante los tribunales y defender mi nombre. Hoy, si se acaba esta persecución, renunció a una compensación económica a la que tengo pleno derecho. Lo único que quiero es paz y que termine una persecución que se ha prolongado durante un cuarto de siglo.
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En 2004 renuncié voluntariamente al más alto cargo internacional que hasta entonces había desempeñado un centroamericano. Regresé al país por decisión propia, después de avisar al fiscal general, para someterme a los tribunales frente a acusaciones que siempre sostuve eran infundadas.
Trece años después fui absuelto en el caso ICE-Alcatel mediante dos sentencias unánimes de tribunales de apelación de sentencia con distinta integración, posteriormente confirmadas por la Sala Tercera.
Aquel proceso se basó en señalamientos falsos y contradictorios, que fueron cambiando durante los años, de una persona que por formularlos en coordinación con el Ministerio Público obtuvo beneficios monetarios, penales y personales.
Durante ese mismo período fui involucrado, sin fundamento alguno, en el caso INS-Reaseguros, iniciado en 2001.
En mayo de 2026, 25 años después de comenzado ese proceso, fui absuelto mediante una sentencia unánime. El Tribunal estableció que no había un solo hecho probado en mi contra y, además, condenó al pago de las costas debido a la temeridad de las acusaciones y demandas.
Pese a la contundencia de esa resolución, fueron presentadas cuatro apelaciones. Esto significa prolongar mi exposición judicial y obligar al Estado a seguir destinando recursos públicos a un proceso que ya culminó con una absolución clara y unánime.
También debe considerarse su duración extraordinaria. La Sala Constitucional determinó que se violó mi derecho a una justicia pronta y cumplida. No tiene sentido continuar prolongando precisamente la violación que la propia Sala ya reconoció.
Tengo 86 años y quiero ver terminado este proceso en vida. Por eso formulé una propuesta concreta: si las instituciones desisten de sus apelaciones, renuncio a las costas reconocidas a mi favor. Así terminaría el proceso y el Estado evitaría nuevos gastos.
No busqué una compensación económica. Vine a buscar justicia. Después de 25 años sometido a la pena de banquillo, considero razonable que una sentencia absolutoria tan contundente cierre definitivamente esta dolorosa etapa.
Quiero paz. Quiero que termine esta persecución y que el Estado deje de gastar recursos en un caso que ya debería estar cerrado desde hace muchos años.
