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Discurso pronunciado ante el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero y Superintendencia de Pensiones, el martes 18 de febrero de 2020, con motivo del vigésimo aniversario de la Ley de Protección al Trabajador.

Miguel Ángel Rodríguez E.

Vivimos en Costa Rica y en nuestro mundo tiempos de fragilidad: fragilidad económica “la globalización basada en reglas está siendo socavada”; fragilidad política “la democracia liberal y el estado de derecho están cuestionados, la política y los políticos somos despreciados, la racionalidad cede ante la emotividad”; fragilidad social “la desigualdad, el enojo y el rencor aumentan”; fragilidad ambiental “nuestro planeta está gravemente amenazado”; fragilidad cultural “el relativismo, las redes sociales, la velocidad del cambio tecnológico nos desarraigan”

En medio de esa fragilidad escuché una anécdota que vivió Ricardo Monge cuando de visita en Chile, después de conversar sobre las protestas que ha vivido ese país alguno de los contertulios le espetó: “Bueno Ricardo, ahora sigue Costa Rica”. No tuvo tiempo mi amigo de contestar antes de ser interrumpido por una reconocida economista, buena conocedora de nuestro país, quien indicó: “No se equivoquen, Costa Rica es diferente. Ahí la educación y la medicina cubren a la población, y no se adoptó la solución chilena para la seguridad social sino un modelo multipilar”.

Esa anécdota me obligó a reanudar una vieja reflexión: ¿Qué hizo diferente a Costa Rica? ¿Qué debemos hacer para fortalecer nuestras ventajas?

Hace ya más de 30 años, en Al Progreso por la Libertad postulé que la diferencia surgía de la capacidad previsora y el accionar unidos. Gracias a ellos pudimos adelantarnos décadas a naciones más letradas y ricas en integrarnos al mercado internacional del café. Por previsión y unión logramos -partiendo de ser la más pobre de las provincias de la Capitanía de Guatemala- situarnos a finales del siglo XIX entre las naciones de Latinoamérica con mejores niveles de educación y de salud. Pudimos desde ese siglo antepasado empezar a construir nuestra democracia y nuestro estado de derecho que se consolidaron en la primera mitad del siglo XX. En medio del fragor de la II Guerra Mundial se hizo la gran reforma social, gracias a previsión y unidad. Por esas virtudes, terminada la conflagración de 1948 pudieron nuestros padres fortalecer la acción estatal promotora del desarrollo. Por esa misma causa, durante la segunda mitad del siglo XX las administraciones se alternaron unas en fortalecer el estado, otras en fortalecer la sociedad civil. De esa manera estado y sociedad fueron capaces de limitarse mutuamente, y avanzar en bienestar fortaleciendo una democracia y una economía inclusivas, tal como lo consideran necesario Daron Aemoglu y James Robinson en su muy reciente obra EL ESTRECHO CORREDOR: ESTADOS, SOCIEDADES Y EL DESTINO DE LA LIBERTAD.

Cuando fui electo Presidente de la Asamblea Legislativa en 1991 lleno de optimismo señalé que esa SOLUCIÓN COSTARRICENSE seguía siendo el camino para el progreso compartido, en libertad y con fraternidad.

Pero esa marcha constructora de libertad y progreso tuvo un quiebre a mediados de los noventas cuando la oposición impidió a la Administración Calderón Fournier continuar la profundización de las reformas posteriores a la crisis de deuda externa, impidiendo la aprobación del PAE 3. Se actuó en forma contraria al apoyo dado a esa oposición del 90-94 cuando era gobierno en 82-90.

Entendí entonces que era necesario un cambio para volver a actuar de manera previsora y unida. Por eso centré los esfuerzos políticos, camino a la elección de 1998, en construir un gran acuerdo interno en mi partido con la participación de decenas de miles de costarricenses para elaborar la CARTA SOCIAL CRISTIANA A COSTA RICA. Plasmamos luego los instrumentos y procedimientos de acción en el programa de Gobierno SOLUCIONES PARA EL FUTURO y en reuniones sectoriales de campaña sembramos las bases que me permitieron al día siguiente de mi elección convocar, al pie del Monumento Nacional, LA CONCERTACIÓN NACIONAL.

