Apertura comercial, pobreza y desigualdad PDF Print E-mail
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Los Especialistas » Miguel Angel Rodríguez por Academia de Centroamérica


Imagen de archivo. Miguel Ángel Rodríguez. EFE

Miguel Angel Rodríguez

Desde los noventas, muchos comentarios en los medios y discursos políticos han venido achacando a la apertura de la economía nacional el estancamiento de la pobreza y el aumento de la desigualdad. Esta posición también se refleja en los valiosos Informes sobre el Estado de la Nación anteriores al del año pasado.

Es meritorio que en el Vigésimo Informe, y en especial con la inclusión del capítulo “Veinte Años Después” se cambia esa posición. Pero es siempre conveniente refutar erradas conclusiones.

El agote fiscal que resultó de los errores acumulados y las condiciones externas que crearon la crisis de 1980-1984, obligó a reducir drásticamente el déficit fiscal mediante disminución del gasto. Al hacerlo se cometieron serios errores. Claro que la simiente de esos errores fue sembrada con las políticas que crearon la crisis y que obligaban a la reducción del gasto, pero también se originaron en falta de consideración a los efectos sobre la productividad del sector privado.

Uno de esos errores, claramente identificado por el Banco Mundial en su revisión del sector público de 1989, fue recortar el gasto en los servicios de educación y salud dirigidos a los hogares más pobres, al tiempo que más bien creció el gasto que iba en esas áreas en favor de grupos con mayores ingresos. La proporción de jóvenes matriculados en secundaria no recobró los niveles de 1980 sino hasta finales de los noventas, y eso causó que asistiera a secundaria una quinta parte menos. Esos jóvenes son ahora la generación más numerosa de trabajadores de 30 a 45 años, con poco capital humano.

A esta lamentable circunstancia se unió la muy significativa inmigración de trabajadores no calificados que arribaron en esos años como producto de la guerra y las dificultades económicas de Nicaragua en los ochentas y noventas. El efecto fue un incremento muy sustancial en la oferta de trabajo no calificado.

Pero también afecto la pobreza -y más tarde la distribución del ingreso-el cambio en la demanda laboral, que con la informática por una parte y el crecimiento de la producción industrial China basada en muy bajos salarios por otra, llevó a demandar -para producir exportaciones- trabajadores con niveles mayores de educación, mínimo con secundaria completa. El país hizo muy bien en adaptarse a esos cambios tecnológicos y del comercio mundial, pero eso dificultó a los jóvenes de familias pobres con poca educación encontrar empleos formales que paguen el menos el salario mínimo, y disminuyó el salario real que en otras condiciones se habría dado para trabajadores no calificados.

Un segundo error surgido del exceso de gasto anterior, fue recortar la inversión en infraestructura, sin luego recuperarla. Así no solo se afectaron costos de transporte, energía y otros sino que se dejó de aumentar la demanda por trabajadores no calificados que son usados intensamente en el sector construcción, lo que hubiera mejorado el nivel de empleo y los salarios para los trabajadores de las familias pobres.

Otro error fue el sistema de incentivos para disminuir la planilla, que alentó la salida del sector público de muchos de los mejores profesionales. Esto se dio al tiempo que el gobierno pasó de un papel productor a uno de regulador, que demanda profesionales con mucha experiencia.

Al no contar ni con la infraestructura necesaria ni con la capacidad burocrática requerida para eficiencia en el sector público, se afectó la productividad en el sector privado.

La adopción de las reformas en Costa Rica fue inicialmente rápida y fuimos considerados por el BID como un reformador pionero. Durante ese período logramos reducir la pobreza y volver a los niveles anteriores a la crisis. Pero luego el debilitamiento de las estructuras del bipartidismo dificultó la toma de decisiones. No se aprobó el PAE 3, ni la apertura de los monopolios estatales, ni la venta de algunos activos gubernamentales para cambiarlos por otros (vender banca y seguros para tener más escuelas, carreteras, puertos).

Para enfrentar esos tres errores en la forma de disminuir el gasto se intentaron diversas medidas. Unas exitosas como las reformas a pensiones y al sector salud por los tres gobiernos de los noventas, y el incremento en la educación secundaria a fines de esos años. Otras de vida limitada como la descentralización para ejecutar obra del Triángulo de Solidaridad, los programas de enfoque del gasto social como el SIPO y las concesiones que se aceleraron en su estudio y contratación a fines de los noventas, pero se paralizaron después. Y hasta se agravaron los efectos nocivos cuando -ante la gran recesión de 2008- se aumentó la planilla estatal y se volvió a tener déficit en cuenta corriente.

De esta forma el efecto acumulado de la carencia de infraestructura y de recursos fiscales y de la ineficiencia gubernamental, se hizo sentir cada vez más en su impacto sobre la capacidad de un crecimiento eficiente y compartido. Así lo demuestra el muy pobre crecimiento de la productividad en la primera década de este siglo comparado con los años noventa.

Si hubiésemos podido invertir adecuadamente en infraestructura, tener una regulación burocrática menos entorpecedora y lerda y servicios públicos más eficientes y baratos…otro gallo habría cantado.

Esta es la agenda incumplida que enfrentamos: calidad y universalización de la educación secundaria y mayor capacitación laboral, inversión en infraestructura y equilibrio financiero y eficiencia en el gobierno.

Escrito por Miguel Angel Rodríguez | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Fecha de publicación: 9-Ene-2015
Fuente: crhoy.com
 

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