Alternativas

Es evidente. Una organizaci?n criminal internacional que no respeta fronteras, tiene enormes recursos, utiliza la violencia sin contemplaciones y depende para su ?xito del traslado de drogas il?citas de pa?ses productores a pa?ses consumidores, no puede ser controlada por la fuerza anticrimen de un pa?s individual, y menos si esa naci?n es un lugar de tr?nsito, peque?o, sin ej?rcito y pobre. Ni siquiera la potencia militar m?s poderosa del mundo, los EE.UU., ha podido librar esa lucha solo, de igual manera que no lo han logrado los eficientes cuerpos policiales de los pa?ses europeos; ni M?xico con la lucha frontal de su ej?rcito que signific? la muerte de m?s de 60.000 personas entre 2006 y 2012.

Por eso desde el inicio de mi gobierno inici? Costa Rica gestiones ante los EE.UU. para establecer dentro de las normas y competencias de nuestra Constituci?n, un acuerdo de colaboraci?n con su Servicio de Guardacostas para cooperar ?en la lucha contra el tr?fico il?cito por mar?. El acuerdo para la cooperaci?n contra el tr?fico il?cito de drogas fue aprobado por Ley 7929 del 6 de octubre de 1999 y ha sido ejemplar para otras naciones. Incluso Holanda lo tom? de modelo para un acuerdo similar de protecci?n en el Caribe.

Para cumplir con nuestra parte del acuerdo tambi?n se aprob? la Ley 8000 de Creaci?n del Servicio Nacional de Guardacostas, que se dot? de equipo e instalaciones.

Originalmente el acuerdo establec?a que la Asamblea Legislativa aprobaba -con la ratificaci?n del acuerdo- el atraque de naves mar?timas y a?reas de los EE.UU. en el cumplimiento de los t?rminos y alcances de esa cooperaci?n. Por la resoluci?n que al respecto dict? la Sala IV, se aprob? -juntamente con el acuerdo- un protocolo que corrigi? esos alcances y se determin? que ?el Gobierno de Costa Rica deber? requerir y obtener de la Asamblea Legislativa el permiso correspondiente para las actividades? de atraque de naves mar?timas y a?reas de los EE.UU. en el cumplimiento del acuerdo. Y esos permisos se han venido autorizando legislativamente anualmente o por semestres.

Habr?a sido muy conveniente continuar esfuerzos para lograr dos acuerdos similares: uno con los EE.UU., Francia y Holanda de los pa?ses integrantes de la Asociaci?n de Estados del Caribe; y otro de los pa?ses de M?xico a Colombia con litoral Pac?fico con los EE.UU. Y todav?a es hora para luchar con esa finalidad que simplificar?a la acci?n contra la movilizaci?n internacional de drogas. Tr?fico ilegal que nos ha castigado con consumo creciente de drogas il?citas, con grave da?o para la salud de nuestros habitantes, y con un insoportable crecimiento de la violencia que nos tiene sumidos en angustia, atiborra las c?rceles y llena de dolor a cientos de familia cada a?o, por la p?rdida de la vida o las lesiones graves causadas principalmente a j?venes.

Claro que estas acciones no remedian la escalada de violencia actual, que es fruto de la distribuci?n il?cita interna de drogas y no de su tr?fico internacional. Pero son necesarias.

Por ello lleva toda la raz?n el se?or Presidente de la Asamblea Legislativa en su franca lucha para lograr que las naves no artilladas puedan ingresar a nuestro territorio con permisos administrativos y sin necesidad de la aprobaci?n del Congreso, que convertir?a los permisos en una imposibilidad impracticable dado su n?mero y nuestras pr?cticas parlamentarias, e impedir?a el buen funcionamiento del acuerdo de colaboraci?n con EE.UU. contra el narcotr?fico.