En esos documentos planteamos soluciones para las pensiones, la capitalización de los trabajadores, el bajo ahorro nacional y los problemas, injusticias y contradicciones del régimen de cesantía. Esos temas por muchas décadas habían burlado la capacidad costarricense para atenderlos. Además, el envejecimiento de la población y las condiciones financieras del sistema de pensiones hacían más urgente resolverlos.

Por eso a la Concertación Nacional le plateamos soluciones para esos temas, que con la colaboración de Joseph Stiglitz y Alberto Trejos habíamos logrado plasmar en una misma propuesta.

No fue fácil lograr el acuerdo de sindicalistas, solidaristas, cooperativistas, patronos grandes, medianos y pequeños con las propuestas de los técnicos. Pero se logró.

Así se construyó, con previsión y con unión de buenas voluntades y esfuerzos, la Ley de Protección al Trabajador.

Esta ley no es un simple sistema de ahorro. Es parte fundamental de la seguridad social que nos hace diferentes y ha contribuido al progreso.

Es de enorme importancia proteger y perfeccionar la seguridad social con miras a cerrar brechas que perjudican a los más pobres y necesitados y no actuar hoy en perjuicio del futuro bienestar. Debemos preservar y fortalecer el legado recibido y nunca destruirlo para satisfacer beneficios perecederos presentes, aunque hacerlo nos pudiera deparar beneficios políticos inmediatos.

La Ley de Protección al Trabajador es el aporte previsor de una sociedad unida para proteger a los trabajadores en su vejez; para impedir que los acelerados cambios demográficos que vivimos dejen a los y las ancianas en la pobreza por carecer de protección en su retiro; es una manera de fortalecer la capacidad de ahorro nacional que es necesaria para nuestro crecimiento; es la manera de evitar los conflictos, las injusticias y las frustraciones laborales que abundaban por el sistema de cesantía; es convertir el derecho de cesantía en real y permanente, sin limite de 8 años y sin que se pierda porque el trabajador cambie voluntariamente su empleo.

Es -y debe seguir siendo- un mecanismo que impide a los gobiernos, a la CCSS y a la Asamblea Legislativa apoderarse de los recursos de los trabajadores que para eso los tienen a su nombre en cuentas individualizadas en la Operadora de Pensiones de su libre escogencia.

Pero esta última conveniencia ha sido puesta a prueba en los últimos años.

Primero fue una dependencia de la propia CCSS que increíblemente se permitió proponer que los fondos de los trabajadores en sus cuentas individuales -que solo se pueden utilizar en favor de cada trabajador de las maneras establecidas en la Ley de Protección al Trabajador- se trasladasen a propiedad de la CCSS para financiar el régimen de IVM, que las propias dependencias de esa institución habían negado por años que estuviese en peligro. Parecía imposible que una dependencia de la CCSS no supiera que el ROP tiene como finalidad complementar las pensiones de IVM y que puede significar un 20% del salario de cálculo de la pensión, o sea tanto como una tercera parte de la pensión de quien se jubile con IVM. Como lo dije entonces “De nada sirve desvestir un santo para medio tapar a otro con ropa ajena”

Después vino el proyecto para entregar, a la hora de su jubilación, de golpe los recursos del ROP que estén en la cuenta del trabajador, eliminando este pilar del sistema de pensiones.

