Discurso del Presidente de la República de Costa Rica, Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, durante la inauguración de la Conferencia Nacional para la Presentación de la Legislación Modelo para Prevenir la Corrupción.

Jueves 5 de julio de 2001.

Buenos días señor Presidente de la Asamblea Legislativa; señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia; señora Magistrada, Presidenta de CONAMAJ; señor Director del Proyecto Jurídico de la OEA; señor representante de la OEA en Costa Rica, señor Magistrado; señor Vice Ministro; señor Jefe del Ministerio Público, señor Sub – Contralor de la República; señor Defensor Adjunto, señoras y señores.

Muy buenos días tengan todos ustedes.

No es un problema de los tiempos, sino de los hombres, describió brillantemente Séneca. No es tampoco ejercicio del poder, sino su deformación en el más alto de los grados. No es una enfermedad endémica de las sociedades; sino, más bien, una elección equivocada, al decir de Aristóteles.

La corrupción es una de las más letales enfermedades a las que están expuestos los sistemas políticos. Lo es, porque gracias a ella decae el sentido último de la política, es decir, la protección y el desarrollo del bien común. Desencadena, entonces, un "proceso de entropía que puede acabar con la existencia del Estado democrático y esa etapa final se alcanza cuando ni los políticos elegidos ni los ciudadanos creen ya en la democracia", como tan claramente lo manifestó Francisco Tomás y Valiente.

Por eso, estamos aquí: para compartir nuestras experiencias y puntos de vista sobre la forma más idónea de erradicar este mal de nuestras sociedades; para establecer una estrategia regional, que consista en leyes modelo que incorporen y hagan efectivas en cada uno de nuestros sistemas jurídicos las disposiciones de la Convención Interamericana contra la Corrupción.

Alabamos y apoyamos este esfuerzo de la OEA y de la Comisión Nacional para el Mejoramiento de Justicia. Agradezco profundamente la cooperación de la OEA en este campo, y le pido a don Jorge -con humildad y con respeto- que le haga llegar al señor Secretario General las muestras más claras de mi gratitud, por las inmerecidas palabras con que esta mañana me distinguió.

Esta conferencia es un paso más para conformar ese diseño institucional que necesitamos para evitar la impunidad y, para propiciar también mayor transparencia en las actuaciones de todos los que desempeñan funciones públicas. Tenemos que tener claro que el diseño institucional con que contemos va a depender de la facilidad para que haya mayor o menor corrupción.

Para conformar ese diseño institucional, una de nuestras primeras acciones al asumir el Gobierno, fue establecer un Código de Ética para los funcionarios de Confianza del Gobierno. Como acción complementaria, presentamos ante la Asamblea Legislativa un proyecto para establecer un Código de Normas y Deberes del Servidor Público, que cubriese, como su nombre lo dice, a la totalidad de los empleados públicos. Sin embargo, este proyecto no continuó su trámite y fue archivado en el Congreso.

Otras acciones paralelas de nuestro Gobierno consistieron -en esos inicios- en eliminar el culto a la personalidad de los gobernantes y funcionarios públicos; prohibir la colocación de placas con los nombres de los gobernantes en las obras realizadas por el Gobierno, reviviendo disposiciones republicanas que contamos desde el siglo XIX; y eliminar también con ese mismo tipo de disposiciones republicanas, el uso de distintivos como Su Excelencia y Excelentísimo. Además, se prohibió la exposición de la fotografía oficial del Presidente en despachos públicos y, desde el año pasado, se hizo efectiva la eliminación de rangos y saludos militares dentro de la estructura policial.

También, desde inicios de nuestro Gobierno, y gracias a la acción judicial organizada, con la ayuda del Ministerio Público y la colaboración de jueces, nuestros funcionarios establecieron equipos especializados que han logrado fundamentar acusaciones y enviar delincuentes a las cárceles que estafaron con sumas multimillonarias al Estado, con uso indebido de los Certificados de Abono Tributario, CAT’s.

Por cierto, aprovecho la presencia del señor Jefe del Ministerio Público, del señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia, para expresarles que, si por motivo de las dificultades presupuestarias de la Corte corren riesgo los nombramientos que se habían hecho de Fiscales Especiales para la persecución de esos casos, me comprometo a incluir recursos adicionales en un presupuesto extraordinario para cubrir esos rubros. De manera tal que los juicios que están en proceso no se vean de ninguna manera afectados y se mantenga a esos funcionarios en sus puestos, a fin de asegurar que esta sociedad no sufra la pesadumbre de la impunidad, al no sancionar a estos empresarios y funcionarios que actuaron fraudulentamente.

