PDF Imprimir Correo electr贸nico
Valoraci贸n de los usuarios: / 0
PobreEl mejor 

ALTERNATIVAS

Miguel 羘gel Rodr韌uez E.

Dr. Miguel Angel Rodriguez Echeverria

La aprobaci髇 del C骴igo Procesal Laboral fue -con justicia- celebrada como un importante avance en nuestra legislaci髇 del trabajo. Es la reforma m醩 profunda al C骴igo de Trabajo desde su promulgaci髇 en la administraci髇 Calder髇 Guardia.

Pero su propia promulgaci髇 se馻l las dificultades que entra馻 el tema de las huelgas en los servicios p鷅licos. Su primera aprobaci髇 legislativa recibi el veto de la administraci髇 de do馻 Laura Chinchilla en raz髇 de los peligros y posibles inconstitucionalidades que implicaba el trato muy laxo a ese tema, y los peligros que ello implicaba para los usuarios de servicios esenciales.

Aprobar esta nueva normativa era una importante responsabilidad y un deber de justicia que mucho tardamos en cumplir. Desde los a駉s noventa Costa Rica sufri censuras por parte de la OIT por falta de protecci髇 efectiva a los dirigentes sindicales para ejercer sus tareas frente a la empresa privada.

Por ello al inicio de mi gobierno, en 1998, se someti a la Concertaci髇 Nacional el tema de libertades sindicales y dicha instancia acord que se deber韆 regular el debido proceso para el despido de trabajadores protegidos por fuero sindical; establecer un proceso sumario para la revisi髇 de esos despidos y asegurar el inmediato reintegro de los trabajadores ilegalmente despedidos.

A pesar de posteriores dificultades entre trabajadores y patronos para la ejecuci髇 de este acuerdo, se present por el Ejecutivo un proyecto de ley en 2002 que introduc韆 estos elementos en favor de la libertad sindical, que hoy son parte de nuestra legislaci髇 gracias al C骴igo Procesal Laboral. El proyecto de ley que incluy los diversos aspectos que hoy abarca se present desde 2005, con acuerdo de trabajadores, patronos y el Poder Ejecutivo y con la colaboraci髇 de los magistrados de la Sala II.

Las recientes huelgas de empleados p鷅licos demostraron las enormes deficiencias con que finalmente se aprob esa legislaci髇 y se馻lan la urgencia de enmendarla en resguardo de los derechos fundamentales de los habitantes de nuestra rep鷅lica.

Una huelga que impide se imparta educaci髇 a los ni駉s, o que evita se puedan efectuar cirug韆s urgentes y programadas con meses (縜駉s?) de antelaci髇 y atender apropiadamente a los enfermos, que trata de evitar el acceso de los habitantes a los derivados del petr髄eo, o que impida la libre circulaci髇 de personas o de sus bienes, no puede darse impunemente violando los derechos de otras personas. Menos a鷑 puede prolongarse por semanas y meses sin soluci髇 judicial. Hay casos que han durado a駉s. Es obligaci髇 del Estado proteger las libertades de sus habitantes.

Por eso es fundamental declarar cu醠es servicios p鷅licos son fundamentales y en ellos no puede haber derecho a huelga. Las manifestaciones de los trabajadores en esas actividades no deben alterar la prestaci髇 de esos servicios, como ocurre por ejemplo con la educaci髇 en Alemania.

Ciertamente entre los servicios en los cuales no se admitan huelgas debe estar la educaci髇. Desde nuestro nacimiento como pa韘 la educaci髇 ha sido esencial, en ella hemos basado la democracia, la justicia social y el progreso. La educaci髇 es un derecho fundamental de los estudiantes que son sus beneficiarios, y no de los docentes. Para que la educaci髇 sea ese derecho fundamental no es preciso que mueran ni駉s por no recibir clases, como demand un dirigente sindical. Basta con que sea el instrumento principal que les permitir a ni駉s y j髒enes, especialmente de las familias pobres, convivir en paz, forjar su propia vida, disfrutar la cultura, surgir y forjar su propio bienestar.

Los empleados p鷅licos tienen derecho a la huelga legal y a manifestar sus posiciones y defender sus intereses. Eso nadie debe coart醨selos.

Pero es claro que no tienen derecho a impedir el funcionamiento de los servicios p鷅licos que la ley debe proteger contra esa eventualidad, y la calificaci髇 de una huelga que afecte esas prestaciones esenciales para los habitantes, o que no cumplan con los requisitos para ser legal, debe darse en muy pocos d韆s. De lo contrario no cumple papel alguno.

Los huelguistas no tienen derecho a impedir las libertades y derechos de otras personas, como la libertad de libre circulaci髇 de ellas y de sus bienes. Menos tienen derecho alguno a la violencia contra la polic韆 ni contra ninguna persona, ni pueden propiciar ni cobijar acci髇 delictiva alguna. Para evitar que ello ocurra en una huelga ilegal, la calificaci髇 judicial de esa actividad debe ser r醦ida, para que sea oportuna. Y las consecuencias de esa declaraci髇 deben ser efectivas.

Miguel Angel Rodr韌uez

Ex Presidente de la Rep鷅lica

Fecha de publicaci髇: 11-Febrero-2019

Fuente: diarioextra.com

Comentarios
¡Sólo los usuarios registrados pueden escribir comentarios!

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 

Documentos recientes para bajar

Facebook Link

Compartir en facebook

Para copiar un art韈ulo de este sitio a un archivo de Word, primero copie y pegue el t韙ulo, y luego el cuerpo del art韈ulo, con el fin de que conserven los formatos y m醨genes adecuados.