ALTERNATIVAS
Miguel Ángel Rodríguez E.
Sisben obliga a construir un censo actualizado con la información de "todas las personas que requieran servicios, asistencias, subsidios o auxilios económicos, por encontrarse en situaciones de pobreza o necesidad". Lo que permitirá identificar quiénes de verdad necesitan la asistencia estatal, controlar y evaluar la justicia y eficiencia de los programas, y evitar duplicaciones.
Sobre la ineficiencia de estos programas, desde 1991 lo dijo el segundo informe del PNUD sobre desarrollo humano. Destinábamos muchos recursos a financiar gasto humano pero de una manera ineficiente: el gasto público era alto y gran parte se dirigía a lo social, pero lo gastado en aspectos prioritarios era solo una pequeña parte del gasto social total.
Recientemente Rudolf Lücke, del Instituto de Investigaciones Económicas de la UCR, confirmó esa ineficiencia. Comparando los insumos utilizados por diversas naciones para alcanzar su nivel de desarrollo humano, construyó una frontera de eficiencia con los países que utilizan menos recursos para alcanzar su nivel de desarrollo humano. Y en comparación Costa Rica muestra gran ineficiencia.
Juan Diego Trejos para el Estado de la Nación de 2008 señala que no son pobres dos tercios de los beneficiados con becas; un 54,8% de quienes se alimentan en los Cen-Cinai; un 68% de usuarios de los comedores escolares; un 78% de quienes obtienen bono de vivienda. Además, un 58% de las ayudas del IMAS va a no pobres y dos tercios de las personas que gozan de pensiones del sistema no contributivo tampoco son pobres.
En al menos dos oportunidades se buscó un uso eficiente y justo de los recursos para solidaridad. En la administración 1990-1994 se estableció el Sisben para determinar los beneficiarios de los programas. Pero luego se dejó de lado.
El gobierno 1998-2002 puso en práctica el SIPO para identificar a la población objetivo de los programas sociales y se exigió ser parte de ese censo de familias pobres para recibir las becas escolares, las pensiones del régimen no contributivo, los bonos de vivienda y los programas del IMAS. Pero, nuevamente, el siguiente gobierno eliminó ese instrumento.
Sin estos mecanismos no hay garantía de objetividad en la selección de los beneficiarios, ni control de la ejecución, ni medición de resultados de los programas sociales. En ausencia de ellos, el riesgo de un uso perverso o politiquero de los recursos es demasiado grande.
Además, sin tener ubicadas a las personas pobres, las ayudas solo les llegarán si ellas mismas buscan los servicios de los entes públicos. Usualmente personas con menor necesidad tienen mayores facilidades para solicitar esos servicios y acaban recibiéndolos.