En su versión actual permitiría a quien se pensiona pedir que se calcule su pensión para que lo cubra durante los años de su esperanza de vida. Esta sería una modificación inconveniente pues aproximadamente la mitad de las personas sobrepasan la expectativa de vida que tienen a la edad de su retiro, y quedarían sin este ingreso cuando estén más viejas y necesitadas. Otra mitad muere antes de alcanzar esa expectativa de vida. Lo considero un mal menor ante la posibilidad de una reforma que en la práctica acabe con esta pensión complementaria, que cada día es más necesaria frente a la disminución que se viene produciendo y se seguirá dando en el porcentaje de pensión de IVM. Es un mal menor pues todas las personas -incluso quienes opten por esta alternativa- disfrutarían de una buena pensión hasta la edad de su expectativa de vida, y la mitad de los que opten por esta pensión la disfrutarían completa pues morirían antes de alcanzarla. Solo la mitad de los que escojan esa alternativa dejarían de gozar de la pensión complementaria al llegar a la vida esperada. Por estas muy negativas consecuencias esta alternativa no es opción, que yo sepa, en ningún país, sin que al menos se acompañe por un seguro de longevidad para proteger a las personas que superen su expectativa de vida condicional

Pero ese proyecto no evita el mal mayor, pues incluye un transitorio que permitiría a los beneficiarios retirar la totalidad de los recursos para su pensión al momento de pensionarse. Lo hace con la justificación de que el retiro de la totalidad del fondo sería por un período hasta 2023. Esto prácticamente terminaría con el ROP durante ese período.

Esa transitoriedad es ficticia, se convertiría en permanente y acabaría con el ROP permanentemente. Si por la preferencia que tenemos las personas por un pequeño beneficio presente ante un grave perjuicio futuro, hoy es políticamente oportuno promover esa reforma, más lo será en el futuro con el portillo abierto y el camino ya transitado.

La sicología, la economía, la historia repetidamente lo comprueban. Las personas preferimos un pequeño beneficio presente que un gran beneficio futuro. Si así no fuera no se justificaría la previsión social. Si así no fuera nadie fumaría. Si así no fuera no habría alcohólicos.

Claro que esto produce un beneficio inmediato. A todos nos cae rico un ingreso adicional y siempre tenemos algo agradable en que gastarlo. La experiencia internacional es que cuando esto ha ocurrido la mayor parte de la gente lo retira y lo gasta en un corto período. Pero después del disfrute llega la verdad de una pensión muy reducida, una vejez muy estrecha y acongojada y en muchos casos la pobreza. Hacer posible como una salida el retiro total solo por un período transitorio, es engañarse pues es una invitación a la permanencia de esta transitoriedad.

Finalmente, un proyecto referido al FCL propone que las personas puedan retirar la totalidad de esos recursos por una sola vez en cualquier momento para reactivar la economía. El costo es que se erosiona la pensión futura pues la mitad de esos recursos están destinados al ROP, y además si el trabajador pierde su empleo recibirá una menor cesantía y tendrá menos recursos durante su desempleo, que es cuando más los necesita. Y bien sabemos y mucho nos duele el elevadísimo nivel de la desocupación.

Algunos pueden pensar que con estos atentados contra la seguridad social al menos se logra acelerar el crecimiento económico incrementando la demanda actual. Pero eso es falso. Uno de los principales determinantes del crecimiento es el nivel del ahorro nacional. Estas medidas además de sus perjuicios a la justicia social disminuirían el ahorro y por ende nuestro desarrollo, que más bien demanda estímulos para aumentar el ahorro nacional.

Además, las operadoras de pensiones para pagar los retiros deberán, si se aprueban estas iniciativas, en muy pocos años liquidar cientos de miles de millones de colones de bonos del gobierno. Esto bajaría su precio, aumentando el peso de los intereses sobre el déficit fiscal, e incluso podría por la fragilidad fiscal provocar un contagio financiero. El gobierno está pidiendo autorización de emitir bonos de deuda externa. Si se dan estas reformas, con ese nuevo endeudamiento externo deberá el gobierno sustituir los bonos que liquidarán las operadoras de pensiones. Al final de cuentas se estarían emitiendo eurobonos para facilitar recursos a quienes ponen en riesgo su bienestar en la vejez. Espero que el BCCR, CONASSIF, SUPEN y el Ministerio de Hacienda alerten sobre estos costos al gobierno y a la Asamblea Legislativa.

