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Este artículo fue publicado en La República del 26 de agosto de 2010
 
 Frustrado por problemas de mantenimiento vial, y otros, que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes no ha atendido, don Alberto Cañas (Chisporroteos, 4-8-10) atribuye la culpa a mi administración por haber impulsado la concesión de obra pública, la cual nada tiene que ver con mantenimiento vial. Dada su excesiva ideologización, y por respeto a la historia y a los hechos, estoy obligado a recordar algunas realidades.

En los años 50 el MOPT empezó una nueva etapa. Se nutrió de una excelente camada de profesionales que salían de la Universidad de Costa Rica recién establecida, y los gobiernos lo dotaron de recursos financieros para atender necesidades de transporte en sus distintas modalidades.

El impulso a la infraestructura creó una industria de la construcción, constituida por empresas constructoras y consultoras. El volumen de trabajo era tal que hacía impensable que el MOPT lo asumiera bajo su administración directa. Eso sí, el MOPT tenía recursos técnicos y profesionales que garantizaban la calidad de los contratos
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La crisis económica de principios de los 80 truncó ese rumbo. Las familias pobres casi sobrepasaron el 50%. De 1979 a 1981 el desempleo aumentó 79,3% y la inflación fue de 94,5%. Tardamos hasta 1993 para recuperar el nivel de ingreso y al desaparecer el financiamiento externo para atender los graves déficits fiscales que se habían generado, eran limitados los recursos para inversión.

Ante la falta de recursos, la mayoría de buenos y experimentados profesionales abandonó el MOPT. Las mismas constructoras sufrieron un fuerte deterioro y algunas cerraron.

Esa es la causa del deterioro de la red vial. Los dineros escaseaban aun para dar mantenimiento a las carreteras y caminos. Con el paso de los años envejeció una red vial de más de 35.000 kms que amenazaba con desaparecer, porque ni siquiera se tapaban los huecos. En 1998 el MOPT estaba tan destruido como la red vial.

Don Alberto confunde lamentablemente la ley de concesiones para construir obras nuevas, con la creación de CONAVI y el establecimiento de un sistema de licitaciones para el mantenimiento vial. Ambos instrumentos fueron puestos en ejecución durante mi administración, bajo el liderazgo de don Rodolfo Méndez, pero atienden cosas distintas.

Por un lado, se tuvo el acierto y la responsabilidad de crear un fondo de mantenimiento de la red vial nacional, de 7.000 Kms de longitud, con un impuesto a los combustibles.

Este fondo es de solo $200 millones anuales y alcanza para mantener esa red vial y además construir o mejorar algunos proyectos.

Así se contuvo el sangrado de la red vial nacional y ahora, si aparecen huecos o hay fallas sin atender, es responsabilidad de la administración como ocurre hoy día por atraso injustificable  en la adjudicación de contratos.

Ese fondo contemplaba además fortalecer la estructura del MOPT. Si después se ha logrado o no ese propósito, es otra cosa.

Modernizar la red vial demanda invertir $10.000 millones. Si no se tiene ese dinero, de nada sirve soñar que el MOPT puede realizar por cuenta propia los trabajos.

Por otro lado, solo unos pocos proyectos viales pueden darse en concesión para llenar el vacío de recursos públicos. Ciertamente, la administración ha sido incapaz de manejar correctamente los proyectos ejecutados bajo esta modalidad.

Pero si una organización no puede ni fiscalizar correctamente la ejecución de una obra, difícilmente podrá construirla en forma directa.

Estos son los hechos, no lo que los prejuicios del señor Cañas le hacen suponer.