ALTERNATIVAS
Miguel Ángel Rodríguez E.
Volver a encargar al gobierno de administrar pulperías me llena de perplejidad. Si se tratara de que hay elementos monopólicos o de cartelización que están alterando el mercado de venta al por menor, la "Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor" tiene adecuados instrumentos para evitar esas prácticas.
Si se tratara de que el objetivo fuese comprar en el mercado al por mayor para vender en competencia con los detallistas, sería una total falta de prioridades dedicar a ese afán los ralos esfuerzos administrativos de un gobierno que tiene vitales tareas pendientes para bien administrar la salud, la educación, la inversión en infraestructura, la conservación ambiental y la adaptación al cambio climático, la planificación urbana, los programas sociales, la seguridad ciudadana (en lo que ha mejorado), las tareas de supervisión y la tramitología. Con el agravante de que esas carencias administrativas en áreas de tanto valor estratégico, limitan nuestras posibilidades de crecer, generar empleo, disminuir la pobreza y la desigualdad.
Pero recuerdo el pasado y me horroriza que el objetivo pueda ser aún mucho más nocivo.
Antes de la apertura de nuestros mercados y en la época de intensa regulación, intervención y producción estatal, el gobierno fijaba precios mínimos de compra para productos agrícolas que se producían en mercados altamente protegidos como son ahora los de arroz y azúcar. El Consejo Nacional de Producción compraba la cosecha a los agricultores, y luego la vendía, con pérdida, al consumidor a los precios máximos que el gobierno fijaba. Las compras del CNP las financiaba el Banco Central, y como los márgenes no daban para comprar caro y vender barato, las pérdidas que se acumulaban las asumía –con emisión monetaria– el Banco Central.
Para financiar esas pérdidas el ente emisor colocó bonos que lo obligan a un gasto anual en intereses que contribuyen al alto nivel del faltante financiero del sector público no financiero. Durante el gobierno de 1998 a 2002 asumimos el pago de 380 mil millones de colones al Banco Central por esas deudas acumuladas por tantos años, pero a pesar de ello, para el año pasado la última estimación es que las pérdidas del BCCR fueron un 0,8% del PIB contribuyendo con una sétima parte del déficit del sector público no financiero.
Esas pérdidas del BCCR llegaron en 1985, cuando no se había puesto coto a ese sistema perverso de actuación del gobierno en el mercado de abarrotes, a significar un 4,34% del PIB y la inflación era entonces mucho más elevada, a pesar del esfuerzo del gobierno central que tenía un déficit menor al actual.
Fecha de publicación: 13-Ene-2014
Fuente: diarioextra.com