Discurso del Presidente de la República Miguel Angel Rodríguez Inauguración Año Judicial

16 de marzo de 2001

Señoras y señores

Como es tradición desde 1992, nos reunimos los Presidentes de los Poderes de la República y del Tribunal Supremo de Elecciones, en torno al tema de la administración de justicia. Un elemento básico para la vida en democracia y la vigencia del Estado de Derecho, que con gran acierto venimos cultivando desde el Siglo diecinueve.

Este acto es oportuno para renovar nuestro compromiso inquebrantable con el sistema judicial moderno y eficiente que merecen nuestras familias. Con el sistema capaz de responder a las demandas complejas y cambiantes de la sociedad por justicia pronta, cumplida y al alcance de todos.

Porque esos principios han guiado el desarrollo del país en este campo, la Corte Suprema de Justicia goza del respeto y aprecio de los costarricenses. A usted, don Luis Paulino, le ha correspondido en sus dos años como Presidente, llevar con gran acierto a este Poder por una nueva senda de superación y mejoramiento, a través de la evaluación, la autocrítica y la transparencia.

Especial reconocimiento merece el esfuerzo desplegado para modernizar su gestión y responder a las prioridades de los ciudadanos en cuanto a acceso al sistema, rapidez en la resolución de procesos, costo y calidad de los servicios de justicia.

Ese esfuerzo permitió que dos proyectos de la Corte ganaran el concurso Tecnología para el Mejoramiento de la Administración Pública, que organizó la Presidencia de la República. Ambos se apoyan en la red Internet para poner a disposición del público las leyes y jurisprudencia del país así como los expedientes que se tramitan en los diferentes despachos judiciales.

Señoras y Señores

Este esfuerzo merece nuestro reconocimiento. Es muy importante para mejorar la administración de justicia, para ofrecerle seguridad física y jurídica a las personas. Es importante para la tranquilidad de todos. Pero sabemos que como país, aún nos falta mucho por hacer en diversos campos que afectan la seguridad ciudadana.

Precisamente, este es un tema de la mayor importancia para las familias costarricenses. Porque lo es para las familias, debe serlo también para el Gobierno, para los Poderes de la República y sus instituciones. Eso nos obliga a plantear reformas sustanciales, a buscar soluciones efectivas y a implementarlas.

Por ello, además de asignar más recursos a la seguridad pública para capacitación, para más policías, para más patrullas, para más cárceles, para apoyo legal en los operativos, para aumentar la presencia policial en calles y barrios, y para trabajar en equipo con las comunidades con la policía comunitaria: además de todo esto, nos hemos empeñado en hacer congruentes nuestras leyes con la realidad que vivimos.

Los proyectos de Ley enviados a la Asamblea Legislativa que componen la Agenda de Seguridad Ciudadana, responden a la necesidad de combatir delitos que por años han sembrado la inseguridad e impotencia entre nuestras familias. Son delitos que por las leyes existentes, han hecho que la gente perciba que en los tribunales lo típico es la impunidad. Que se puede hurtar todos los días algo de tanto valor para una familia promedio como es la mitad de un salario mínimo, sin que pase nada, sin que sea encarcelado alguien que cotidianamente afecta seriamente a sus semejantes: esto ofende con razón el sentido subjetivo de la justicia de las personas honradas.

Y esa situación no puede continuar arrebatándonos la tranquilidad. Es importante cerrar esa posibilidad, ese portillo que queda abierto y que fomenta más y más la impunidad.

Los estudios han demostrado que quien delinque es una persona que emplea el sentido común para hacerlo, que es racional en su forma de actuar frente al objetivo que se ha propuesto. Así que, si el diseño institucional, si las leyes se lo permiten, nunca va dejar de hacerlo, pues le resulta rentable y el mismo sistema lo deja ir, lo deja en libertad para volver a delinquir.

Si no actuamos ante estos hechos o lo hacemos mal, el filósofo español Fernando Savater advierte que "cada día que pasan aparentemente impunes se vuelven más difíciles de atajar, o bien, terminan por aparecer otras fuerzas que combaten lo malo con lo peor".

Es decir, aquel menor infractor que no es sancionado al cometer reiteradamente una contravención, sólo puede interpretar que se desenvuelve en una sociedad permisiva, que tolera sus actos y que no debe responder por ellos. Con esto, nos exponemos a que la reincidencia en delitos menores conduzca a otros con grados mayores de violencia y peligrosidad.

Entonces, tenemos que reaccionar. No estamos diciendo que por cualquier infracción el autor deba ser encarcelado. No estamos diciendo, siquiera, que el autor del primer hurto, de las primeras lesiones deba ir de inmediato a presión.

No estamos diciendo tampoco, que al encerrar al ladrón que roba carteras y cadenas se corrigen las causas personales que lo indujeron. No.

Por otra parte, tampoco es cierto que la prevención sea una medida suficiente contra la inseguridad.

Lo importante para la seguridad de todos los hombres y mujeres honestos, es que los delincuentes sean temporalmente aislados, sean separados de la sociedad para que la gente buena pueda vivir en paz.

Además, no queremos que la impunidad mine la credibilidad que tenemos en nuestra policía, en nuestros tribunales y en nuestras instituciones que tienen la responsabilidad de hacer justicia, de garantizar la seguridad, la tranquilidad y la paz social. Y para ello deben gozar de prestigio y aprecio de los ciudadanos.

No queremos que las personas se sientan tentadas a tomar la ley en sus propias manos. Eso no debe suceder. Para eso están las instituciones que hemos creado y para eso tenemos que reformar las leyes.

Por eso con respeto y énfasis señalo que, aunque todos los proyectos son importantes, el tema central de esta reforma por la seguridad ciudadana, es el de las Contravenciones, es poder erradicar la inseguridad y la impunidad que le provoca a las personas.