Yo entiendo que la responsabilidad de los gobernantes es actuar impidiendo abrir brechas contra los débiles y los pobres, aunque los pueblos se rindan ante la preferencia que todos tenemos por lo inmediato. Esa responsabilidad es aún mayor cuando se tiene el objetivo de cerrar brechas. En el diseño de nuestra institucionalidad deben las autoridades actuar igual que como lo deben hacer en el uso de los recursos naturales, sin perjudicar el bienestar de las generaciones futuras.

Eso no se logra convocando a sesiones extraordinarias proyectos como estos que dañan seriamente el bienestar de los pensionados del futuro, en especial de los más pobres. Se actúa en contra de la justicia social cuando se retira de sesiones extraordinarias un proyecto que la hiere gravemente para que no venza su período de trámite, y se lo convoca de nuevo para que cumpla con su dañino propósito. Hacerlo daña la seguridad social que con miles de esfuerzos venimos tratando de construir desde la gran Reforma Social del Presidente Dr. Calderón Guardia hace ya casi 80 años. Esa es una responsabilidad histórica que las autoridades deben evaluar.

Si ese no fuera el caso, ¿por qué no cerrar la CCSS, repartir sus reservas, y así engrosar las arcas de patronos y trabajadores? Además de lo que se recibiría en efectivo, los patronos ahorrarían una sétima parte del costo de sus planillas, y los trabajadores tendrían todo un mes de salario adicional al año para su personal disposición. No se cierra la CCSS aunque muchos se alegrarían de recibir esos recursos, porque debemos ocuparnos por los trabajadores y su familia cuando están enfermos, y por su bienestar cuando deban dejar de trabajar. Me pueden decir que es absurdo pensar en cerrar la CCSS. Y tienen razón ¿Entonces cómo pueden pretender acabar con el pilar del ROP que viene a dar soporte al pilar de IVM?

No fue fácil efectuar la reforma social, y muchos se opusieron con los mismos argumentos con los que ahora pretenden destruir el ROP y el FCL y romper la seguridad social.

Claro que hay reformas que se deben hacer para fortalecer nuestra seguridad social. El régimen de IVM requiere ser equilibrado, tomando en cuenta ajustes graduales, complementando sus beneficios con los que aportará el ROP y con recursos que no recaigan sobre la planilla. Se debe fortalecer el pilar de pura solidaridad, el régimen de pensiones no contributivas, y evolucionar hacia una pensión universal básica. Es conveniente destinar al ROP paulatinamente y una vez que la economía se recupere, montos que lo fortalezcan, como lo he propuesto. Estas transformaciones sí cierran brechas y mejoran el bienestar de las generaciones futuras. Pero ante los enormes peligros que amenazan la seguridad social, este es tema para otra ocasión.

Los fondos establecidos por la Ley de Protección al Trabajador son parte del sistema de seguridad social que surge para proteger a los trabajadores de los infortunios que produce la incapacidad de ganarse la vida con el sudor de su frente. La seguridad social es en las sociedades modernas la herramienta más importante para alcanzar justicia social. Por eso es tarea de todos, pero especial responsabilidad de los gobernantes, proteger y perfeccionar este tesoro que nos hace diferentes y más resilientes frente a las fragilidades que nos amenazan gravemente.

Yo defenderé con todo mi vigor las conquistas costarricenses que nos diferencian y fortalecen. Pero ya tengo 80 años.

En esta celebración de los 20 años de la ley de Protección al Trabajador con respeto los convoco a ustedes, a las autoridades del ejecutivo y del legislativo y a todos los costarricenses a seguir siendo previsores y actuar unidos en favor de la justicia social. No permitamos que intereses electoreros transitorios destruyan nuestra seguridad social.

