ALTERNATIVAS
Miguel Ángel Rodríguez E.
Tuve la suerte y el gusto de conocer al Juez Coordinador de Pensiones Alimentarias del II Circuito Judicial de San José, Máster Gilberth Francisco Gómez, durante mis largos años de defensa ante los tribunales.
Desde entonces admiré a don Gilberth por sus desvelos y sus iniciativas para enfrentar el penoso caso de los deudores por pensiones alimentarias que, sin recursos y sin trabajo, no las pueden atender. En la práctica acaban en la cárcel por el no pago, lo que no resuelve el problema de los familiares que necesitan del ingreso que proporciona su derecho a la pensión. Esto es especialmente doloroso cuando se trata de menores de edad.
Durante años he sido compañero del hoy ya jubilado Juez Gómez en las páginas de opinión de este DIARIO EXTRA, que durante ese período ha dado apoyo a la valiosa iniciativa del Exjuez Gómez.
La iniciativa de cambio legislativo de don Gilberth ya obtuvo una amplia aprobación en su primer debate. Se originó en su tesis de maestría en la Universidad Nacional en 2009.
En 2010, solo un año después de la presentación de su tesis, el Juez Gómez logra con la ayuda de un señor diputado que se presente el primer proyecto de ley. Se trata de resolver la absurda situación de gastar en mantener en la cárcel al deudor de pensión alimenticia, lo que, repito, no da ingresos para el sustento de los familiares con derecho a la pensión. Ese primer proyecto no tuvo éxito en la Asamblea Legislativa. Don Gilberth no flaquea en su empeño.
Pero en el período legislativo 2014-2018 no encuentra quién lo apadrine en el Congreso, a pesar de las bondades de su iniciativa y de sus publicaciones en DIARIO EXTRA.
En agosto de 2019 logra el apoyo del diputado Harllam Hoepelman Páez y se presenta el proyecto de ley 21.540.
En la actual Asamblea Legislativa el proyecto ha tenido apoyo de todas las fracciones excepto el Frente Amplio y ha gozado del impulso que le ha dado principalmente el diputado David Segura.
Este proyecto fue aprobado en primer debate el pasado 16 de abril.
El objetivo de esta legislación es que el Estado colabore para la generación de empleo a los obligados a pensión alimentaria desocupados y sin recursos para atender sus obligaciones familiares. De esta manera en lugar de gastar cientos de miles de colones en mantener a una persona en la cárcel sin que su familia reciba recurso alguno para su manutención, los obligados a pensión alimentaria pueden trabajar y atender el pago de su obligación alimentaria.
Con ese fin se establece que el Juzgado de Pensiones Alimentarias o de Familia a cargo del caso pueda de inmediato ponerlo en conocimiento de la Bolsa de Empleabilidad Laboral para personas deudoras alimentarias que se crea en el Ministerio de Trabajo.
El objetivo de esta Bolsa de Empleabilidad Laboral es “Promocionar la inserción laboral del obligado alimentario, y (su) cumplimiento de la obligación alimentaria.”.
“La persona deudora alimentaria podrá presentar ante el juzgado correspondiente la gestión de inclusión en la bolsa de empleabilidad, en cualquier etapa del proceso de prestación alimentaria, y estará el juzgado obligado a remitir a la Bolsa de Empleabilidad dicha solicitud dentro del plazo de veinticuatro horas.”.
Esta iniciativa demuestra el bien que puede hacer una persona que persevera en construir bienestar para sus semejantes.
Claro que cuando se apruebe ya definitivamente este valioso proyecto vendrá la tarea del Ministerio de Trabajo de ejecutarlo de una manera exitosa.
Fecha de publicación: 29-Abril-2024
Fuente: diarioextra.com