Disyuntivas

Dr. Miguel Angel Rodriguez Echeverria

Muy justificadamente sindicalistas, empresarios, políticos, comentaristas y académicos insisten desde hace ya varios años en la necesidad de que se reactive el aparato productivo para que la economía crezca más rápido y se puedan atender adecuadamente las demandas sociales.

Desdichadamente no se trata de apretar un botón, ni siquiera de aplicar una política pública muy bien diseñada y amplia.

Vivimos en una economía de mercado y eso nos da las ventajas de que miles de mentes exploran miles de oportunidades buscando las maneras más eficientes de usar nuestros limitados conocimientos y recursos, y descubriendo nuevas posibilidades de qué, cómo y cuándo producir.

Pero eso significa que el estado no impone la utilización de los factores de la producción, ni como se combinan, ni en que se emplean, lo cual es una ventaja porque la teoría (El Mito de la Racionalidad del Socialismo) y la experiencia (URSS, la China de Mao, Cuba o Venezuela) nos demuestran que cuando lo hace los resultados son muy insatisfactorios.

El nivel de empleo, el volumen de la inversión, la productividad y la innovación dependen de muchos factores. Ciertamente el estado y sus políticas son factores muy influyentes. Desde 1961 aprendí sobre la enorme importancia del estado para la construcción del orden de mercado, gracias a la guía de don Alberto Di Mare en la UCR y a las lecturas del economista alemán Walter Eucken, de la Escuela de Friburgo, creador del ordoliberalismo y precursor de la Economía Social de Mercado. El estado en muy buena medida construye el orden, las reglas del juego, pero son los millones de agentes económicos quienes participan en el juego y determinan el resultado.

En nuestro caso la situación fiscal ha sido uno de los mayores determinantes de las expectativas que se forman los agentes económicos respecto al futuro de nuestra economía, y de esta manera ha ejercido gran influencia en el comportamiento de la inversión, el ahorro y el consumo de empresarios y consumidores. Por este mecanismo el déficit de las finanzas y el tamaño y aumento de la deuda públicas han ejercido un rol preponderante para la disminución del crecimiento de la economía y del crédito bancario, y para el aumento del desempleo que desde antes de la pandemia se han venido produciendo.

Por eso, como lo han señalado recientemente el Expresidente del BCCR Eduardo Lizano y el Presidente de esa institución Rodrigo Cubero, el acuerdo con el FMI y su cumplimiento es una condición necesaria, aunque no suficiente, para la reactivación de la economía. A mí me preocupa que muchas veces las mismas voces que claman justificadamente por ese aumento en el crecimiento de nuestra producción, se oponen al acuerdo con el FMI que le da credibilidad a un proceso gradual de ajuste fiscal.

Pero no es suficiente seguir la ruta de una consolidación fiscal creíble, suficiente y duradera. Es necesario actuar en otros campos que gradualmente deberemos ir modificando para alcanzar una tasa de crecimiento sostenida y equitativa de 5% o más, como la que por varias décadas ha experimentado el país, lo que nos permitiría volver a niveles de desempleo de 5 a 6%, disminuir la informalidad y la pobreza, y aumentar los ingresos de la clase media.

Señalo cinco áreas en las cuales debemos realizar cambios de magnitud para lograr una economía más eficiente, con mayor crecimiento, más equitativa y sostenible. Se trata de tareas complejas que se deben ir realizando durante periodos largos de tiempo, pero que desde ya deben orientar las acciones de los jerarcas públicos para irnos siempre acercando a su ejecución, y nunca actuando en contra de esos objetivos.

En primer lugar, si bien para la consolidación fiscal lo que urge es un estado más liviano y que demande una menor proporción de recursos de la colectividad para actuar con equilibrio financiero, para el crecimiento económico lo que necesitamos es un estado más eficiente. Esto significa una mejor estructuración del aparato administrativo en las diferentes funciones de la maquinaria estatal consolidando y simplificando sus estructuras, una mejor evaluación de resultados, un transparente rendimiento de cuentas, regulaciones más sencillas y trasparentes, mayor participación del sector privado en la provisión de infraestructura, respuestas prontas a las demandas de los usuarios, emisión de los permisos que sean requeridos (entre menos mejor) de manera simple, pronta y con un plazo cuya inobservancia equivalga a la aprobación de lo solicitado.

