ALTERNATIVAS

Miguel Ángel Rodríguez E.

Dr. Miguel Angel Rodriguez Echeverria

Lo tengo grabado en mi mente: la precampaña para tratar de ser candidato presidencial del PUSC acababa de dar un vuelco muy difícil para mí de superar.

Lo que aparentaba a principios de 1988 ser una lucha política con un resultado favorable relativamente fácil de alcanzar se había convertido en una tarea casi imposible.

Quien ya había sido candidato del partido en dos elecciones nacionales, el principal fundador del partido y el hijo de uno de los presidentes más queridos de nuestra historia había cambiado su opinión y en vez de apoyar mi candidatura lanzaba la suya propia.

Por dignidad, por respeto a quienes me habían dado su apoyo (muchos lo quitaron ante el cambio de circunstancias), por el bien del propio partido y luego de consultarlo con mi familia y mis más cercanos colaboradores, decidí seguir adelante.

Me lancé a la calle a tocar puertas y a pedir directamente a los ciudadanos su apoyo. Muchos me lo dieron y mucho se los agradezco.

La primera ocasión de hacerlo acompañado de amigos especialmente jóvenes y de unos pocos experimentados políticos, en Calle Blancos, un señor amablemente me abrió su puerta. Le pedí su apoyo para poder llegar a la Presidencia y le expliqué brevemente algunos de los propósitos de acción gubernamental que me movían a aspirar llegar a esa posición. El señor de inmediato -sin mucho pensarlo- me espetó: “Yo lo ayudo a usted a ser presidente, ¿y a mí usted qué me da?”.

El sentido de la pregunta era muy claro. No se trataba de cuales políticas públicas generales podían ser ventajosas para él. Era una acción mucho más directa en su favor la que me demandaba: un pago en aquel momento, una promesa concreta de un puesto, ayudarlo a pensionarse antes de cumplir los requisitos, una placa de taxi o alguna transferencia directa para él.

En mi novatada me sentí ofendido. Llegar a la presidencia era asumir una gran responsabilidad de servicio, no recibir un premio como sacarse la lotería, ni ganar un concurso que solo al ganador deparaba satisfacción. Durante mis campañas esas y otras solicitudes de intercambiar el voto por alguna ayuda directa me fueron planteadas y traté siempre de explicar que mis compromisos eran solo sobre políticas públicas.

Claro que es un enorme honor poder desempeñar un puesto como miembro de los supremos poderes. Pero no porque sea ganar una posición para provecho propio, sino porque es una muestra de confianza en que uno puede desempeñar una función muy especial en la vida de la república, que le otorgan a uno los ciudadanos.

Desdichadamente en muchas de nuestras actitudes actuamos como aquel señor que gentilmente me abrió su puerta una tarde en los primeros meses de 1988.

El Presidente de la República no recibió la primera dosis de la vacuna contra la Covid-19 sino hasta que llegó la donación de vacunas de los EE.UU. y se abrió la vacunación para personas de su edad. Ni los diputados, ni los magistrados, ni los ministros la recibieron en los grupos prioritarios. Puedo entender que se diera el primer lugar a los funcionarios de salud por su mayor exposición al contagio.

Pero ¿no es la función que desempeñan los miembros de los poderes públicos uno de los servicios más importantes que se prestan al país? Si eso es así y así lo debemos considerar los ciudadanos en una democracia, ¿por qué no se atrevieron esos funcionarios a proceder con su vacunación de manera prioritaria? ¿No debió haberse evitado el gran costo de que la Asamblea Legislativa haya dejado de poder operar por contagio de sus miembros, que el Ministro de Salud por contraer este coronavirus haya tenido que retirarse de su función en medio de esta crisis sanitaria? ¿Cuántos otros ministros o magistrados se habrán contagiado y dejado de lado sus importantes funciones por no estar vacunados prioritariamente?

La defensa de privilegios injustificados en favor de los empleados públicos daña la situación fiscal, es una afrenta contra la justicia distributiva y disminuye la eficiencia en la asignación de los recursos productivos. Esos son motivos suficientes para aprobar la Ley de Empleo Público que forma parte de los compromisos del país con el Fondo Monetario Internacional para resolver nuestro desequilibrio hacendario. Pero, además, esos privilegios contribuyen a fortalecer la equivocada concepción de ser burócrata con ser una persona favorecida por la suerte, en vez de ser un servidor responsable de ejecutar tareas importantes para el bien común. Razón de más para justificar en beneficio de nuestra democracia una pronta aprobación de la Ley de Empleo Público.

Ahora que estamos al inicio de una campaña electoral ojalá reconozcamos el verdadero significado de designar a un ciudadano para integrar los supremos poderes y de escoger a una persona para servir en la burocracia estatal.

Ex Presidente de la República

Fecha de publicación: 2-Agosto-2021

Fuente: diarioextra.com


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