Es responsabilidad de todos impedirlo.

20 años protegiendo al trabajador: Logros y retos

Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero y Superintendencia de Pensiones

martes 18 de febrero de 2020

Miguel Ángel Rodríguez E.

 

Vivimos en Costa Rica y en nuestro mundo tiempos de fragilidad: fragilidad económica “la globalización basada en reglas está siendo socavada”; fragilidad política “la democracia liberal y el estado de derecho están cuestionados, la política y los políticos somos despreciados, la racionalidad cede ante la emotividad”; fragilidad social “la desigualdad, el enojo y el rencor aumentan”; fragilidad ambiental “nuestro planeta está gravemente amenazado”; fragilidad cultural “el relativismo, las redes sociales, la velocidad del cambio tecnológico nos desarraigan”

En medio de esa fragilidad escuché una anécdota que vivió Ricardo Monge cuando de visita en Chile, después de conversar sobre las protestas que ha vivido ese país alguno de los contertulios le espetó: “Bueno Ricardo, ahora sigue Costa Rica”. No tuvo tiempo mi amigo de contestar antes de ser interrumpido por una reconocida economista, buena conocedora de nuestro país, quien indicó: “No se equivoquen, Costa Rica es diferente. Ahí la educación y la medicina cubren a la población, y no se adoptó la solución chilena para la seguridad social sino un modelo multipilar”.

Esa anécdota me obligó a reanudar una vieja reflexión: ¿Qué hizo diferente a Costa Rica? ¿Qué debemos hacer para fortalecer nuestras ventajas?

Hace ya más de 30 años, en Al Progreso por la Libertad postulé que la diferencia surgía de la capacidad previsora y el accionar unidos. Gracias a ellos pudimos adelantarnos décadas a naciones más letradas y ricas en integrarnos al mercado internacional del café. Por previsión y unión logramos -partiendo de ser la más pobre de las provincias de la Capitanía de Guatemala- situarnos a finales del siglo XIX entre las naciones de Latinoamérica con mejores niveles de educación y de salud. Pudimos desde ese siglo antepasado empezar a construir nuestra democracia y nuestro estado de derecho que se consolidaron en la primera mitad del siglo XX. En medio del fragor de la II Guerra Mundial se hizo la gran reforma social, gracias a previsión y unidad. Por esas virtudes, terminada la conflagración de 1948 pudieron nuestros padres fortalecer la acción estatal promotora del desarrollo. Por esa misma causa, durante la segunda mitad del siglo XX las administraciones se alternaron unas en fortalecer el estado, otras en fortalecer la sociedad civil. De esa manera estado y sociedad fueron capaces de limitarse mutuamente, y avanzar en bienestar fortaleciendo una democracia y una economía inclusivas, tal como lo consideran necesario Daron Aemoglu y James Robinson en su muy reciente obra EL ESTRECHO CORREDOR: ESTADOS, SOCIEDADES Y EL DESTINO DE LA LIBERTAD.

Cuando fui electo Presidente de la Asamblea Legislativa en 1991 lleno de optimismo señalé que esa SOLUCIÓN COSTARRICENSE seguía siendo el camino para el progreso compartido, en libertad y con fraternidad.

Pero esa marcha constructora de libertad y progreso tuvo un quiebre a mediados de los noventas cuando la oposición impidió a la Administración Calderón Fournier continuar la profundización de las reformas posteriores a la crisis de deuda externa, impidiendo la aprobación del PAE 3. Se actuó en forma contraria al apoyo dado a esa oposición del 90-94 cuando era gobierno en 82-90.

Entendí entonces que era necesario un cambio para volver a actuar de manera previsora y unida. Por eso centré los esfuerzos políticos, camino a la elección de 1998, en construir un gran acuerdo interno en mi partido con la participación de decenas de miles de costarricenses para elaborar la CARTA SOCIAL CRISTIANA A COSTA RICA. Plasmamos luego los instrumentos y procedimientos de acción en el programa de Gobierno SOLUCIONES PARA EL FUTURO y en reuniones sectoriales de campaña sembramos las bases que me permitieron al día siguiente de mi elección convocar, al pie del Monumento Nacional, LA CONCERTACIÓN NACIONAL.

