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Los Especialistas » Miguel Angel Rodríguez por Academia de Centroamérica

Junio 28, 2018 5:17 pm

Estancamiento secular o cíclico

En dos visitas a la Asamblea Legislativa, y en sendas presentaciones, la Sra. Ministra de Hacienda doña Rocío Aguilar planteó las propuestas del gobierno para enfrentar el heredado déficit fiscal y la creciente y peligrosa deuda pública. Estas se dirigen a restringir el crecimiento del gasto y sus disparadores, a aumentar ingresos tributarios extendiendo la base, a lograr mayor eficiencia en la recaudación de los impuestos y a establecer reglas fiscales en la constitución que prevengan el resurgimiento de la actual circunstancia.

Tres temas se han presentado en la discusión seria de estas medidas: ¿Son suficientes? ¿Se deben aprobar ya todas las medidas para que se estabilice la deuda pública? Y, ¿cómo se relacionan estas medidas con el crecimiento?

1-. ¿Son suficientes las medidas propuestas?

Don Thelmo Vargas (Análisis 15 Academia de Centroamérica) nos volvió a ayudar con aritmética fiscal.

La deuda pública aumenta con el déficit primario (gastos totales menos intereses menos ingresos corrientes), y si la tasa de interés real que paga el gobierno es mayor a la tasa de crecimiento del PIB real.

En nuestro caso, ambas condiciones se dan. Si se desea que la deuda pública no crezca más en relación al PIB, don Thelmo -con los datos actuales de Costa Rica- nos indica que se requiere un ajuste (disminución de gastos más aumento de ingresos corrientes) de 4,57 puntos del PIB.

El Banco Mundial en su informe “Fiscal Adjustment in Latin America and the Caribbean: Short-Run Pain, Long-Run Gain?” publicado este mismo año, hace una medición similar para nuestro país. Estos cálculos no contemplan que el ajuste fiscal incremente el crecimiento y/o disminuya la tasa de interés que deba pagar el gobierno.

Si por efecto de las correcciones fiscales se logra un incremento del crecimiento del PIB y una reducción de los intereses a pagar que entre ambos signifiquen un punto y medio, el ajuste requerido disminuiría a 3,84% del PIB. Si los cambios en crecimiento del PIB y la tasa de interés fueran de 1 punto (por ejemplo una tasa de interés real de 6% y crecimiento del PIB de 4%) el ajuste necesario sería de 4,08 puntos del PIB.

Según los medidas presentada por la Ministra Aguilar en su primera comparecencia en la Asamblea Legislativa, el ajuste (límites a aumento de salarios, a uso de plazas vacantes y a ejecución de otros gastos) sería del orden de 0,2% del PIB en este año.

Para 2019, el ajuste sería de 2% del PIB (IVA, Renta, lo de 2018, no crecer el presupuesto salvo en deuda, pensiones e inversión, y limitar otros gastos). Asimismo, la Ministra anunció para el año entrante una Ley de Empleo Público y para el año 2020 ahorros por reestructuraciones en la administración pública.

2.- ¿Se deben aprobar ya todas las medidas para que se estabilice la deuda pública?

En su segunda comparecencia, doña Rocío presentó una estimación del efecto fiscal de las medidas a mediano plazo (2022), incluyendo -además de lo estimado en su primera presentación- los efectos de la Ley de Empleo Público; la extensión del impuesto de renta; la eliminación de destinos específicos legales; reestructuraciones administrativas; cobro de impuesto solidario a pensiones de lujo; control adicional de gasto en los presupuestos de 2020,2021 y 2022; incorporación de entes desconcentrados a gobierno central; y ahorros financieros por menores necesidades de financiamiento.

Con todas estas medidas, el ajuste estimado sería de 4,11 puntos del PIB. Con lo cual -en mi concepto- la propuesta sería suficiente.

Cuando se dio la primera comparecencia de la Sra. Ministra, se la criticó porque no era suficiente el ajuste cuya estimación se presentó. Ahora se han dado críticas porque al señalar todas las medidas, por ejemplo la extensión del impuesto de renta a cooperativas y hacerlo un impuesto global, se agrega enemigos a la reforma.

Otros, como los sindicatos convocando a huelga, a pesar de estos cambios señalan que no todos están participando en el esfuerzo requerido para resolver el problema fiscal.

El primer argumento tiene mérito y yo lo viví cuando se unieron en un solo proyecto la apertura del monopolio de telecomunicaciones y del monopolio eléctrico. Pero creo que para convencer a las calificadoras de riesgo y a los organismos internacionales sobre la seriedad de las propuestas era necesario proceder como lo hizo el gobierno: planteando las medidas para ejecución ejecutiva y legislativa inmediata y las que solo se presentaran en los años siguientes.

Es imposible aprobarlo todo ya, y por haber ya indicado Doña Rocío Aguilar cuales serían la totalidad de las medidas, lo que ahora es urgente es la aprobación legislativa y ejecutiva de las medidas señaladas en la primera comparecencia de la Ministra.

