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OPINION

El BCCR presentó su Programa Macroeconómico 2021-2022

Febrero 4, 2021, 4:32 am

Dada la revisión reciente de las Perspectivas Económicas Mundiales del FMI con un aumento del crecimiento esperado en casi todas las regiones y especialmente en EEUU, el BCCR también espera para Costa Rica un aumento del crecimiento del PIB en 2021, de 2,3 a 2,6%. Ese incremento se daría en un ambiente de estabilidad, con inflación tendiendo a ser más baja que el objetivo que el ente emisor mantiene en 3% del PIB más o menos un punto porcentual; con resultados en balanza de pagos que implican una recuperación de las reservas del orden de 2 puntos porcentuales (p.p.) del PIB frente a una disminución de 1,1 p.p. del PIB en 2020; y con un tipo de cambio sin grandes oscilaciones. Para 2022 el crecimiento esperado sube a 3,6%, con un pequeño incremento adicional en las reservas monetarias y en las mismas condiciones de estabilidad monetaria y cambiaria.

Es un buen cambio de dirección, pero a finales de 2022 el PIB total apenas sería un 1,5% mayor al de 2019 y el per cápita todavía sería inferior en 1,5%. Ciertamente a uno le gustaría crecer más rápido este año y en 2022 y ojalá alcanzar ya el nivel del orden de 5% que por muchos años fue el promedio nacional. Pero no es eso fácil de lograr ni depende solo de decisiones y medidas de las autoridades.

Desdichadamente no se trata de apretar un botón, ni siquiera de aplicar una política pública muy bien diseñada y amplia.

Vivimos en una economía de mercado y eso nos da las ventajas de que miles de mentes exploran miles de oportunidades buscando las maneras más eficientes de usar nuestros limitados conocimientos y recursos, y descubriendo nuevas posibilidades de qué, cómo y cuándo producir. Pero eso significa que el estado no impone la utilización de los factores de la producción, ni como se combinan, ni en que se emplean, lo cual es una ventaja porque la teoría (El Mito de la Racionalidad del Socialismo) y la experiencia (URSS, la China de Mao, Cuba o Venezuela) nos demuestran que cuando lo hace los resultados son muy insatisfactorios.

El nivel de empleo, el volumen de la inversión, la productividad y la innovación dependen de muchos factores. Ciertamente el estado y sus políticas son factores muy influyentes. Desde 1961 aprendí sobre la enorme importancia del estado para la construcción del orden de mercado, gracias a la guía de don Alberto Di Mare en la UCR y a las lecturas del economista alemán Walter Eucken, de la Escuela de Friburgo, creador del ordoliberalismo y precursor de la Economía Social de Mercado. El estado en muy buena medida construye el orden, las reglas del juego, pero son los millones de agentes económicos quienes participan en el juego y determinan el resultado.

En nuestro caso la situación fiscal ha sido uno de los mayores determinantes de las expectativas que se forman los agentes económicos respecto al futuro de nuestra economía, y de esta manera ha ejercido gran influencia en el comportamiento de la inversión, el ahorro y el consumo de empresarios y consumidores. Por este mecanismo el déficit de las finanzas y el tamaño y aumento de la deuda públicas han ejercido un rol preponderante para la disminución del crecimiento de la economía y del crédito bancario, y para el aumento del desempleo que desde antes de la pandemia se han venido produciendo. Y que el COVID-19 agravó muchísimo.

Por eso, como lo han señalado recientemente el Expresidente del BCCR Eduardo Lizano y el Presidente de esa institución Rodrigo Cubero, el acuerdo con el FMI y su cumplimiento es una condición necesaria para la reactivación de la economía

Pero no es suficiente. Los resultados de las políticas públicas no se dan de inmediato y no es suficiente seguir la ruta de una consolidación fiscal creíble, suficiente y duradera. Es necesario actuar en otros campos que gradualmente deberemos ir modificando para alcanzar una tasa de crecimiento sostenida y equitativa de 5% o más, como la que por varias décadas ha experimentado el país, lo que nos permitiría volver a niveles de desempleo de 5 a 6%, disminuir la informalidad y la pobreza, y aumentar los ingresos de la clase media.

Los resultados de crecimiento y estabilidad del Programa Macroeconómico del BCCR se dan en un marco que asume se aprueba el convenio de consolidación fiscal acordado con la misión técnica del FMI encabezada por su Directora del Hemisferio Occidental y sujeto a la aprobación del Directorio de esa entidad (que con muchísimas probabilidades se dará) y de la Asamblea Legislativa, que espero que Dios ilumine a las señoras y señores diputados para que la concedan.

Con ese acuerdo las cifras fiscales se estima que cerrarán en 2022 con un déficit primario de 1,7% (con una disminución de 2,2 p.p. del PIB respecto a 2020) y un déficit financiero de 7% que también cae, pero solo 1,7 p.p. del PIB, porque la carga de intereses aumenta en 0,6 p. p. Con ese resultado y dadas las tasas de crecimiento de la economía y de interés real, la relación deuda del gobierno a PIB sube de 68% a finales de 2020 a 72,5% al final de este año. Estas tendencias se mantienen para 2022 y 2023, pero en ese año la relación deuda a PIB llegaría a su máximo nivel de 76%, y para 2024 empezaría su descenso.