En esos documentos planteamos soluciones para las pensiones, la capitalización de los trabajadores, el bajo ahorro nacional y los problemas, injusticias y contradicciones del régimen de cesantía. Esos temas por muchas décadas habían burlado la capacidad costarricense para atenderlos. Además, el envejecimiento de la población y las condiciones financieras del sistema de pensiones hacían más urgente resolverlos.

Por eso a la Concertación Nacional le plateamos soluciones para esos temas, que con la colaboración de Joseph Stiglitz y Alberto Trejos habíamos logrado plasmar en una misma propuesta.

No fue fácil lograr el acuerdo de sindicalistas, solidaristas, cooperativistas, patronos grandes, medianos y pequeños con las propuestas de los técnicos. Pero se logró.

Así se construyó, con previsión y con unión de buenas voluntades y esfuerzos, la Ley de Protección al Trabajador.

Esta ley no es un simple sistema de ahorro. Es parte fundamental de la seguridad social que nos hace diferentes y ha contribuido al progreso.

Es de enorme importancia proteger y perfeccionar la seguridad social con miras a cerrar brechas que perjudican a los más pobres y necesitados y no actuar hoy en perjuicio del futuro bienestar. Debemos preservar y fortalecer el legado recibido y nunca destruirlo para satisfacer beneficios perecederos presentes, aunque hacerlo nos pudiera deparar beneficios políticos inmediatos.

La Ley de Protección al Trabajador es el aporte previsor de una sociedad unida para proteger a los trabajadores en su vejez; para impedir que los acelerados cambios demográficos que vivimos dejen a los y las ancianas en la pobreza por carecer de protección en su retiro; es una manera de fortalecer la capacidad de ahorro nacional que es necesaria para nuestro crecimiento; es la manera de evitar los conflictos, las injusticias y las frustraciones laborales que abundaban por el sistema de cesantía; es convertir el derecho de cesantía en real y permanente, sin limite de 8 años y sin que se pierda porque el trabajador cambie voluntariamente su empleo.

Es -y debe seguir siendo- un mecanismo que impide a los gobiernos, a la CCSS y a la Asamblea Legislativa apoderarse de los recursos de los trabajadores que para eso los tienen a su nombre en cuentas individualizadas en la Operadora de Pensiones de su libre escogencia.

Pero esta última conveniencia ha sido puesta a prueba en los últimos años.

Primero fue una dependencia de la propia CCSS que increíblemente se permitió proponer que los fondos de los trabajadores en sus cuentas individuales -que solo se pueden utilizar en favor de cada trabajador de las maneras establecidas en la Ley de Protección al Trabajador- se trasladasen a propiedad de la CCSS para financiar el régimen de IVM, que las propias dependencias de esa institución habían negado por años que estuviese en peligro. Parecía imposible que una dependencia de la CCSS no supiera que el ROP tiene como finalidad complementar las pensiones de IVM y que puede significar un 20% del salario de cálculo de la pensión, o sea tanto como una tercera parte de la pensión de quien se jubile con IVM. Como lo dije entonces “De nada sirve desvestir un santo para medio tapar a otro con ropa ajena”

Después vino el proyecto para entregar, a la hora de su jubilación, de golpe los recursos del ROP que estén en la cuenta del trabajador, eliminando este pilar del sistema de pensiones.

