Los Especialistas » Miguel Angel Rodríguez por Academia de Centroamérica
Agosto 31, 2018 4:53 am
¡Cómo nos cuesta ponernos de acuerdo para defendernos y librarnos de grandes males!
Peligros
Un poderoso enemigo desde hace años nos acompaña.
No se quiso aprobar decisiones alternativas para enfrentarlo a fines del siglo XX. La redirección del gasto primero y su control después, lo dejó domado en 2006. Pero el desborde del gasto corriente en tres gobiernos, y la falta de medidas para someterlo lo hizo crecer y ahora nos amenaza con enorme fuerza. Desde el 2002 se presentó el proyecto de IVA y reforma al impuesto de renta concebido por los exministros de hacienda a solicitud de mi gobierno al no aprobarse las medidas alternativas, y desde entonces hemos sido incapaces de llegar a un acuerdo.
Ese peligroso compañero, el déficit fiscal, y su hijo el crecimiento de la deuda pública en relación a la producción, nos pueden conducir a una seria crisis fiscal y financiera que empobrezca cientos de miles de familias costarricenses. La última vez que no se quiso actuar a tiempo, se duplicó (y más) la cantidad de costarricenses viviendo en la pobreza, se dejó de educar a una quinta parte de los costarricenses que venían estudiando secundaria, se duplicó la tasa de desempleo y salimos de la catástrofe con menores costos porque vivíamos las guerras en Centro América que, en medio de la Guerra Fría, nos permitieron recibir ayudas por más de un millón de dólares diarios y que se nos perdonase casi un 70% de la deuda externa. Ahora eso es impensable y deberíamos aguantar solos la violencia de un ajuste descontrolado.
Estuvimos ya cerca de caer en el despeñadero, a raíz del enorme hueco presupuestario que nos legó el gobierno anterior. Si por eso se hubiese dejado de atender la deuda interna, habrían caído en situación de no pago todas las emisiones de bonos que tienen la cláusula cruzada. Esa cláusula determina que se entra en “default” (sea en situación de incumplimiento) si el gobierno deja de atender cualquier deuda suya. Si no actuamos pronto, las calificadoras de riesgo podrían disminuir nuestra categoría ya precaria, lo que haría que aumente la tasa de interés real de las colocaciones del gobierno.
Con un continuado aumento de las tasas de interés que deberían pagar tanto el gobierno como el sector privado, caería la inversión y el ya muy veloz crecimiento de la relación déficit fiscal a PIB se aceleraría aún más por el aumento del gasto y por la disminución del crecimiento económico. Eso nos llevaría vertiginosamente a un vicioso círculo que fácilmente podría desencadenar un corte del flujo de recursos externos al país. Si se dan esas condiciones caeríamos en la paralización de servicios públicos esenciales por falta de capacidad para pagar salarios, transferencias y compras del gobierno, o en un financiamiento inflacionario acompañado de una acelerada devaluación. En ambos casos aumentarían el desempleo y la pobreza y se necesitarían medidas mucho más duras y dolorosas de las que hoy se requieren.
Urgencia
Para evitar esos graves peligros debemos actuar ya. Llevamos muchos años de atraso y dejamos de lado soluciones alternativas.
No podemos revivir el pasado y cambiar la historia. Tenemos que enfrentar las circunstancias que hoy vivimos. Aunque no nos guste.
Está bien reclamar los errores y daños que se han causado con malas políticas fiscales en el pasado, pero eso no nos permite olvidar adonde estamos y los peligros que para mañana enfrentamos.
Claro que no nos gusta pagar más impuestos. Ni les gusta a los servidores públicos, en su gran mayoría dedicados y honestos, que no les suban mucho sus salarios; ni les gusta a las universidades y otros entes que se limiten las transferencias del gobierno; ni les ha gustado a los pensionados que no son de IVM que se les ponga límites e impuestos a sus pensiones y orden en sus regímenes con mayores contribuciones, más años de servicio, menores pensiones y límites a las mismas. Pero no nos queda otro remedio.
Debemos aprobar con urgencia el IVA que al generalizar el tributo permite no solo aumentar la recaudación al gravar el sector de servicios que cada vez es más grande en la producción nacional, sino también dar seguimiento a los pagos para controlar y recaudar mejor el impuesto de renta. Y si debemos hacerlo para enfrentar los graves peligros, debemos hacerlo bien. Debemos hacerlo sin dejar contradicciones que impidan a quienes venden el bien final deducir el IVA pagado por los productores intermedios en la escala productiva, pues no hacerlo pondría a los nacionales en gran desventaja frente a los productos importados. Es contradictoria la actitud de quienes alegan defender la producción nacional o se quejan por el cobro ineficiente de impuestos y se oponen a estas medidas.
Son también necesarios para generar recurso con que atender el déficit y para cumplir con la justicia tributaria, los cambios al impuesto de renta que introducen la renta global y van hacia tarifas más uniformes para distintas actividades.