El BCCR analiza los riesgos externos que podrían impedir alcanzar estos resultados: menor crecimiento de la economía mundial; mayores aumentos a los estimados para los precios internacionales de los derivados del petróleo y de otros componentes de nuestras importaciones; que se acelere la tasa de propagación del COVID-19 y que se deterioren los flujos comerciales con Centroamérica.

También el instituto emisor señala los riesgos internos. Podría darse un agravamiento del contagio de COVID-19 que obligue a mayores medidas de contención sanitaria afectando la capacidad productiva. O podrían darse otras circunstancias sobre las cuales tendríamos mayor capacidad para actuar: riesgos de estabilidad del sistema financiero; tensiones sociales; choques de oferta de origen interno no anticipados y ausencia de acuerdo legislativo para el ajuste fiscal acordado con el FMI.

El Programa Macroeconómico presenta un posible resultado si se da el último caso. Debemos recordar que el acuerdo con el FMI significa algunas disminuciones al gasto adicionales a la regla fiscal, nuevos ingresos corrientes y la obtención de recursos externos e internos con tasas de interés más bajas.

Esta proyección para el caso de que no se apruebe el convenio con el FMI -que el BCCR denomina pasiva- asume que se mantiene el cumplimiento de la regla fiscal aprobada por la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas en 2018. La aplicación de esa regla dados el nivel de endeudamiento y el crecimiento del PIB determina el máximo nivel del gasto total del gobierno, que para los próximos años solo podría crecer menos del 1%. Como en este caso los gastos en intereses se dispararían cada vez más que con arreglo con el FMI (por mayor endeudamiento requerido y por mayor riesgo país), el gasto sin intereses deberá comprimirse cada vez más. El acuerdo con el FMI implica nuevos ingresos y restricciones al gasto más limitantes en los primeros años que la regla fiscal. Por esta razón y por la caída en la recaudación de impuestos que provoca el menor crecimiento del PIB, en los primeros años (2021 y 2022) el déficit primario sin acuerdo con el FMI es mayor.

Pero ya a partir de 2024 en la proyección del BCCR el aumento del pago de intereses es tan grande que la disminución de los otros gastos que el cumplimiento de la regla fiscal impone, sean de capital o corrientes, compensa los otros efectos y el déficit primario más bien disminuye, mientras el déficit financiero aumenta.

El resultado de este ejercicio del BCCR es que en promedio en 2021 y 2022 el PIB crecería un punto porcentual menos, el déficit financiero sería 0,6 p.p. mayor y el crédito al sector privado en términos reales en vez de crecer 3% solo aumentaría 1,2%; y que en 2025 la deuda del gobierno central habría llegado a 84,9% del PIB, un nivel mayor en 10,7 p.p. del PIB al que se daría con acuerdo con el FMI.

En su Programa Macroeconómico el BCCR señala: “Las consecuencias macroeconómicas serían severas. Los resultados señalan que bajo este escenario, en el presente bienio, el acceso al crédito por parte del sector privado, en términos reales, se restringiría en aproximadamente 2 p.p. por año, el crecimiento económico sería alrededor de 1 p.p. más bajo que en el escenario base (por año), al tiempo que aumentarían las presiones inflacionarias en poco más de 3 p.p. anual . Las consecuencias, por supuesto, se irían acumulando en el tiempo más allá de 2022, con un impacto muy fuerte sobre la actividad económica, el empleo y el bienestar.

Además, las implicaciones macroeconómicas serían mucho peores si, como consecuencia de la ausencia de ajuste adicional y la consecuente pérdida de confianza, se diera una crisis de liquidez en el Gobierno y un posible impago de sus obligaciones.”

Estimo que el resultado sería mucho peor.

El ajuste adicional en el gasto sin intereses en que se debería incurrir para cumplir la regla fiscal afectaría tantos programas y tantos intereses, que dudo fuese políticamente sostenible. Lo más probable -según lo señala reiteradamente la historia latinoamericana y la propia nuestra- sería la suspensión del servicio de la deuda. Un default de la deuda provocaría desequilibrios adicionales financieros y de la economía real con inmenso costo social por disminución de los salarios reales y por aumentos muy significativos en la pobreza y el desempleo, y demandarían una dolorosa prolongación del tiempo requerido para salir de la crisis.

Para que sea factible que sin arreglo con el FMI la regla fiscal siga operando y no sucumba a las previsibles presiones por derogarla, debe tener rango constitucional, tal como lo propuse desde 1988 con las Garantías Económicas. Como es evidente la mejor alternativa es aprobar el convenio con el FMI.


Miguel Angel Rodríguez
Ecoanálisis

Fuente: CR Hoy