Responsabilidad de los gobernantes ante la fragilidad PDF Print E-mail
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ALTERNATIVAS

Miguel Ángel Rodríguez E.

Dr. Miguel Angel Rodriguez Echeverria

El mundo en que vivimos… la Costa Rica de 2020 nos demanda una enorme responsabilidad en la toma de decisiones públicas. Las circunstancias internacionales son preocupantes, y la realidad nacional también.

El pasado martes 18, en la conmemoración del Vigésimo Aniversario de la Ley de Protección al Trabajador, “la reforma social de nuestro tiempo”, hice hincapié en que vivimos tiempos de fragilidad: fragilidad económica, la globalización basada en reglas está siendo socavada; fragilidad política: la democracia liberal y el estado de derecho están cuestionados, la política y los políticos somos despreciados, la racionalidad cede ante la emotividad; fragilidad social: la desigualdad, el enojo y el rencor aumentan; fragilidad ambiental: nuestro planeta está gravemente amenazado; fragilidad cultural: el relativismo, las redes sociales, la velocidad del cambio tecnológico, los cambios en la familia y la vida de barrio nos desarraigan.

En medio de esa fragilidad que nos condiciona, la realidad fiscal de nuestro país sigue siendo muy precaria, el crecimiento económico muy lento, el desempleo, la informalidad y la pobreza muy altas, y la necesidad de ajustar las finanzas del gobierno y acelerar el crecimiento exigen la adopción de políticas públicas que muchas veces es difícil que los ciudadanos asimilen.

En esas circunstancias se requiere el mejor uso de la capacidad previsora de los costarricense y de la unión de sus voluntades para poder tener éxito. Se requiere moderación y visión hacia el futuro, para que los problemas de hoy no nos conduzcan a sacrificar el bienestar de las generaciones futuras; para que las acciones que se tomen no agranden las brechas en cruel perjuicio de los sectores sociales más débiles.

No es aceptable que en semejantes condiciones se propicien cambios que fragmenten y debiliten la seguridad social que se viene construyendo desde hace casi 80 años con la reforma social del Presidente Doctor Calderón Guardia.

Por eso es sumamente inconveniente que se siga propiciando reformas a la Ley de Protección al Trabajador, con medidas que mutilan gravemente el Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP) y el Fondo de Capitalización Laboral (FCL).

Los cambios propuestos son muy sencillos: se trata de entregar en forma adelantada a los trabajadores los fondos para su pensión y para su cesantía que forman el ROP y el FCL. De esa manera no gozarían en el futuro los trabajadores del ingreso mensual adicional de la pensión del ROP, y si pierden su trabajo no tendrían el apoyo de los recursos del FCL.

La psicología, la economía y la historia repetidamente lo comprueban: las personas preferimos un pequeño beneficio presente que un gran beneficio futuro. Si así no fuera no se justificaría la previsión social. Si así no fuera nadie fumaría. Si así no fuera no habría alcohólicos.

La ventaja del beneficio pequeño contra el beneficio grande en el futuro es su inmediatez. Esa es la fuerza de la tentación de estas reformas. A todos nos cae rico un ingreso adicional y siempre tenemos algo agradable en qué gastarlo. La experiencia internacional es que cuando esto ha ocurrido la mayor parte de la gente lo retira y lo gasta en un corto período. Pero después del disfrute llega la verdad de una pensión muy reducida, una vejez muy estrecha y acongojada y en muchos casos la pobreza. También, se sufre el desempleo sin recursos para enfrentarlo.

Para ocultar los grandes costos sociales y económicos de estas reformas que permiten desfinanciar los fondos de la Ley de Protección al Trabajador, se pretende su aprobación durante un período limitado: respecto al ROP de 4 años, respecto al FCL para que el retiro sea una sola vez. Hacer posibles esos retiros solo por un período transitorio es engañarse pues se trata de una invitación a la permanencia de esta transitoriedad. Si por la tentación de su inmediatez es políticamente deseable cercenar el ROP y el FCL, aunque ello sea social y económicamente muy perjudicial, más atractivo lo será en el futuro con el portillo abierto y el camino ya transitado.

Por estas razones en ningún país con políticos responsables se entregan al jubilarse los recursos destinados a pensiones. En todos se siguen las alternativas que se ofrecen en Costa Rica.

Es responsabilidad de los integrantes de los Poderes Ejecutivo y Legislativo impedir que se resquebrajen los esfuerzos del pasado construyendo la seguridad social. Es su responsabilidad vencer esa tendencia cortoplacista que daría marcha atrás en la seguridad social, y nos dejaría sin la más importante defensa contra los riesgos de la fragilidad.

Los fondos establecidos por la Ley de Protección al Trabajador son parte del sistema de seguridad social que surge para proteger a los trabajadores de los infortunios que produce la incapacidad de ganarse la vida con el sudor de su frente. La seguridad social es en las sociedades modernas la herramienta más importante para alcanzar justicia social. Por eso es tarea de todos, pero especial responsabilidad de los gobernantes, proteger y perfeccionar este tesoro que nos hace diferentes y más resilientes frente a las fragilidades que nos amenazan gravemente.

No permitamos que intereses electoreros transitorios destruyan nuestra seguridad social. Es responsabilidad de todos impedirlo.

Miguel Angel Rodríguez

Ex Presidente de la República

Fecha de publicación: 24-Febrero-2020

Fuente: diarioextra.com

 

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