Por supuesto que estos proyectos son siempre perfectibles, pero hoy día no debemos esperar más. Además estos cambios tributarios, apenas cubren una parte del ajuste requerido, quedando una buena parte del mismo a ser resuelto de aquí hasta el 2022 con reducción y mayor eficiencia del gasto.
Con justificación se produce una protesta de quienes tendremos que pagar más impuestos porque hay mucho gasto ineficiente. Mucho he escrito sobre el gran incremento en el gasto en educación y el poco resultado en aprendizaje de habilidades literarias, numerarias y científicas de nuestros jóvenes; sobre la falta de un sistema de incentivos salariales basados en resultados; sobre la ineficiencia de tantos servicios públicos; sobre la enorme debilidad de los pocos mecanismos de evaluación de programas y de gastos, y de rendimiento de cuentas.
Pero tenemos que estar de acuerdo con que los gastos en un gobierno eficiente son indispensables. No podemos vivir sin un sistema judicial, sin seguridad pública, sin ordenamiento para proteger el ambiente, los contratos, la propiedad. No podemos ni queremos vivir sin una cobertura universal de educación eficiente; sin una medicina preventiva y curativa que cubra a todos y que se nos encarece con el envejecimiento de la población; sin un sistema universal de seguridad social; sin programas sociales que brinden atención focalizada a las familias con mayores necesidades básicas insatisfechas, que no pueden cubrir solo con su propio esfuerzo por carecer de oportunidades. Ni podemos ni debemos seguir sin la infraestructura que nos resuelva costos al sector productivo y dolorosas pérdidas de tiempo y malestar a las personas, y cuya construcción reactive la economía hoy, y nos permita ser más eficientes mañana. Y para lograrlo deberemos redireccionar mucho gasto público hacia esos sectores más importantes. Se puede, lo hemos hecho.
Para evitar que volvamos mañana a vivir esta misma situación, además de aprobar la ley en trámite en la Asamblea Legislativa se debe tramitar la regla fiscal constitucional (las Garantías Económicas que propuse desde el 88). Deberemos seguir luchando para poner coto a los disparadores del gasto y continuar diariamente controlando el gasto público, como lo tiene que hacer siempre todo hogar o empresa eficiente. Mucho falta por hacer.
Pero recordemos que a las pensiones altas ya se les puso un impuesto de 55% y se estabilizó el régimen de pensiones del Poder Judicial con topes, menor pensión, más años de trabajo y tope máximo Desde los noventas se cerraron los regímenes de hacienda y de diputados y se reorganizó y financió el sistema del magisterio. Hay que seguir limitando y haciendo eficiente el gasto público, pero no pidamos que se haga lo que ya se ha hecho –ni neguemos que se ha hecho.
Política
Tampoco se puede pretender que políticos y partidos no busquen conseguir apoyo popular que les es indispensable para cumplir su cometido de gobernar. Pero es falso que se gane popularidad con medidas que son hoy atractivas pero tienen un costo enorme mañana.
Para quienes creen que ganarán favor popular eliminando totalmente el IVA a la canasta básica o a la educación, les comparto dos experiencias que me ha tocado vivir.
Durante el gobierno de don José Joaquín Trejos nos tocó enfrentar una grave situación fiscal heredada por exceso en el crecimiento del gasto, sobreendeudamiento público y caída en los ingresos causada por la pérdida de los impuestos de importación a causa de su eliminación cuando los bienes provenían del Mercado Común Centroamericano o cuando eran materias primas o bienes de capital para las industrias locales. Se tuvo entonces que establecer el Impuesto de Ventas y aumentar el Territorial con gran costo político. Los dos principales candidatos tomaron caminos opuestos.
Mi querido y admirado amigo el Expresidente don Mario Echandi, candidato de los partidos que estábamos en el gobierno, en su campaña se opuso a establecer esos tributos. El candidato de la oposición, don José Figueres, en campaña defendió el establecimiento de esos impuestos. Don Pepe ganó con una ventaja de 13 puntos porcentuales.
Para la elección de 1982 estábamos en medio de la gran crisis de la deuda externa y del sistema proteccionista de sustitución de importaciones. Cuando para ir a inscribir la candidatura de don Rafael Angel Calderón Fournier pasamos por el Mercado Central nos tiraron hasta los mejores tomates. Solo obtuvimos un 33% de los votos. Nuestro partido le dio apoyo al gobierno liberacionista de don Luis Alberto Monge, para las medidas más duras que frente a la crisis se debían tomar. Incluso ante la oposición de sectores del partido de gobierno a apoyar esas duras medidas, nuestros diputados lo hicieron. Cuatro años después estuvimos a punto de ganar las elecciones con crecimiento de más de una tercera parte en la participación electoral, ganamos en 1990 por haber continuado con una oposición responsable, y después ganamos las elecciones de 1998 y 2002.
Estas experiencias me demuestran que en Costa Rica la responsabilidad política rinde frutos electorales.
Fuente: CR Hoy