ALTERNATIVAS
Miguel Ángel Rodríguez E.
Como ocurre cada año por estas fechas, está en discusión en la Asamblea Legislativa el presupuesto de gastos y de ingresos del Gobierno de la República para el año entrante.
La elaboración del presupuesto corresponde al Poder Ejecutivo que fija sus prioridades. La aprobación de los gastos que se autorizan es potestad de la Asamblea Legislativa, que es la representación de los diversos sectores políticos del país. Esta fijación determina el monto máximo de recursos que cada dependencia y cada programa puede emplear el año siguiente.
Este es el acto democrático mediante el cual los representantes del pueblo fijan las prioridades para el Gobierno.
Recuerdo que en una de las primeras clases de análisis económico que recibí de mi maestro Alberto Di Mare, después de analizar diferentes definiciones de ciencia económica y de la aplicación de matemáticas a este campo del conocimiento, nos dijo: “Economía no es medir. Economía es escoger”.
Con su proverbial sabiduría, don Alberto nos ayudaba a entender que las acciones humanas, cuya generación y consecuencias estudia la economía, son las relacionadas con la escasez de los medios, su versatilidad, que les permite ser usadas con diferentes propósitos y la inmensidad de las necesidades que las personas deseamos satisfacer.
Consumidores y productores, ahorrantes e inversionistas, deben escoger ya que se enfrentan con la realidad de que los bienes, los medios para producirlos y su uso en el tiempo son limitados. Si no se pudiera escoger estaríamos en la misma coyuntura del asno de la paradoja de Buridán que muere de hambre por no poder elegir entre dos pacas de heno.
En la democracia los ciudadanos delegamos nuestra capacidad de escoger sobre el uso de los recursos públicos en los gobernantes seleccionados por elecciones libres, quienes deben proceder respetando los límites establecidos por la asignación de competencias y los otros muchos institutos del Estado de derecho. Los gobernantes deben ejercer esa facultad de escoger porque no les queda otra, enfrentados como están a la inmensidad de las demandas por bienes públicos que son incapaces de satisfacer en su totalidad dada la limitación de los recursos.
En nuestras actuales condiciones legales y fiscales, además, se debe respetar la regla fiscal. No cabe más que priorizar.
Es relevante incrementar nuestra capitalización en CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. Fue durante mi Gobierno que empezamos a participar en ese importante organismo financiero.
Pero es más crucial atender las urgentes necesidades de la Policía, del OIJ, del sistema penitenciario, del Ministerio Público y de los jueces penales ante el grande e incontenido avance de la delincuencia y los homicidios. Claro, esas necesidades no son solo presupuestarias, pero los recursos son necesarios.
Es fundamental la administración ordinaria del Estado, sin embargo, ante la pérdida de carreteras y puentes y ante la disminución de recursos para los programas de apoyo a las familias pobres, se debería dar prioridad a estas últimas actividades. Gobernar es priorizar. Y sí se puede priorizar.
Mientras al iniciar nuestra gestión de Gobierno en 1998 el gasto en educación, salud, seguridad ciudadana, programas sociales e infraestructura era el 45% del gasto presupuestado, excluyendo el servicio de la deuda, para el año 2001 la inversión en esos rubros explicaba el 55% del gasto presupuestado.
Fecha de publicación: 23-Octubre-2023
Fuente: diarioextra.com