ALTERNATIVAS

Miguel Ángel Rodríguez E.

Dr. Miguel Angel Rodriguez EcheverriaLa eliminación del ejército y la fusión de militares con policías pudo realizarse durante casi 5 décadas sin peligro de instaurar una fuerza armada que pudiese enfrentar al poder civil. Eso se logró por la facultad constitucional del presidente y el ministro de nombrar y remover a las personas que ocuparan esas posiciones sin ningún requisito que los limitara. Como a partir de 1949 la sucesión presidencial se produjo con el triunfo de la oposición -salvo en dos ocasiones- se dio que periódicamente cambiara casi la totalidad de los integrantes de las fuerzas policiales, no solo en sus altos mandos, sino también en la tropa.

El costo de esa institucionalidad fue una fuerza policial poco preparada para enfrentar el crimen organizado, que nos llegó con el narcotráfico internacional y nuestra ubicación geográfica como país de tránsito. Ya no se trataba de enfrentar al pequeño “ratero” o de atender las consecuencias de las grescas provocadas por líos pasionales y/o la ingesta de licor los días de pago.

La tecnificación y la internacionalización de la delincuencia hicieron que los cuerpos policiales perdieran prestigio y evidenciaron los enormes peligros de mantener ese estado de cosas.

Por eso cuando fui diputado impulsé una comisión mixta para estudiar la profesionalización de la policía. Fruto de esa comisión, y con el apoyo de los diputados del partido que entonces yo lideraba, se aprobó la Ley General de Policía a los pocos días de iniciado el gobierno de don José María Figueres.

 De presidente trabajé para rescatar la dignidad de esos generosos y valientes servidores de la seguridad ciudadana y recuerdo con satisfacción la emisión y puesta en práctica de la Ley de Policía Civilista para migrar a una cultura policial. De ahí surgió UNA NUEVA GENERACIÓN DE POLICÍAS. Veinte años después deben preocuparnos dos cosas: el recto comportamiento de los integrantes de la policía que en las circunstancias actuales están sometidos a la tentación de ofertas millonarias del crimen organizado para que se perviertan (incluso en ocasiones recibiendo como oferta alternativa la amenaza de muerte personal o de un familiar) y la necesidad imperiosa de que siempre estén sometidos a la autoridad civil.

El artículo 12 de la Constitución consagra el sometimiento de las fuerzas policiales al poder civil e indica que “no podrán deliberar ni hacer manifestaciones o declaraciones en forma individual o colectiva”.

El artículo 3 de la Ley General de Policía establece: “Las fuerzas encargadas de la seguridad pública tendrán carácter eminentemente policial y estarán subordinadas al poder civil. El armamento y la organización de estas fuerzas serán los propios y adecuados para el buen desempeño de la función policial. Sus miembros deberán abstenerse de deliberar o manifestar proclamas al margen de la autoridad civil de la cual dependen.”

Mantener la sujeción de la policía al poder civil es esencial para preservar nuestra democracia, y luchar contra la corrupción de los cuerpos policiales es una de las tareas de mayor importancia para la seguridad ciudadana ante el crecimiento en el poder de las mafias delincuenciales.
Para ello se requiere que el presidente y su ministro puedan, con la urgencia que se amerita, separar de sus cargos a quienes violen ese artículo 3 o a quienes con sus actuaciones atenten contra la integridad ética de la fuerza policial.

La resolución 000091-F~Sl-2019 del Tribunal de Casación de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda del veinticinco de junio de dos mil diecinueve aplicó la legislación vigente y limitó esa potestad.


Por ello reviste gran importancia legislar para establecer una vía expedita que, salvaguardando los derechos laborales de los policías y la profesionalización de esos servicios, permita un pronto despido de funcionarios policiales que comprometan la sujeción de esos cuerpos al poder civil o su integridad ética. En esa normativa se debe establecer normas para asegurar el recto comportamiento de los policías: declaraciones de bienes, sometimiento a pruebas antidopaje y a detector de mentiras.
El ministro de Seguridad Pública y la Asamblea Legislativa deberían acometer esa tarea.

Miguel Angel Rodríguez

Ex Presidente de la República

Fecha de publicación: 9-Noviembre-2020

Fuente: diarioextra.com


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