Como indicó una misión del FMI que nos visitó en junio “atrasar la ejecución, de las reformas en la Asamblea Legislativa en espera de un plan completo y suficiente, lo que haría sería aumentar el costo del ajuste necesario y prolongar la incertidumbre en los mercados financieros y entre los inversionistas, que está contribuyendo a disminuir el crecimiento de la actividad económica”

3.- ¿Cómo se relacionan estas medidas con el crecimiento?

Cómo se desprende de la determinación del tamaño del ajuste requerido, el esfuerzo fiscal es menor entre mayor sea la tasa de crecimiento de la economía. Es por ello evidente la enorme importancia de que la economía costarricense crezca más para que las propuestas del gobierno sean exitosas.

El año pasado el crecimiento resulto inferior al estimado inicial del BCCR, y también inferior a la corrección a la baja que hizo esa institución a mediados de año. El crecimiento del PIB que finalmente se dio en 2017, fue el segundo más bajo desde 2010.

El PIB trimestral viene disminuyendo su crecimiento desde finales de 2016. Este año el resultado del primer trimestre (3,2%) es ligeramente inferior al del año pasado y posiblemente el crecimiento anual sea también inferior al ya muy bajo de 2017.

También el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) viene disminuyendo mes con mes en 2018. Y su tendencia es a la baja desde finales del 2016.

Como se sabe, una política restrictiva del gasto gubernamental y de incremento de los impuestos tiene efectos restrictivos sobre la demanda y el crecimiento del PIB. Por eso es imprescindible que a la par de los ajustes necesarios, se tomen medidas para eliminar frenos al crecimiento y para estimular la inversión nacional y extranjera.

Pero más bien los datos del crecimiento del crédito bancario hacen más preocupante el posible y negativo efecto recesivo del ajuste fiscal.

El crédito bancario total en los primeros 6 meses de 2017 tenía un crecimiento interanual del orden de un 12 a 13%, y en los últimos siete meses de 2016 había crecido cada mes más de 12%. Pero desde julio del año pasado viene disminuyendo su crecimiento interanual mes con mes hasta llegar en mayo a solo 2,9%

Ciertamente el bajo crecimiento del crédito bancario tiene muchas causas. Una de ellas, las altas tasas de interés producto principalmente de la presión ejercida por la necesidad del gobierno de financiar su déficit, de la política del BCCR para no permitir que se devalúe el colón y de los aumentos de las tasas de interés internaciones por las acciones del Federal Reserve.

Otra, la incertidumbre por la situación fiscal que afecta los planes y cronogramas de inversión. Una tercera, el incremento de los precios de materias primas, en especial del petróleo, que restringe la demanda sobre todo de bienes de consumo duradero. Estas causas afectan la demanda por crédito bancario.

Todavía otra, las convenientes medidas del órgano supervisor para evitar el endeudamiento en moneda extranjera de quienes no generan divisas. Estas causas afectan la demanda por crédito bancario.

Pero también se ha afectado la oferta del crédito de los bancos estatales a partir de los escándalos por los casos “cementazo”, Yanber, Hidrotárcoles y otros.

Es razonable asumir que los funcionarios bancarios, ante la justificada investigación penal por presunciones de fraude, se vuelvan mucho más cuidadosos y selectivos en el otorgamiento de créditos y restrinjan su oferta.

Este año el crédito de los bancos estatales en mayo solo creció un 1,1% frente a un 5% de los bancos privados. Y comparando ese mes con los primeros meses de 2017 la caída en el aumento del crédito de los estatales es de un 90% en comparación con un 66% para los privados.

Además, y espero que sea una causa que dure muy poco tiempo más, la dolorosa situación política en Nicaragua disminuye la tasa de crecimiento del PIB de Costa Rica, pues afecta nuestra capacidad de venderle bienes a ese hermano país y también de transportar nuestras exportaciones al norte de Centroamérica.

En estas condiciones es urgente que a la par del ajuste fiscal se ejecuten tareas para:

  • Incrementar sustancialmente la inversión en infraestructura (directa y por concesiones).
  • Estimular el crecimiento del crédito de la banca estatal (aclarar muy convincentemente por parte del Ministerio Público y de los poderes estatales que se persiguen los fraudes y no los créditos fallidos).
  • Eliminar restricciones gubernamentales a la inversión privada como la tramitología excesiva; las tardanzas y las injustificadas demandas de Setena; la tardanza indebida para inscripción de sociedades, de marcas, de productos genéricos, de permisos fitosanitarios, de permisos de construcción.
  • Efectuar cambios en la enseñanza media, en la técnica de secundaria y en el INA para generar habilidades.
  • Todas las relacionadas con propiciar la innovación, y las iniciativas que aumenten la productividad.
  • Tal como lo ha propuesto el gobierno, mejorar la gobernanza hacendaria y establecer en la constitución reglas fiscales, para dar garantías de que el arreglo fiscal será duradero.

Fuente: CR Hoy

 

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