ALTERNATIVAS

Miguel Ángel Rodríguez E.

Dr. Miguel Angel Rodriguez Echeverria

El pasado primero de mayo llegó a la Asamblea Legislativa la Sra. Sonia Rojas, la primera diputada indígena que es electa. El Partido Liberación Nacional merece reconocimiento por haber incluido su candidatura, y su elección debe ser motivo de inmensa alegría para todos los costarricenses. Es muy significativo que este importante conjunto de compatriotas tenga representación en nuestro órgano legislativo. Ya era hora, y qué dicha que se cumplió.

Confió en que la diputación de doña Sonia será de mucho beneficio para los pueblos indígenas nacionales, y pido a Dios así sea.

Los costarricenses debemos aceptar la deuda que tenemos con nuestros conciudadanos indígenas.

A pesar de ser ellos los primeros pobladores de nuestro territorio, sus condiciones de vida no han estado a la altura de la que disfrutan la gran mayoría de sus compatriotas. Además de dificultades materiales, tradicionalmente han sufrido una injusta y agraviante discriminación por nuestra dificultad para respetar y apreciar expresiones culturales diferentes a las que mayoritariamente predominan.

Apenas había iniciado mi período como diputado en 1990 se dio una manifestación de indígenas Ngäbe en una protesta que me impresionó terriblemente. Me llevó Rolando Chacón que iniciaba su colaboración como asistente en la Asamblea Legislativa a la Catedral empezando la noche y no lo podía creer. ¡La protesta se daba porque algunos habitantes nativos de esta República para ser costarricenses tenían que recurrir a nacionalizarse como si fueran extranjeros! Ellos, los más autóctonos y verdaderos costarricenses desde siglos antes de que Colón pisara nuestra costa caribeña.

No podía ser y nos dedicamos a estudiar el punto. El problema se originaba en las costumbres nómadas de muchos de estos verdaderos compatriotas que viven cerca de la frontera con Panamá. Generalmente no podían demostrar su lugar de nacimiento ni la nacionalidad de sus padres que no estaban registrados como costarricenses, por falta de oficinas regionales del Registro Civil y por sus costumbres religiosas. De esa forma se consideraba que no reunían los requisitos constitucionales para ser costarricenses de nacimiento por el derecho de la sangre al ser hijos de ticos, ni por su lugar de nacimiento.

La solución que se había encontrado era que se naturalizaran costarricenses como cualquier extranjero.

Pero ellos eran costarricenses por nacimiento, más que yo, que mis antepasados españoles habían venido en el siglo XVI, los africanos años después, los mexicanos y colombianos hasta en el siglo XIX, y solo los aborígenes eran de tan antigua estirpe como estos costarricenses con mayor legitimidad. Se les privaba del honor de ser costarricenses por nacimiento a pesar de que cumplían con las disposiciones de nuestra constitución política por la verdadera nacionalidad de sus padres y por su lugar de nacimiento.

Preparamos un proyecto de ley y con creatividad resolvimos el problema. Se estableció un sencillo procedimiento para que probaran su filiación y su lugar de nacimiento, y se ordenó al Registro Civil ejecutar las disposiciones para reconocer su condición de costarricenses por nacimiento.

A pesar de los celos políticos muy entendibles frente a quien ya se vislumbraba como un candidato presidencial del PUSC, los diputados de los otros partidos nos dieron su apoyo y antes de terminar el primer año de ejercer la diputación el proyecto fue ley de la República.

Recuerdo con especial emoción la visita que nos hizo la primera persona que gracias a esta ley obtuvo su cédula de identidad como costarricense por nacimiento de acuerdo con el artículo 13 de nuestra Constitución Política. Como no sabía su fecha de nacimiento me había honrado escogiendo el 9 de enero.

Claro que en la preparación del proyecto y en su tramitación gozamos mis asesores y yo de la gran oportunidad de entablar relaciones de cercanía con nuestros pueblos indígenas, lo que constituyó una gran ventaja para aprender cosas que deberíamos de previo haber sabido: sus difíciles condiciones de vida, su apego a tradiciones y costumbres muy respetables, la necesidad de garantizar su autonomía.

Por eso nos empeñamos en la tramitación del Convenio Nº 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, y logramos que se ratificara en abril de 1993.


Fecha de publicación: 14-Junio-2022

Fuente: diarioextra.com


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