Seguiremos buscando el apoyo para que se apruebe este proyecto de Contravenciones y para que se aprueben los que faltan, como el proyecto que permitiría las Intervenciones telefónicas en las Investigaciones de Delitos de Explotación Sexual, la Ley para mejorar la tipificación y sanción del Secuestro Extorsivo y delitos relacionados, el proyecto de Penalización de la Violencia contra las mujeres, el proyecto de Ley de Migración, y el proyecto solicitado por esta Corte para evitar la prescripción temprana de la acción penal.

El Gobierno agradece a las señoras y señores Diputados la aprobación de la Ley de Policía Civilista y hace un llamado para avanzar en la aprobación de estas y las otras reformas trascendentales para Costa Rica y para todas nuestras familias.

Amigas y amigos. Con entusiasmo hemos venido celebrando la gesta heroica de 1856, que empezó en un mes de marzo con la proclama de Juanito Mora llamando a las armas, a la unión sin distingo para luchar contra el filibustero que amenazaba la independencia, la familia y la libertad. Nos corresponde ahora, revivir el sentimiento de unidad nacional en una gesta en contra de la inseguridad ciudadana. Debemos trabajar juntos, combatiendo ese enemigo, sin tregua, sin dejar espacios, ni portillos para la impunidad.

Cuando uno da un vistazo a la historia de Costa Rica; cuando uno se detiene en las grandes gestas, en el análisis de los grandes acontecimientos, siempre encontramos que fuimos capaces de construir, de avanzar porque diseñamos instituciones que estuvieron al servicio del bien común, que cuando cumplieron su función y dejaron de ser útiles, entonces las reformamos.

La campaña de 1856 fue razón suficiente para constituir el ejército, para fortalecerlo y hacerlo grande, pero cuando no lo necesitamos lo fuimos desapareciendo, y empezamos a destinar esos recursos a la creación de instituciones que se iban haciendo necesarias en otros campos, como en salud y educación. Eso lo hicimos en el Siglo diecinueve, conscientes que las instituciones son medios para beneficiar a las personas, para potenciar el desarrollo humano de las familias. Que las instituciones no son fines en sí mismas.

Hoy los invito a que continuemos por esa senda, a que retomemos ese legado histórico que determina mucho de lo que actualmente somos como país y como nación. Ese espíritu debe guiarnos siempre para poner nuestras instituciones al servicio del desarrollo nacional, como lo hemos venido haciendo en seguridad ciudadana, y debemos hacerlo ahora en Reforma del Estado, para brindar verdadera protección al ciudadano y que así, la Administración Pública sea participativa, eficiente y amigable en la promoción del desarrollo humano.

Queremos un Estado con mayores grados de descentralización en la ejecución de los programas de desarrollo nacional, con más gente decidiendo de acuerdo a las necesidades de cada localidad, tomando parte y haciéndolo con gran conocimiento de causa, como es el caso del Triángulo de Solidaridad y las Juntas de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social.

Queremos un Poder Ejecutivo dictando directrices generales, con capacidad para determinar dentro de la ley lo que le conviene a la colectividad entre alternativas posibles, pues para ello fue elegido.

Queremos una Asamblea Legislativa analizando críticamente los planes, metas, acciones y evaluaciones de la Administración Pública, con la cooperación de la Contraloría, para que así tenga consecuencias la rendición de cuentas que estamos estableciendo.

De ahí que sea preciso una reforma del Estado que logre el equilibrio entre la administración activa que requiere la sociedad actual y la fiscalización eficiente de los recursos públicos. Donde esta última no se constituya en una forma de co-gobierno; no se constituya en un traslado a la Contraloría General de la República de la determinación de las políticas públicas de desarrollo.

Debemos orientarla hacia los resultados y la legalidad de los procedimientos o procesos, con fuertes controles para resguardar nuestra institucionalidad democrática. Pero teniendo presente que éstos existen en virtud de un resultado. Esa es su función. En tanto la función del Gobierno es satisfacer con resultados concretos las diversas demandas de las personas, actuando con transparencia y apego a la legalidad.

Estos son principios básicos para una reforma del Estado costarricense al servicio de los ciudadanos, que nos permita profundizar nuestra democracia, el Estado de Derecho y conducir a las personas hacia niveles superiores de desarrollo humano. Es importante la forma en que el Estado actúa y es importante que actúe. Que promueva la generación de riqueza y su distribución con base en más y mejores oportunidades; que defienda la libertad y los derechos de todos los ciudadanos; que asegure un orden económico y social de mayor bienestar para todos.

Y que lo haga con transparencia, sin corrupción, razonablemente, en congruencia con los objetivos de la sociedad, tal y como lo ha venido haciendo, con la ayuda de Dios, esta Administración.

Por eso no debemos renunciar a hacer las reformas necesarias e impostergables. Estamos ante dos grandes retos. Ante la posibilidad de concretar reformas que nos permiten solventar aquello que más preocupa a nuestras familias. Reformas para alcanzar un Estado que promueva su desarrollo económico y social de forma ágil, flexible y transparente. Y reformas que garantizan su tranquilidad y seguridad.

No olvidemos jamás que el Estado, sus instituciones y los Poderes de la República, nos debemos a los costarricenses. Este es el compromiso de todos. Un compromiso que debemos honrar, sin tomar en cuenta nuestros propios intereses y premiando siempre el bien común. Cuatro millones de costarricenses nos piden más tranquilidad y seguridad, más participación, más eficiencia, mejores servicios, mayores niveles de bienestar. A ellos, a todos ellos, démosle una respuesta. La están esperando…y nosotros tenemos que dársela.

Muchas gracias