En su versión actual permitiría a quien se pensiona pedir que se calcule su pensión para que lo cubra durante los años de su esperanza de vida. Esta sería una modificación inconveniente pues aproximadamente la mitad de las personas sobrepasan la expectativa de vida que tienen a la edad de su retiro, y quedarían sin este ingreso cuando estén más viejas y necesitadas. Otra mitad muere antes de alcanzar esa expectativa de vida. Lo considero un mal menor ante la posibilidad de una reforma que en la práctica acabe con esta pensión complementaria, que cada día es más necesaria frente a la disminución que se viene produciendo y se seguirá dando en el porcentaje de pensión de IVM. Es un mal menor pues todas las personas -incluso quienes opten por esta alternativa- disfrutarían de una buena pensión hasta la edad de su expectativa de vida, y la mitad de los que opten por esta pensión la disfrutarían completa pues morirían antes de alcanzarla. Solo la mitad de los que escojan esa alternativa dejarían de gozar de la pensión complementaria al llegar a la vida esperada. Por estas muy negativas consecuencias esta alternativa no es opción, que yo sepa, en ningún país, sin que al menos se acompañe por un seguro de longevidad para proteger a las personas que superen su expectativa de vida condicional

Pero ese proyecto no evita el mal mayor, pues incluye un transitorio que permitiría a los beneficiarios retirar la totalidad de los recursos para su pensión al momento de pensionarse. Lo hace con la justificación de que el retiro de la totalidad del fondo sería por un período hasta 2023. Esto prácticamente terminaría con el ROP durante ese período.

Esa transitoriedad es ficticia, se convertiría en permanente y acabaría con el ROP permanentemente. Si por la preferencia que tenemos las personas por un pequeño beneficio presente ante un grave perjuicio futuro, hoy es políticamente oportuno promover esa reforma, más lo será en el futuro con el portillo abierto y el camino ya transitado.

La sicología, la economía, la historia repetidamente lo comprueban. Las personas preferimos un pequeño beneficio presente que un gran beneficio futuro. Si así no fuera no se justificaría la previsión social. Si así no fuera nadie fumaría. Si así no fuera no habría alcohólicos.

Claro que esto produce un beneficio inmediato. A todos nos cae rico un ingreso adicional y siempre tenemos algo agradable en que gastarlo. La experiencia internacional es que cuando esto ha ocurrido la mayor parte de la gente lo retira y lo gasta en un corto período. Pero después del disfrute llega la verdad de una pensión muy reducida, una vejez muy estrecha y acongojada y en muchos casos la pobreza. Hacer posible como una salida el retiro total solo por un período transitorio, es engañarse pues es una invitación a la permanencia de esta transitoriedad.

Finalmente, un proyecto referido al FCL propone que las personas puedan retirar la totalidad de esos recursos por una sola vez en cualquier momento para reactivar la economía. El costo es que se erosiona la pensión futura pues la mitad de esos recursos están destinados al ROP, y además si el trabajador pierde su empleo recibirá una menor cesantía y tendrá menos recursos durante su desempleo, que es cuando más los necesita. Y bien sabemos y mucho nos duele el elevadísimo nivel de la desocupación.

Algunos pueden pensar que con estos atentados contra la seguridad social al menos se logra acelerar el crecimiento económico incrementando la demanda actual. Pero eso es falso. Uno de los principales determinantes del crecimiento es el nivel del ahorro nacional. Estas medidas además de sus perjuicios a la justicia social disminuirían el ahorro y por ende nuestro desarrollo, que más bien demanda estímulos para aumentar el ahorro nacional.

Además, las operadoras de pensiones para pagar los retiros deberán, si se aprueban estas iniciativas, en muy pocos años liquidar cientos de miles de millones de colones de bonos del gobierno. Esto bajaría su precio, aumentando el peso de los intereses sobre el déficit fiscal, e incluso podría por la fragilidad fiscal provocar un contagio financiero. El gobierno está pidiendo autorización de emitir bonos de deuda externa. Si se dan estas reformas, con ese nuevo endeudamiento externo deberá el gobierno sustituir los bonos que liquidarán las operadoras de pensiones. Al final de cuentas se estarían emitiendo eurobonos para facilitar recursos a quienes ponen en riesgo su bienestar en la vejez. Espero que el BCCR, CONASSIF, SUPEN y el Ministerio de Hacienda alerten sobre estos costos al gobierno y a la Asamblea Legislativa.

