Los Especialistas

Los Especialistas » Miguel Angel Rodríguez por Academia de Centroamérica

Es cierto. En política para alcanzar metas es necesario negociar y ceder en algunos puntos para construir coaliciones ganadoras. Pero el fin no justifica los medios cuando el costo de esos medios es funesto para el bien común.

Con pena debo decirlo. Se convoca a sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa dos proyectos, uno que modificaría el Régimen Obligatorio de Pensiones Contributivas (ROP) y otro el Fondo de Capitalización Laboral (FCL). Ambos afectan gravemente la seguridad social, pues darían al traste con el objetivo de Ley de Protección al Trabajador de garantizar a los trabajadores una pensión adecuada para que no caigan en la pobreza en su vejez. Hacerlo a cambio de ganar la buena voluntad de un grupo de legisladores no justifica se conozcan y se puedan aprobar estos nocivos proyectos en un período en el cual el Ejecutivo controla la agenda.

El proyecto que pretende modificar el ROP -en su versión actual- permitiría a quien se pensiona pedir que se calcule su pensión para que lo cubra durante los años de su esperanza de vida. Esta sería una modificación inconveniente pues aproximadamente la mitad de las personas sobrepasan su expectativa de vida, y se quedarían sin este ingreso cuando estén más viejas y necesitadas.

Otra mitad muere antes de alcanzar su expectativa de vida, que es un promedio. Pero lo considero un mal menor ante la posibilidad de una reforma que en la práctica acabe con esta pensión complementaria, que cada día es más necesaria frente a la disminución que se viene produciendo y se seguirá dando en el porcentaje de pensión de IVM. Es un mal menor pues todas las personas -incluso quienes opten por esta alternativa- disfrutarían de una buena pensión hasta la edad de su expectativa de vida, y la mitad de los que opten por esta pensión la disfrutarían completa pues morirían antes de alcanzarla. Solo la mitad de los que escojan esa alternativa dejarían de gozar de la pensión complementaria al llegar a la vida esperada. Por este último caso es que este mal menor no se yo que se tenga como opción en ningún país.

Pero este proyecto no evita el mal mayor, pues incluye un transitorio que permitiría a los beneficiarios retirar la totalidad de los recursos para su pensión al momento de pensionarse. Lo hace con la justificación de que el retiro de la totalidad del fondo sería por un período hasta 2035. Esto prácticamente terminaría con el ROP durante ese período.

Esa larguísima transitoriedad es ficticia, se convertiría en permanente y acabaría con el ROP permanentemente. Si por la preferencia que tenemos las personas por un pequeño beneficio presente ante un grave perjuicio futuro, hoy es políticamente oportuno promover esa reforma, más lo será en el futuro con el portillo abierto y el camino ya transitado.

La sicología, la economía, la historia repetidamente lo comprueban. Las personas preferimos un pequeño beneficio presente que un gran beneficio futuro. Si así no fuera no se justificaría la previsión social. Si así no fuera nadie fumaría. Si así no fuera no habría alcohólicos. Y bien sabemos que dar un trago a un alcohólico para aliviarle la goma no es más que hundirlo en su problema.

El otro proyecto referido al FCL propone que las personas puedan retirar la totalidad de esos recursos por una sola vez en cualquier momento. Claro que esto produce un beneficio inmediato. A todos nos cae rico un ingreso adicional y siempre tenemos algo agradable en que gastarlo. Pero el costo es que se erosiona la pensión futura pues la mitad de esos recursos están destinados al ROP, y además si el trabajador pierde su empleo recibirá una menor cesantía y tendrá menos recursos durante su desempleo, que es cuando más los necesita.

Igual que en el caso referente al ROP, si hoy es políticamente beneficioso -por el engaño que se auto efectúa la gente- legislar de esta manera, ¿por qué no se va a repetir para que la posibilidad del retiro se dé siempre? Los perjuicios a la pensión y a la cesantía serían permanentes.

Similar ventaja a la que equivocadamente se pretende tienen estos proyectos, conduciría a ir pagando cada año la parte del seguro de vida correspondiente a la posibilidad de muerte en ese año, y claro a la hora de morir no quedaría casi nada para la familia.

Con el criterio de esa reforma que señala que las personas al gastar esos recursos provocarán reactivación de la economía, ¿por qué no repartir los fondos de IVM de la CCSS? Pues por la misma razón, por la necesidad que tenemos todos de contar con recursos para la vejez.

La seguridad social es la pieza fundamental de la justicia social. No se justifica sacrificar esta construcción señera de muestra historia que viene de la gran reforma social de los años cuarenta, por convenientes que sean los disfrutes inmediatos que podríamos tener. El costo es demasiado grande.

Todos los entes técnicos han expresado su opinión fuertemente contraria a la aprobación de estas iniciativas.

Más bien deberíamos estar aprobando medidas para enfrentar el agravamiento de los temas de vejez en pensiones y salud por el gran cambio demográfico que enfrentamos.

Recientemente la Defensoría de los Habitantes ha señalado que para el 2030 tendremos 725.000 adultos mayores de los cuales 235.000, casi una tercera parte, estarán en la pobreza. La situación es aún más apremiante. El documento del Banco Mundial “Envejecimiento de la Población ¿está preparada América Latina?” señala que, junto con México y Colombia, Costa Rica es uno de los únicos tres países de la región donde el grupo con mayor incidencia de la pobreza son los adultos mayores a 65 años. Además, indica, que la pobreza entre adultos mayores a 80 años se duplica en comparación con la de mayores a 65 años.

¿Es lícito agravar el problema cuando la justicia nos exige resolverlo?

Es peor. Muchos hemos venido señalando el grave problema del sobreendeudamiento de buena parte de nuestros hogares. El propio Poder Ejecutivo lo ha reconocido y ha propuesto medidas para enfrentarlo, incluyendo la necesidad de educación financiera para las personas. ¿Se promueven buenas prácticas financieras destruyendo los fondos de pensiones para facilitar el gasto presente?

No tengo razón alguna para creer que los propulsores de los proyectos o el Presidente y el Ministro de la Presidencia que los convocan a sesiones extraordinarias, tengan para hacerlo razones aviesas. Al contrario, creo en sus buenas intenciones. Pero eso no basta. De buenas intenciones está empedrado el camino a los infiernos, y muchas de esas fueron intensiones cumplidas con resultados contrarios a los de sus proponentes.

El resultado será funesto si esos proyectos se aprueban y el Ejecutivo no los veta. Y, si los vetase para ser congruente con la opinión sobre el contenido de los proyectos que el Presidente y el Ministro han expresado públicamente, ¿qué habrían ganado con convocarlos?