De manera similar, por primera vez en treinta años, se han detenido y procedido a enjuiciar a varios individuos acusados por graves contrabandos, y esperamos que las investigaciones en curso den lugar a nuevas acusaciones y arrestos y que los juicios en trámite terminen en condena.

Tampoco, hemos tenido miramientos en casos como el fraude en el uso de combustibles subsidiados por pescadores, y en los desfalcos en cooperativas de vivienda, para recordar algunos.

Limitamos, prácticamente a muy pocos casos de carácter humanitario extraordinario, la concesión de indultos por parte del Poder Ejecutivo, por considerar que con esa acción de gracia, se irrespeta la función judicial.

Por otro lado, dimos todo nuestro apoyo a la propuesta del Señor Contralor de la República para reformar la Ley de Enriquecimiento Ilícito, con lo cual la declaración de bienes de los funcionarios públicos incluía los bienes en su uso y no solo los que son jurídicamente de su propiedad, así como otras importantes reformas. Y nos entusiasma saber que este proyecto ya fue dictaminado por la Comisión de Gobierno y Administración y se encuentra en el plenario pendiente de trámite.

Sabemos que luchar por la ética en la función pública, es un deber de todo gobierno democrático. Y ocuparnos de que así sea, es decir, poner en práctica las soluciones concretas que son necesarias para impulsar la honestidad en la función pública, para evitar que ésta se desvirtúe y por sancionar las conductas indebidas, es de hecho una de nuestras razones para gobernar.

Por eso, nuestro Gobierno se siente muy satisfecho de aunar un logro más a esta lucha, a través de la aprobación que hizo la Asamblea Legislativa de la reforma al Artículo 11 de nuestra Constitución.

Con esa reforma, no solo fortalecemos el control social sobre el accionar de los funcionarios y jerarcas públicos, sino que reforzamos nuestro Estado de Derecho a través de una verdadera cultura de rendición de cuentas.

El establecimiento de la rendición de cuentas a nivel constitucional como el modo corriente de operar en la administración pública costarricense, profundiza y perfecciona nuestro sistema democrático. Y esto contribuye al fortalecimiento de un diseño institucional que combata y erradique las malas prácticas e incentive la actuación correcta; a la instauración de un sistema de balances y equilibrios, de modo que la corrupción de un hombre o un grupo de ellos, por mucho que sea su poder, no podrá imponerse a la institucionalidad, ni a los objetivos de la sociedad.

Creo, firmemente, que el pueblo tiene derecho a que quienes fuimos electos, le rindamos cuentas sobre nuestro accionar, a partir de la fijación de metas claras, con criterios ampliamente objetivos, medibles y conocidos, con la presentación de informes transparentes y objetivos a la opinión pública, se dando logros y fallas.

Y así lo hemos hecho. Cada año hemos presentado claramente a la opinión pública los resultados de la evaluación de las instituciones, del funcionamiento del Poder Ejecutivo e instituciones descentralizadas sometidas al Sistema Nacional Evaluación, SINE.

Cada mes, además, he rendido cuentas sobre los principales aspectos de mi gestión y con boletines específicos Rindiendo Cuentas y con información en Internet, hemos mantenido permanentemente informados a los ciudadanos a fin de instaurar en Costa Rica una cultura de rendición de cuentas. Es más, este año, cuando hicimos la rendición de cuentas del año pasado, tuvimos el gusto de oír a funcionarios internacionales, quienes señalaron que Costa Rica era uno de los países que más ha avanzado en el mundo en su sistema de rendición de cuentas.

En esto existe una contraparte: la libertad de prensa. Para elevar el potencial para ejercer la natural función de control y exigencia de la rendición de cuentas por parte de los actores públicos, este Gobierno ha desarrollado ingentes esfuerzos para mejorar la legislación en la materia, en particular eliminando los vestigios de responsabilidad objetiva de los directores y de los medios, así como estableciendo legislativamente el principio de que no existe responsabilidad ni para el periodista ni para el medio por una información sobre acciones de las personas en la vida pública, aún cuando sea falsa, siempre y cuando no haya mediado dolo ni negligencia profesional en la información.

