ALTERNATIVAS
Miguel Ángel Rodríguez E.
El Gobierno presentó su proyecto de presupuesto para el año entrante dando cumplimiento al cronograma ordenado por la Constitución. Es un proyecto que enfrenta la difícil, importante y muy seria dificultad de compatibilizar la necesidad de recuperar una ruta fiscal sana y de atender de la mejor manera posible urgentes y crecientes necesidades de acción pública.
El presupuesto para 2024, lo mismo que los de los últimos años, demuestra el efecto de la contención del gasto impuesta por la regla fiscal. Es un efecto doloroso creado por los errores y posposiciones del pasado. Por años se dejó acumular un déficit inmanejable y continuado de las finanzas públicas.
A la vez es evidente que estas limitaciones presupuestarias imponen un costo importante ante las necesidades crecientes en varias áreas fundamentales de la acción estatal.
En educación pública es imperativo resolver el problema más importante que vivimos, el deterioro de su calidad y su falta de cobertura creado por un deterioro progresivo durante este siglo y agravado por la pandemia y las huelgas. En seguridad ciudadana sufrimos un muy serio deterioro: este año casi vamos a triplicar el número que en 2002 sufrimos de homicidios por cien mil habitantes año. En Infraestructura no se han siquiera concluido las obras programadas para estar en pleno servicio hace años e incluso ha disminuido el mantenimiento vial, las escuelas con problemas sanitarios se han incrementado, y no se construyen los colegios técnicos que urgen. Ante el crecimiento de la pobreza que se da desde 2020, no aumentan los recursos reales para atender a las familias pobres. Todo esto causa grave deterioro al bienestar de muchísimas personas, especialmente las más pobres y marginadas.
Con los datos de la Presentación y Anexos, y de los resúmenes globales de su proyecto de presupuesto para 2024 que publica el Ministerio de Hacienda no me es posible comparar programas específicos en esos sectores con los presupuestos anteriores ni con la ejecución presupuestaria. Es trabajo para los asesores parlamentarios.
Pero sabemos que los programas de equidad en la educación y para la capacitación de docentes en servicio han venido disminuyendo. Que el importante aumento en seguridad pública no es suficiente frente a la magnitud del problema. Que los gastos de capital disminuyen en este presupuesto y los destinados a mantenimiento vial solo cubren las necesidades de medio año. Que los recursos para vivienda popular han venido disminuyendo lo mismo que los gastos en términos reales para atender los programas sociales.
Que el año entrante sería un tercer año de disminución de los salarios reales de los empleados públicos.
La solución no es echar atrás en la ruta de la sanidad fiscal, lo que tendría aún más graves consecuencias de empobrecimiento en el futuro.
Para compatibilizar la necesidad de ordenar la hacienda bajando la relación deuda a PIB y poder sanamente aumentar los gastos es urgente priorizar. Se puede. Al iniciar nuestra gestión en 1998 del gasto total presupuestado -excluido el servicio de la deuda- se dedicaba un 45% a educación, salud, seguridad ciudadana, programas sociales e infraestructura, pero ya en 2001 la inversión en esos rubros explicaba el 55%. Gobernar en mucho es escoger.
También se puede acelerar el proceso para que el gasto público pueda más rápido atender las apremiantes necesidades hoy no atendidas si se aplica al pago adelantado de deuda pública, los recursos provenientes de la venta del Banco de Costa Rica, Bicsa, el INS y Fanal, tal como lo propusimos en la campaña de 1998.
Recuerdo que eso no se logró ejecutar por los movimientos populares basados en falsedades que se dieron contra la apertura de los monopolios públicos en sectores en los que bien cabe la actividad del gobierno y de la empresa privada. Se puede actuar, y urge hacerlo.
Pero debemos priorizar y ponernos de acuerdo.
Fecha de publicación: 11-Setiembre-2023
Fuente: diarioextra.com