Yo entiendo que la responsabilidad de los gobernantes es actuar impidiendo abrir brechas contra los débiles y los pobres, aunque los pueblos se rindan ante la preferencia que todos tenemos por lo inmediato. Esa responsabilidad es aún mayor cuando se tiene el objetivo de cerrar brechas. En el diseño de nuestra institucionalidad deben las autoridades actuar igual que como lo deben hacer en el uso de los recursos naturales, sin perjudicar el bienestar de las generaciones futuras.

Eso no se logra convocando a sesiones extraordinarias proyectos como estos que dañan seriamente el bienestar de los pensionados del futuro, en especial de los más pobres. Se actúa en contra de la justicia social cuando se retira de sesiones extraordinarias un proyecto que la hiere gravemente para que no venza su período de trámite, y se lo convoca de nuevo para que cumpla con su dañino propósito. Hacerlo daña la seguridad social que con miles de esfuerzos venimos tratando de construir desde la gran Reforma Social del Presidente Dr. Calderón Guardia hace ya casi 80 años. Esa es una responsabilidad histórica que las autoridades deben evaluar.

Si ese no fuera el caso, ¿por qué no cerrar la CCSS, repartir sus reservas, y así engrosar las arcas de patronos y trabajadores? Además de lo que se recibiría en efectivo, los patronos ahorrarían una sétima parte del costo de sus planillas, y los trabajadores tendrían todo un mes de salario adicional al año para su personal disposición. No se cierra la CCSS aunque muchos se alegrarían de recibir esos recursos, porque debemos ocuparnos por los trabajadores y su familia cuando están enfermos, y por su bienestar cuando deban dejar de trabajar. Me pueden decir que es absurdo pensar en cerrar la CCSS. Y tienen razón ¿Entonces cómo pueden pretender acabar con el pilar del ROP que viene a dar soporte al pilar de IVM?

No fue fácil efectuar la reforma social, y muchos se opusieron con los mismos argumentos con los que ahora pretenden destruir el ROP y el FCL y romper la seguridad social.

Claro que hay reformas que se deben hacer para fortalecer nuestra seguridad social. El régimen de IVM requiere ser equilibrado, tomando en cuenta ajustes graduales, complementando sus beneficios con los que aportará el ROP y con recursos que no recaigan sobre la planilla. Se debe fortalecer el pilar de pura solidaridad, el régimen de pensiones no contributivas, y evolucionar hacia una pensión universal básica. Es conveniente destinar al ROP paulatinamente y una vez que la economía se recupere, montos que lo fortalezcan, como lo he propuesto. Estas transformaciones sí cierran brechas y mejoran el bienestar de las generaciones futuras. Pero ante los enormes peligros que amenazan la seguridad social, este es tema para otra ocasión.

Los fondos establecidos por la Ley de Protección al Trabajador son parte del sistema de seguridad social que surge para proteger a los trabajadores de los infortunios que produce la incapacidad de ganarse la vida con el sudor de su frente. La seguridad social es en las sociedades modernas la herramienta más importante para alcanzar justicia social. Por eso es tarea de todos, pero especial responsabilidad de los gobernantes, proteger y perfeccionar este tesoro que nos hace diferentes y más resilientes frente a las fragilidades que nos amenazan gravemente.

Yo defenderé con todo mi vigor las conquistas costarricenses que nos diferencian y fortalecen. Pero ya tengo 80 años.

En esta celebración de los 20 años de la ley de Protección al Trabajador con respeto los convoco a ustedes, a las autoridades del ejecutivo y del legislativo y a todos los costarricenses a seguir siendo previsores y actuar unidos en favor de la justicia social. No permitamos que intereses electoreros transitorios destruyan nuestra seguridad social.

Es responsabilidad de todos impedirlo.