Dos veces hemos sometido a la Asamblea Legislativa este proyecto de Ley de Libertad de Prensa. En dos ocasiones, congresistas opuestos a la ampliación de este ámbito de acción del periodismo han dictaminado en su contra, incluso en medio de la indiferencia de la opinión pública.

Hemos demostrado, con hechos, nuestro compromiso con la ampliación de la libertad de expresión y esperamos que la Asamblea Legislativa, ante el convencimiento de que este proyecto de Ley enriquecerá nuestra democracia, finalmente apruebe la Ley de Libertad de Prensa. Para ello, hemos devuelto a Comisión el dictamen negativo y, esperamos, que también se apruebe el proyecto para eliminar el delito de desacato, el que enviamos hace varios meses a la consideración de las señoras y señores Diputados.

Con la misma esperanza, y porque sabemos que es fundamental fortalecer los mecanismos de sanción para combatir la corrupción y la impunidad, tres proyectos se encuentran en estos momentos en estudio en la Comisión de Gobierno y Administración; proyectos todos que cuentan con el respaldo del Proceso de Concertación.

El primero de ellos, consiste en la creación de la Jurisdicción Penal de Hacienda y de la Función Pública; otro, crea una Fiscalía Penal de Hacienda y de la Función Pública y, el tercero, crea la Procuraduría de la Ética Pública.

A la Jurisdicción Penal de Hacienda le corresponderá conocer y resolver definitivamente sobre los delitos contra los Deberes de la Función Pública, los delitos tributarios, los contenidos en la Ley General de Aduanas, en la Ley Orgánica del Banco Central y en la Ley sobre el Enriquecimiento Ilícito de los Servidores Públicos, lo cual incluye todo lo relacionado con las infracciones derivadas del incumplimiento de obligaciones provenientes de la obtención de subsidios e incentivos tributarios como los Certificados de Abono Tributario y similares.

Mediante esta propuesta, estamos especializando el tratamiento de esta clase de delitos, que golpean las fibras más sensibles de nuestra estabilidad institucional y el sentir nacional, de manera que descongestionando el Poder Judicial, mediante una atención particular y específica de esta nociva manifestación delictiva, se garantiza un proceso más ágil y eficiente, que disminuye el riesgo de la prescripción y aleja el fantasma de la impunidad.

Por otra parte, la Fiscalía Penal de Hacienda, funcionará dentro de la esfera del Ministerio Público, y le corresponderá investigar cualquier tipo de denuncia relacionada con actos de corrupción en el ejercicio de la función pública imputables a cualquier funcionario público o particular que haga mal uso de los fondos públicos, incentivos o beneficios tributarios.

Lograríamos con la creación de la Fiscalía sustraer a esta instancia la agobiante cantidad de denuncias que en materia penal tornan cada día más lenta nuestra administración de la justicia en esta materia; y contaríamos con un funcionario público del más alto nivel, que garantizaría un transparente, eficiente e incisivo ejercicio de la función punitiva.

El tercer proyecto consiste en crear la Procuraduría de la Ética Pública, la cual funcionará dentro del esquema de la Procuraduría General de la República, estará encargada de realizar todas las acciones administrativas necesarias para prevenir, detectar y radicar la corrupción e incrementar la ética y la transparencia en la función pública.

También estará entre sus funciones denunciar y acusar ante los Tribunales de Justicia, junto con el Ministerio Público por separado, aquellos funcionarios públicos y personas privadas, cuyo proceder exprese actos ilícitos vinculados con el ejercicio de su cargo o con ocasión del mismo, en las materias que son competencia de la Jurisdicción Penal de Hacienda y de la Función Pública, con lo cual los funcionarios públicos del Ejecutivo, responsables políticamente, tendríamos acceso a presentar directamente las acusaciones, lo que hoy día no podemos hacer.

Además exime a la Procuraduría General de la República de defender a todos los funcionarios acusados penalmente por el ejercicio de su cargo, lo cual es una función incongruente y contradictoria con la función de la Procuraduría al servicio del Estado y no al servicio de los funcionarios estatales.

Con estos tres proyectos buscamos soluciones concretas que cada vez se tornan más urgentes y necesarias ante una problemática que crece día a día y amenaza con corroer irremediablemente las raíces mismas de nuestra institucionalidad.

Esperamos que estas diversas iniciativas reciban el respaldo de este importante foro. Les deseamos el mejor de los éxitos en su importante trabajo de confrontar la legislación modelo para la ética en la función pública, con la normativa costarricense.

Muchas gracias a todos por su participación en este importante evento.