En segundo lugar, urge transformar nuestro sistema de generación, distribución y uso de energía para disminuir los costos y adaptarnos a las nuevas tecnologías, amigables con el ambiente y cada día más baratas (sobre todo solar y eólica) y tener un sistema eficiente de transporte engarzado en una adecuada planificación urbana y territorial. Hace un par de décadas nuestra matriz energética era muy apropiada para el desarrollo tecnológico, producíamos electricidad por medios renovables casi sin usar hidrocarburos y el costo era competitivo internacionalmente. Los asentamientos urbanos eran menos poblados y el transporte menos ineficiente. Pero nos hemos quedado atrás. En cuanto a la electricidad no favorecemos las fuentes de energía renovable más eficientes en la actualidad, estamos cargando aceleradamente a las tarifas la inversión en las centrales hidroeléctricas, no se favorece la micro producción y la distribución compartida y nuestras tarifas son muy elevadas para la industria. Tenemos por delante el enorme reto de mejorar profundamente el transporte, privilegiando transporte público eficiente, sectorizado, de calidad, amigable con el ambiente y compatible con una planificación urbana territorial que haga el mejor uso de nuestra geografía. Los costos de movilización de personas y de bienes atentan contra la eficiencia de la producción y por ende contra el bienestar social.

En tercer lugar, enfrentamos el enorme reto de mejorar profundamente la calidad de nuestra educación pública y de la capacitación y el rentrenamiento laborales. No solo debemos resolver la fata de generación de habilidades en nuestro estudiantado que nos demuestran las pruebas internacionales, sino que además debemos enfrentar el cambio veloz en la demanda laboral. En educación pública esto significa poner en operación la reciente legislación para no contratar docentes sin pruebas de su capacidad técnica y profesional, sino, además, darles apoyo a los nuevos maestros durante su primer año de labores, supervisar y evaluar su trabajo y darles capacitación adicional según lo requieran. De manera similar se debe poner en ejecución los objetivos de la reciente modificación a la legislación del INA y establecer programas muy atractivos que preparen a los trabajadores de tareas que van disminuyendo para que puedan desempeñar los nuevos oficios para los cuales surge empleabilidad.

Una cuarta área de acción para acelerar el crecimiento tiene a la vez el objetivo de enfrentar en todo lo que nos corresponde el cambio climático con medidas internas de adaptación y mitigación, y con la participación nacional en la promoción y ejecución de las medidas internacionales para limitar el calentamiento global y proteger la creación. Se trata de aplicar el plan de descarbonización para generar empleos verdes en las nuevas áreas productivas.

Finalmente tendremos inescapablemente que enfrentar la necesidad de sustituir parcialmente el financiamiento de nuestra seguridad social, medicina y lucha contra la pobreza para que no recaiga, como ahora, casi totalmente en impuestos sobre los salarios. Ciertamente en el corto plazo se podrán ajustar algunos parámetros del sistema multipilar de pensiones para ir asegurando su equilibrio financiero. Pero es una lástima que se haya dejado de lado el importante elemento de reactivación económica que estaba presente en la primera propuesta del gobierno para el acuerdo con el FMI: la sustitución por otro impuesto del 10% sobre los salarios que hoy alimenta los programas de FODESAF para atender la pobreza. Estas cargas sociales desestimulan la oferta de empleo, favorecen tecnologías que hacen uso más intensivo del capital, y fomentan la informalidad.

Repito, lo primero es la generación de expectativas positivas lo que demanda la consolidación fiscal respaldada por el FMI para que pueda ser gradual y con menor costo. Pero además son indispensables cambios estructurales de mediano y largo plazo para acelerar el crecimiento, y en todas las áreas se debe empezar su diseño y su implementación desde hoy, y se debe evitar tomar medidas que vayan en contra de sus objetivos.

Miguel Angel Rodríguez

Ex Presidente de la República

Fecha de publicación: 1-Febrero-2021

Fuente: La República


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