Alternativas

Bienvenida la discusi?n que se ha suscitado en relaci?n con la decisi?n de la se?ora Ministra de Justicia de pasar al r?gimen del sistema semiabierto, un n?mero de presos que permita disminuir la grave sobrepoblaci?n penitenciaria. Hoy en las c?rceles el espacio para un detenido se usa para una y media persona, lo que nos convierte en una naci?n abiertamente violadora de fundamentales derechos humanos.

Pido a Dios que este no sea uno de los t?picos temas que en Costa Rica duran no m?s de tres d?as, seg?n el decir de nuestro expresidente Ricardo Jim?nez, para ver si se redirecciona la pol?tica penal y penitenciaria.

Veamos dos antecedentes.

Es notorio el cambio en la pol?tica de encarcelamiento que se ha seguido. La tasa de poblaci?n penitenciaria por cada 100 mil habitantes ha subido considerablemente, pasando de 138 en 1998 a 285 en 2014.

As? mientras la poblaci?n creci? en un 19%, el n?mero de personas recluidas pas? de 5.093 a 13.584, aumentando en un 107%. Claro que esto tiene que ver con el crecimiento de la narcoactividad, pero es m?s r?pido. En ese periodo los homicidios dolosos crecieron una quinta parte menos que el encarcelamiento.

En segundo lugar cambi? la atenci?n al tema penitenciario. En 1997 hab?a un serio problema de sobrepoblaci?n en las c?rceles que ascend?a a un 65%, incluso superior al actual, que sobrepasa el 50%. Pero de ese a?o al 2002 m?s que se duplic? la capacidad penitenciaria con la construcci?n de 3.032 espacios, dejando en 2002 solo un 8,4% de sobrepoblaci?n. Se dej? aprobada la concesi?n de una c?rcel en Pococ? que inclu?a 500 puestos de m?xima seguridad (hoy solo contamos con 48). El siguiente gobierno cancel? esa concesi?n pero construy? 1.920 cupos adicionales, con lo cual al final de 2006 hab?a un sobrante de 232 cupos. Pero hasta ah? se lleg?.

Posteriormente en 2009 se acelera el encarcelamiento y son 4.876 m?s las personas detenidas en 2012, pero en ese periodo solo se aumenta la capacidad del sistema penitenciario en 1.725 cupos.

La se?ora Ministra de Justicia no tiene una varita m?gica para arreglar tal desprop?sito violatorio de los derechos humanos. Y se ve forzada a recurrir a medidas de la aplicaci?n de sentencia que permiten un sistema semiinstitucionalizado para paliar la situaci?n. Claro que ello no evita la urgente necesidad de construir m?s espacios penitenciarios, como en el pasado se ha hecho.

Pero ni la medida del Ministerio de Justicia ni la construcci?n de espacios penitenciarios son ni ser?n suficientes si no se revisan nuestras pol?ticas penal y penitenciaria. No podemos seguir aumentando el porcentaje de nuestra poblaci?n encerrada, pues como se ha venido demostrando, esa no es la v?a para disminuir la criminalidad y menos, mucho menos, cuando el tratamiento para rehabilitaci?n y de reinserci?n social son muy d?biles.

Lo que corresponde es revisar las pol?ticas penales y su aplicaci?n. No es posible seguir creando delitos y aumentando las penas. No es posible seguir considerando que todo indiciado debe ser detenido aunque no corran riesgo ni el proceso, ni nuevas v?ctimas: se debe respetar el principio de inocencia. No es posible que muchos a?os despu?s de un suceso se imponga una pena de c?rcel a una persona que ha sufrido por a?os la persecuci?n penal y cuyas circunstancias han cambiado. No es posible que se le haya quitado al juez la discrecionalidad para adecuar las penas a circunstancias atenuantes, fijando m?nimos de prisi?n muy gravosos. No es posible que por procesos abreviados se convierta en una buena salida -hasta para un inocente- declararse culpable, para salir de prisi?n por el tiempo de prisi?n preventiva ya purgado.

En EE.UU. dem?cratas y republicanos est?n afrontando la necesidad de cambiar su modelo, que tiene el mayor porcentaje de personas encarceladas del mundo.

Hag?moslo ya nosotros.